La Federación de Alcaldes de Puerto Rico (FAPR) llevó a cabo su reunión mensual, donde discutieron varios asuntos de relevancia, entre los que se destacan los proyectos de recuperación que aún están estancados por la inflación, así como la necesidad de la aprobación de $150 millones en fondos para que los municipios puedan mantener los servicios esenciales a la ciudadanía.

Con una asistencia de 25 miembros federados, la reunión celebrada en Aguas Buenas contó con la participación del director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3), Manuel Laboy, así como con el subdirector de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, (FEMA, en inglés), Andrés García. Ambos funcionarios escucharon las peticiones de los alcaldes con relación a los “small projects”, los que se han visto impactados por el aumento en el costo de los materiales de construcción.

“Le expresamos la preocupación de que todavía FEMA no ha tomado la decisión sobre los ‘small projects’ que tienen un incremento por el impacto de la inflación en Puerto Rico y, por lo tanto, estos proyectos no se pueden realizar, porque no contamos con los fondos para completarlos”, expresó el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, primer ejecutivo municipal de Camuy.

Según el presidente federativo, “tenemos esa problemática en más de 60 municipios, tanto federados como asociados. (Los proyectos pequeños) están estancados en la mayoría de los municipios porque no tienen los fondos suficientes, porque las subastas están viniendo por encima a lo estimado por FEMA en el 2017. Municipios que no tengan superávit, no tiene el dinero para parear ese costo de inflación”, acotó el alcalde de Camuy.

Otro de los asuntos que la FAPR expuso ante COR3 y FEMA es la necesidad de buscar alternativas para que los municipios no tengan que parear el “Co-Share”, que es el 10% de las reclamaciones de los daños del huracán Fiona.

“Esa porción había sido cubierta en el pasado con fondos CDBG cuando fue el huracán Irma y María. Le solicitamos tanto a COR3 como a FEMA que tiene que buscar mecanismos, porque los municipios no cuentan con ese 10% de ‘Co-Share’. Ya se le hizo la petición y lo que estamos esperando es que el gobierno federal asigne fondos CDBG para cubrir ese 10%”, indicó Hernández.

Así también la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez, se dio cita en la reunión y los alcaldes expusieron la problemática del centenar de reclamaciones por los daños en las vías de rodaje del País.

“Tocamos el tema de la recuperación, de las reclamaciones porque hay sobre 500 reclamaciones de carreteras a nivel de todo Puerto Rico, como derrumbes, colapso de carreteras, puentes. Nos dieron detalles de dónde está cada una de ellas. Ahora mismo todas las reclamaciones están en el proceso de documentación para poder obligarlas con FEMA”, dijo Hernández.

Además, el grupo de alcaldes repasó con la secretaria del DTOP los acuerdos colaborativos de mantenimiento de carreteras y áreas verdes, y le solicitaron que se aumenten los fondos para esos fines.

“Es la primera vez en la historia que un gobierno, gracias al gobernador Pierluisi, les asigna un dinero a los municipios para el mantenimiento de carreteras. Ella (Vélez) nos dice que, para poderlo incrementar, tiene que ir a la Junta de Control Fiscal para poder tener la aprobación”, mencionó el presidente federativo.

Por otra parte, el secretario de Estado y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Omar Marrero, presentó al grupo de alcaldes unas enmiendas al plan fiscal que buscan atender el problema de la falta de fondos para servicios esenciales.

“Ya esta propuesta de parte del gobernador y su equipo fue sometida a la Junta de Control Fiscal, donde se estarían garantizando $150 millones para los servicios esenciales en cada uno de los 78 municipios”, señaló el presidente de la FAPR.

Mientras que en la reunión también se discutieron algunos proyectos de la Asamblea Legislativa que esperan impactar la salud fiscal de los municipios, como es el caso de los impuestos de las ventas por internet.

“Hablamos de COFIN, que es la entidad que distribuye lo que es el IVU municipal por las ventas por internet. Ese reglamento está ahora mismo en revisión. Designamos un comité de siete compañeros alcaldes para que se reúnan con el secretario de Hacienda y el secretario de Estado para poder presentarlo a la junta de COFIN, y si tenemos que llevarlo a legislación, pues trabajarlo con legislación. El fin es que lleguen esos recaudos a los municipios porque ahora hay un issue de unas porciones de las ventas por internet que no se pueden definir a qué municipio le corresponde y tenemos que definirlo en un reglamento”, concluyó Hernández.