Los integrantes de la Federación de Alcaldes tomarán la calle para protestar la inminente eliminación del Fondo de Equiparación y la obligación de parte de la Junta de Supervisión Fiscal de que los municipios aporten cerca de $165 millones anuales para sufragar el costo del plan de salud Vital.

“En las próximas semanas estará la Federación de Alcaldes en la calle defendiendo los empleos, los empleados municipales, defendiendo a todos y cada uno de nuestros constituyentes que día a día van a buscar los diferentes servicios al gobierno municipal. Somos el ente que damos mantenimiento a las carreteras estatales y municipales, el desyerbo, el recogido de basura, que estamos ahí en caso de un huracán. Los gobiernos municipales son los primeros que están en la línea de batalla a favor del pueblo y nosotros nos vamos a dejar sentir”, adelantó a Primera Hora el presidente de la Federación, Gabriel Hernández.

La manifestación es una de las estrategias que nació de una resolución aprobada unánimemente durante la reunión mensual de los alcaldes afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP) que se celebró esta mañana en Cataño. La medida tiene como propósito rechazar las acciones del ente financiero. Fue por esto que el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, sugirió que se efectuara la protesta.

“Los 37 municipios (federados) nos vamos a comunicar con los alcaldes interinos para que también participen de esta marcha que será en el mes de junio para levantar la voz en contra de la Junta de Control Fiscal en estas medidas que realmente no abonan nada a lo que es la Ley PROMESA y a lo que es la quiebra de Puerto Rico, porque ya se negoció con los acreedores, ya hay una cantidad que tiene que pagar el gobierno de Puerto Rico y también se establecieron los planes de pago. Así que, es un asunto de política pública y quien establece la política pública en el gobierno democrático de Puerto Rico es el señor (gobernador) Pedro Pierluisi y por eso fue que aprobamos esa resolución también, rechazando la postura de la Junta de Control Fiscal”, expresó Hernández.

El también alcalde de Camuy especificó que, a pesar de que aún no hay una fecha exacta para la manifestación, se llevará a cabo en junio y antes de que finalice el año fiscal a finales de ese mes. Previo a marchar, también se invitará a los integrantes de la Asociación de Alcaldes, compuesto de alcaldes populares.

“En cuestión de estrategia, vamos a paralizar todos los municipios de Puerto Rico y vamos a estar marchando”, aseguró.

Según Hernández, la determinación de la Junta de que los ayuntamientos aporten al plan de salud Vital “no tiene ningún fundamento jurídico”, ya que la mayoría de los municipios aportan mediante la operación y manejo de Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), así como centros de urgencia y hospitales. Además, señaló que la Ley 3-2003 eximió a los municipios que operaban instalaciones de salud a tener que aportar a la tarjeta de salud.

“En el 2013, el Tribunal Supremo en el caso de Municipio de Añasco v. ASES 2013 TSPR 40, determinó que la responsabilidad del sustento de la salud le corresponde constitucionalmente al Departamento de Salud y no a los municipios. A tales fines, y luego de muchos esfuerzos, por la Asamblea Legislativa, el Gobierno Central, la Federación y Asociación de Alcaldes logramos la aprobación de la Ley 29-2019, la cual logró la eliminación total de dicha aportación”, resaltó en declaraciones escritas.

Desde el 2017, el pote del Fondo de Equiparación, administrado por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y compartido entre los pueblos, ha flaqueado continuamente. De acuerdo al nuevo Plan Fiscal, este Fondo podría reducirse de los $88 millones actuales a $44 millones para los años fiscales 2022 y 2023, hasta desaparecer para el año fiscal 2025.

Por otra parte, la Junta de Supervisión Fiscal rechazó el presupuesto recomendado por la administración del gobernador Pedro Pierluisi de cara al próximo año fiscal por presuntas contradicciones a la ley federal PROMESA, pues la brecha del presupuesto que propuso presuntamente era de $100 millones.

Sin esta aportación monetaria, una veintena de municipios quedarán inoperantes. Por su parte, Hernández resaltó que tendrá que despedir a más de 200 de sus 300 empleados municipales. Asimismo, tendrá una reducción de aproximadamente $4 millones de su presupuesto, que regularmente ronda en los $9.5 millones.

Por lo tanto, la resolución aprobada por la Federación autorizará a Hernández a “tomar todas las medidas necesarias ante la Junta de Supervisión Fiscal, el gobierno central, foros federales, el Congreso de los Estados Unidos y cualesquiera foros disponibles”.

“Si tenemos que llegar al Congreso a reunirnos con los diferentes congresistas, tanto en Cámara y Senado, para que, de una vez del Congreso federal de una vez y por todas le pueda frenar la Junta. Hay un proyecto ahora mismo vivo en el gobierno federal, en el Congreso, quitándole algún tipo de autoridad a la Junta de Control Fiscal, recortando sus poderes, y nosotros lo vamos a estar avalando y vamos a estar implicando el Congreso cuál ha sido el comportamiento de una Junta de Control Fiscal que lo que ha venido a Puerto Rico en el caso de los municipios es a convertir a los puertorriqueños más pobres”, detalló.

“(Que la Junta) reaccione (y) que pueden ser justos al momento de evaluar. Los gobiernos municipales no decidieron otorgar un plan médico a los ciudadanos que viven en Puerto Rico. Eso es un asunto de política pública de gobierno estatal y ¿por qué nosotros los municipios tenemos que resolver ese costo? Cuando vamos a retiro, ¿por qué nosotros tenemos que cubrir las aportaciones del retiro que el propio gobierno en las pasadas administraciones llevó esos dineros al mercado y no le fue exitoso y la Junta de Retiro quebró y ahora nosotros tenemos que aportar para poder pagar esas pensiones? Eso es responsabilidad del Estado. Nosotros no estamos pidiendo nada que no sea que no nos pongan a pagar responsabilidades que le corresponden al Estado, que nos dejen a nosotros administrar nuestro presupuesto a base de lo que nosotros recaudamos y eso lo podemos lograr si el Estado no entra en imponernos mecanismos de cobro de ASES, de Pay As You Go”, agregó.