Unos 23 alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) debaten esta mañana en la sede de la Asociación de Alcaldes, en Puerta de Tierra, sobre el proyecto legislativo presentado por el Ejecutivo para reformar el sistema contributivo del país con el fin de definir cuál va a ser su postura institucional en torno a la medida.

El cónclave, citado para las 10:00 a.m., comenzó cerca de una hora más tarde, con una breve introducción del tema que discutirían sobre la mesa, seguida por una exposición del secretario de Hacienda y principal portavoz de la reforma, Juan Zaragoza.

El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, uno de los más críticos del proyecto, no llegó a la reunión, sino que envió a una persona en su representación.

Sí estaban la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y el alcalde de Carolina, José Aponte Dalmau, quienes ya han expresado su oposición.

Aponte Dalmau anticipó que establecería que el proyecto, tal y cual está redactado, no debe ser aprobado.

“Esto es una reforma que el pueblo no quiere y las agencias reguladoras ya se han expresado en contra de esto. ¿Cómo Puerto Rico, si siguen degradando nuestro crédito, vamos a poder vender nuestros bonos en el exterior con una degradación tras otra?”, cuestionó.

Insistió en que el gobierno debe reducir sus costos operacionales.

La reunión tiene como objetivo establecer la posición institucional de la organización que agrupa a los ejecutivos municipales en torno a la medida, según indicó su presidente, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz.

“Para eso, vamos a abrir un foro institucional en el que cada parte expondrá sus argumentos en favor o en contra del proyecto, así como sus aspiraciones sobre lo que debe o no contener el proyecto”, manifestó Ortiz previo al inicio de la asamblea.

Ortiz indicó que ya los alcaldes y sus asesores han leído la medida y que entre las recomendaciones que se han planteado informalmente se incluyen que el ingreso sea periódico, fiscalizable y que tiene que haber certeza en su recibo.

“En principio, yo creo que el proyecto es bueno para Puerto Rico, le hace justicia a la clase trabajadora, hace que entre al sistema tributario del país ingresos que ahora mismo no están entrando y forman parte de la economía subterránea y, una vez concretizados los reembolsos, le da ingresos adicionales a la familia puertorriqueña y la facultad de escoger cómo gasta esos ingresos”, postuló el presidente de la Asociación.

Coincidió con él el alcalde de Coamo y hermano del gobernador, Juan Carlos García Padilla. Dijo que apoya el esfuerzo de reforma “siempre y cuando estén garantizados a través de una fórmula los ingresos a los municipios”.

“El IVU es injusto para los municipios pequeños. El IVU fue favorable para los municipios grandes e injusto para los pequeños, aún con una fórmula de repartición para los pequeños. Yo creo que mantener el IVU es seguir siendo injusto y los municipios que no tienen conglomerados grandes de consumo”, añadió sobre la sustitución del IVU por un Impuesto al Valor Agragado (IVA).

Se anticipa que la discusión continúe hasta entrada la tarde.