Alcaldes de todas las regiones del país urgen a la gobernadora Wanda Vázquez Garced a revertir algunas medidas de la orden ejecutiva impuesta para prevenir la desaceleración de casos de COVID-19 Puerto Rico, ante la preocupante realidad de que muchos municipios confrontan problemas de brotes de la enfermedad en sus jurisdicciones.

En Camuy, por ejemplo, el alcalde Gabriel “Gaby” Hernández relató a Primera Hora notablemente angustiado que en cuestión de 96 horas su municipio vio cambio drástico de escenario luego que se originara un brote de nueve contagios que, aparentemente, inició en un funeral y una actividad privada. La situación hasta ayer había provocado la muerte de dos pacientes y el ingreso al hospital de otro par de individuos en las últimas 72 horas.

Ante lo acontecido el alcalde se comunicó con la epidemióloga Fabiola Cruz, coordinadora de los sistemas de vigilancia en los municipios y el Departamento de Salud, para que comenzara un proceso de rastreo de contactos y contención del virus en el pueblo.

“Vamos a realizar pruebas masivas en los seis barrios donde entendemos que hay los mayores casos para comenzar a descartar nuevos contagios en nuestros residentes. Se llevará a cabo a manera de servicarro, empezando el miércoles”, indicó.

Simultáneamente, el alcalde firmó una orden ejecutiva con medidas más rigurosas a las establecidas por el gobierno.

“Definitivamente tenemos que tomar acción inmediata y eso es lo que estamos haciendo, el cierre de este domingo y la implementación de un horario de operaciones hasta las 7:00 de la noche en establecimientos comerciales, son unas de las medidas que entendemos necesarias para continuar dando esta batalla”, expresó el alcalde.

Mientras tanto el 1 de julio los contagios confirmados de COVID-19 en Cabo Rojo sumaban 25 casos, una cifra que casi dos semanas después se eleva a 45, incluyendo un brote -al momento con seis pacientes- originado en una cooperativa del pueblo costero.

Así lo informó a Primera Hora el alcalde del municipio, Roberto “Bobby” Ramírez, quien con desesperanza vaticina que el alza en casos confirmados por prueba molecular aumentará “mucho más a partir de esta semana cuando empecemos a ver el efecto de todo lo que ha pasado del 4 de julio para acá”.

“Lo que de verdad preocupa son esos últimos 15 casos nuevos de la última semana que, de acuerdo a nuestra población, nos coloca en un 14% de tasa de contagios, mientras que en Puerto Rico esa cifra es de 5%… por eso es importante el sistema de rastreo de contactos que hace nuestro equipo a través del epidemiólogo Luis Manuel Santiago. Hay que buscar la forma de localizarlos y detener esas cadenas de transmisión”, indicó.

Expresó que la investigación del equipo epidemiológico concluye que las infecciones actuales se originaron en fiestas familiares el Día de Padres. “Tenemos unos casos identificados en esos juntes de esos días. Ya luego nos salió lo de la Cooperativa que ellos mismos lo anunciaron al público general. Entonces cuando advinimos en conocimiento iniciamos el rastreo de contacto y comunicación con ellos y al momento se han identificado seis casos positivos a raíz de esa situación”, determinó.

El caso reportado por el alcalde ocurrió la semana pasada en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo y fue informado a la ciudadanía mediante un vídeo a través de la red social Facebook por el director ejecutivo de la institución, Kervin Morales.

Ramírez dijo que de cara al futuro lo que tiene sumido al equipo de vigilancia en una constante preocupación son los juntes que se propician los fines de semana en los llamados chinchorros o bares donde se expiden bebidas alcohólicas.

“Lo que ha ocurrido con la gente es que vienen a visitarnos y nos ocupa mucho esa situación porque se ponen a beber y no mantienen las medidas de precaución y seguridad. Eso es algo que el gobierno debería observar. También están las casas de renta y en Cabo Rojo hay muchísimas. Antes de la pandemia habíamos contabilizado 1,198 casas registradas en Airbnb y en ‘home away’. Las hospederías grandes están cumpliendo con los requisitos impuestos por la Compañía de Turismo pero en estos sitios nadie supervisa. Hay gente que alquila apartamentos y meten 20 y 30 personas en un solo lugar. Y esto ocurre sin mascarillas ni distanciamiento físico”, acotó al sugerir que deben haber medidas más restrictivas para estas hospederías de corto plazo.

Al cierre de esta edición, trascendió que un restaurante Mc Donalds del municipio tuvo que suspender operaciones luego que un empleado arrojara positivo al virus.

En Yauco, el alcalde de Yauco, Ángel Luis “Luigi” Torres, dio un paso alante a los del gobierno y firmó una orden ejecutiva para cerrar a partir desde anoche los negocios que venden bebidas alcohólicas y limitar a servicios de “carry-out” a los restaurantes de su municipio, como una medida cautelar ante un rebrote de casos de COVID-19 que tuvo su génesis en una reunión familiar y del que ya se han identificado al menos 15 personas contagiadas con la enfermedad.

Así lo informó el ejecutivo municipal en entrevista con Primera Hora, al detallar que la orden será efectiva por los próximos 30 días.

“Por recomendación de nuestro epidemiólogo, el doctor Andrés Juliá Beltrán, emitimos una orden ejecutivo donde prohibiremos que abran negocios de bebidas alcohólicas y aquellos negocios que vendan comida, podrán hacerlo exclusivamente para llevar. Además, se prohibirá aglomeración de personas en estacionamientos o áreas circundantes a los negocios… si compra la comida o bebida para llevar no se la puede comer en el estacionamiento. Eso está prohibido”, explicó al advertir que los comerciantes que incumplan se exponen a multas de $1,000 y al cierre de los negocios.

Sostuvo que la orden cancelará también toda actividad deportiva, artística, ciudadana o cívica en el municipio que para el 1 de julio tenía registrado 22 casos y hoy, semana y media después, ese total aumentó a 52. Esto representa más del doble de casos en un periodo de 11 días.

“Mi llamado a la gobernadora es que pueda restituir el toque de queda en horas de la noche… ahí los alcaldes no tenemos facultad en ley para poderlo hacer. Eso ayudaría en lo que son las fiestas familiares que pudieran darse en horarios nocturnos… también sería de ayuda que se promueva legislación estatal para establecer multas a los viajeros que no cumplan con el requisito que tenemos en el municipio de que se hagan la prueba”, solicitó.

De otra parte, el epidemiólogo Juliá Beltrán, explicó que el brote identificado la semana pasada y el cual se originó en una reunión familiar del Día de Padres alcanza, al momento, los 15 contagios confirmados por pruebas moleculares. Las edades de los pacientes fluctúan entre los 2 y 96 años.

“Hemos encontrado casos adicionales en los últimos días gracias a la investigación que hacemos con el rastreo de contactos.

“Del primer caso identificado ya tenemos 15 casos adicionales identificados con pruebas moleculares y una segunda línea de transmisión del virus… se trata de una persona de la familia que visitó un comercio y contagiaron al comerciante. El comerciante, a su vez, contagió a su familia y por ahí vamos en la investigación”, explicó el experto.

En Comerío, el alcalde Josean Santiago, ha tenido que recurrir a la orientación casa por casa -como lo hizo a inicio de la pandemia- ante el alza de casos en su municipio. El 1 de julio Comerío registraba tres casos de COVID-19 y ayer esa cifra se elevaba a 19, lo que es equivalente a un aumento de 600% en menos de dos semanas.

Un equipo epidemiológico liderado por el doctor Víctor Reyes mantienen un sistema de vigilancia y rastreo de contactos que ha identificado líneas de contagios asociados a reuniones familiares -donde se han vinculado siete casos de un mismo núcleo familiar- y la irresponsabilidad de los ciudadanos y comerciantes que no mantienen las reglas de distanciamiento físico y el uso de mascarillas.

“Al ver el aumento en casos desde la semana pasada activamos una promoción a través de altavoces por los barrios. Estuvimos tres días haciendo un llamado de alerta a no bajar la guardia. Además, se comenzó otra ronda de distribución de mascarillas, sanitizer y la entrega de una revista informativa donde incluimos los teléfonos del equipo de trabajo que, de manera confidencial, atiende los casos. También tenemos un centro de aislamiento disponible para que sea utilizado por las personas que no tienen forma de aislarse de otros parientes en sus viviendas. Este es un lugar del que disponemos y es libre de costo”, explicó el alcalde.

El alcalde y el epidemiólogo revelaron que el mayor problema que confrontan con los casos que son reportados como positivos es que los pacientes no quieren tomar las medidas de aislamiento.

“Hemos alertado a Salud para que intervengan porque entendemos que este es un comportamiento casi criminal… son muchos riesgos los que provoca una persona por ahí contagiando a otros familiares o miembros de la comunidad”, dijo el ejecutivo municipal.

“Tenemos también la situación de comerciantes que observamos que no siguen las medidas de toma de temperatura o el uso de mascarillas, aun cuando los hemos visitado para advertirles… creo que el gobierno debe tomar medidas en estos negocios en particular donde se venden bebidas alcohólicas. Estamos atentos a la recomendación que hará la gobernadora pero, honestamente, yo favorecería que fuera más estricta porque lo que se percibe en Comerío es parecido a lo que ocurre en otros lugares del país y todo está relacionado con las áreas donde se consumen bebidas. Los llamados chinchorreos están fuera de control”, agregó.

Mientras, el epidemiólogo indicó que el problema de acceso a información durante los rastreos pudiera estar vinculado a que el virus se ha demonizado al extremo que los afectados tienen miedo a decirlo.

“Esto es como vivir la epidemia del VIH… las víctimas se sienten asechadas, ansiosas, emocionalmente inestables. Y hay que tener cuidado porque no podemos armar una cacería de brujas como ocurrió con el VIH, tenemos que adoptar otras medidas y ser empáticos con estos pacientes sin que caigan en el estigma”, sostuvo el experto al recordar que todo rastreo depende de “la honestidad de las personas”.

Aunque en Vega Baja, el alcalde Marcos Cruz Molina, aun no ha implantado formalmente un sistema de rastreo de contactos de COVID-19, sí se propició realizar pruebas moleculares -sin costo- a la población a raíz del aumento de casos de la enfermedad que ha registrado el municipio en el mes de julio. En dos semanas las cifras se elevaron de 9 a 29 casos confirmados por pruebas diagnósticas.

“Ahora mismo estoy en las facilidades del teatro América realizando las pruebas, en colaboración con la Guardia Nacional, a nuestra gente. A esta hora (media mañana de ayer) se habían atendido 175 ciudadanos. “Seguiremos redoblando esfuerzos porque definitivamente se han disparado los casos. Entiendo que el abrir negocios, las playas y todo eso de momento, agravó la situación… además, estoy preocupado porque los comerciantes no deben permitir personas sin mascarilla en sus negocios y estamos confrontando esos problemas en algunos establecimientos, particularmente en los de bebidas alcohólicas”, explicó.

Al igual que otros jefes de ayuntamiento, Cruz Molina dijo que la Primera Ejecutiva debe evaluar cerrar los bares. “Igualmente, debe vigilarse lo de las playas… la gente no se está poniendo las mascarillas en la playa. Eso ha sido un error garrafal y menos cuando no se nos ha provisto los mecanismos necesarios para garantizar ese distanciamiento físico. Ahora mismo estamos evaluando si comprar unos aros que se ponen en la arena para que la gente guarde distancia. Esto es algo que se está haciendo en Europa, pero el problema es que tardan hasta tres meses en llegar”, indicó.

En Las Marías, el alcalde Edwin Soto, ha notado un alza de casos relacionados a viajeros y, tomando en consideración ese aspecto, solicitó a la gobernadora a tomar “medidas estrictas” con las personas que lleguen de otro país sin un resultado negativo a coronavirus. Los casos confirmados con prueba molecular en este pueblo montañoso aumentaron de siete a 15 en una semana.

“Casi todos nuestros casos tienen que ver con gente que viaja y vienen a visitar a familiares a nuestro pueblo. Vienen a contaminar a las personas. Mi llamado es que la gobernadora tenga más control con los viajeros porque la gente está llegando enferma”, sostuvo al indicar que los casos de su municipio son monitoreados por la epidemióloga Rachel Rodríguez.

Otros jefes de ayuntamiento, como el alcalde de Barranquitas, Elliot Colón Blanco, impusieron medidas más rigurosas a las determinadas por el gobierno central para desacelerar los casos registrados de SARS-CoV-2 en su jurisdicción.

“Durante el pasado fin de semana observé que varios establecimientos comerciales donde se expenden bebidas alcohólicas en Barranquitas incumplieron con las directrices impartidas por la gobernadora de Puerto Rico en sus órdenes ejecutivas. No nos oponemos de ninguna manera a que abran los establecimientos pero debe haber total cumpliendo con las medidas de seguridad y de salubridad que ha impuesto el gobierno “, expresó el ejecutivo municipal.

El alcalde mostró preocupación con el alto número de visitantes a los comercios que se registró el domingo, lo que pudiera resultar en una propagación del COVID-19 en el pueblo que del 1 al 11 de julio reflejó un aumento de 14 a 25 casos confirmados por pruebas PCR.

El alcalde recordó que se prohíbe la aglomeración de personas fuera de los establecimientos. Todos los comercios deben asegurarse de evitar la aglomeración de personas, mantener la distancia requerida de seis (6) pies entre los 10 comensales.

El alcalde adelantó que la policía municipal estará vigilante al cumplimiento de la orden ejecutiva y “de inmediato he impartido instrucciones para que ejerzan una labor proactiva y aseguren el cumplimiento de las directrices establecidas en las órdenes ejecutivas de la Gobernadora. Habremos de multar a aquellos comerciantes que no observen las directrices y se procederá a denunciar las violaciones a la ley”.

De otra parte, en la capital, la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, escribió en sus redes sociales que ha estado observando unos vídeos del Viejo San Juan en el que se muestran turistas y boricuas “irresponsables que no están siguiendo las reglas para mantener a nuestra gente en salud”.

“Desde mañana, el coronel (José) Caldero supervisará personalmente un nuevo operativo para darle cumplimiento a las reglas”, advirtió.

Según cifras oficiales, San Juan es el pueblo que más casos de COVID ha registrado durante la crisis con un 18.6% del total de 2,811 casos confirmados con pruebas moleculares. Sólo en el mes de julio unos 166 sanjuaneros se han infectado con el virus.

Mientras, la alcaldesa detalló que desde el pasado viernes inició un proyecto piloto donde el equipo médico a cargo de la crisis de COVID en San Juan se movió a la comunidad La Perla para realizar pruebas moleculares a los residentes, una acción que se trasladará eventualmente al casco urbano del Viejo San Juan, La Puntilla y Puerta de Tierra.

De otra parte, el alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet, solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced el cierre total de las actividades en el país a partir de las 7:00 de la noche y la suspensión inmediata de las actividades multitudinarias.

“Hemos recibido Información de un dramático aumento en el total de personas identificadas como posibles portadores del virus de Covid-19 en nuestro pueblo, por lo que responsablemente lo estamos informando a nuestra ciudadanía”, afirmó por escrito el alcalde Gonsález Souchet.

El ejecutivo, quien combatió la reapertura de las actividades económicas y recreativas a mediados de junio, dijo que se estima en más de una veintena de casos ya han sido confirmados en este municipio sureño.

“Estoy haciendo un llamado urgente a la gobernadora Vázquez Garced para regresar a las medidas iniciales porque de lo contrario presagiamos una situación muy lamentable en los contagios”, sentenció el alcalde de Peñuelas.

Aunque la gobernadora había expresado ayer que la responsabilidad de protegerse es individual, hoy sostuvo una reunión con miembros del “task force” médico para evaluar las alternativas que contribuyan a frenar el alza en contagios del virus en la Isla.