El recogido de basura, las visitas de amas de llaves a personas encamadas, las bibliotecas locales, la mochila de regreso a clases o el uniforme para estudiantes de familias con menos recursos, la clase deportiva en una cancha local, el entierro del difunto de la familia sin dinero, el viaje a un hospital para recibir terapia, el mantenimiento de una carretera rural, y muchos otros servicios que ofrecen a diario los municipios podrían verse reducidos considerablemente o hasta desaparecer por completo si no se busca una alternativa para que los ayuntamientos puedan mantenerse en pie económicamente luego de la derogación de la Ley 29 de 2019.

“Es criminal quitar la Ley 29. Ya no hay grasa que eliminar. Lo próximo es eliminar servicios. Ya estamos haciendo de tripas corazones”, afirmó Jorge González Otero, alcalde de Jayuya, en tono decepcionado.

La Ley 29 propiciaba el mecanismo para que los municipios no tuvieran que costear la aportación al plan médico gubernamental de sus empleados y la aportación al plan de retiro bajo el sistema de “PayGo”. Ambas partidas eran financiadas por el gobierno.

Sin embargo, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) llevó el caso en contra de la Ley 29 ante la jueza Taylor Swain, designada para dirigir los procesos de quiebra del gobierno de Puerto Rico, y la jueza determinó dejar sin efecto la Ley.

Con el fallo se estima que unos 35 municipios estarían ante un escenario de colapso financiero.

“Parece que el gobierno está empeñado en liquidar los municipios. Lo único que queda funcional en el gobierno son los municipios. Pero ante esto, muchos municipios van a quedar en un déficit que no van a poder operar”, denunció González, cuyo municipio podría estar dentro del grupo más afectado por la decisión.

El primer ejecutivo del municipio montañoso recordó que ya los ayuntamientos vienen de sufrir recortes significativos, pero al mismo tiempo “se siguen añadiendo responsabilidades”.

“Si no trabajas las carreteras estatales, están intransitables, parecen selvas. El recogido de basura es cada vez más costoso. Los servicios a los ancianos, los servicios médicos que damos. Ahora mismo estoy operando el CDT, tengo que dar servicios médicos y me penalizas dos veces porque voy a pagar el seguro médico. Más asistir en llevar a pacientes a hospitales en Ponce, en San Juan. Llevo gente todos los días a Centro Médico (en Río Piedras)”, describió González.

El alcalde jayuyano insistió en que “si esto sigue, y nos siguen quitando fondos, los más vulnerables son los que van a sufrir”.

José “Joe” Román Abreu, alcalde de San Lorenzo y presidente de la Asociación de Alcaldes, coincide en que el gobierno está arrastrando a los municipios al abismo, y “si no se busca una solución a lo de la Ley 29 el efecto va a ser contundente”.

Román recordó que el estado agotó los fondos que los retirados y municipios habían aportado para las pensiones, usándolo para transacciones de bonos que resultaron una pérdida. “Y ahora el gobierno y la Junta pretenden que paguemos nuevamente. Eso no es justo”.

Añadió que el estado continúa con la práctica de quitarle a los municipios para cubrir sus problemas. “La Junta le reduce presupuesto a los gobiernos municipales, para pagar la deuda del estado, cuando la deuda de los municipios está al día. Cada vez que el estado tiene un problema recurre a los municipios. El gobierno y la Junta han forzado la quiebra de los municipios”, aseguró.

Argumentó que, de continuar con la ruta actual, sin la Ley 29, “lo primero que se afecta son los empleos de los municipios. No vamos a tener los recursos suficientes, y se iniciarían despidos masivos de muchos padres y madres de familias, que dependen de ese trabajo. Es todo una cadena”.

“Y lo otro que se afecta son los servicios. El recogido de basura, porque aun si tienes el vertedero, no tienes empleados. Los servicios de ama de llaves, que algunos dirán que eso se paga con fondos federales, pero en la práctica esos fondos solo dan para pagar tres o cuatro y el resto lo paga el municipio, y en el caso de San Lorenzo tenemos 65 personas encamadas. Otros servicios, en educación, las bibliotecas, en San Lorenzo tenemos cinco bibliotecas, que necesitan personal, y no funcionaría esa herramienta valiosa”, enumeró Román.

Carlos Molina, alcalde de Arecibo y presidente de la Federación de Alcaldes, también reconoció la situación precaria que encaran los municipios, pero mostró un tono más conciliador y una actitud de “ver el vaso medio lleno”.

“Estamos en medio de una crisis de salud bien dura, que a la vez ha creado una crisis económica en Puerto Rico y en todo el mundo. El 80% más o menos de la actividad económica está detenida. No está llegando el IVU, no están llegando los arbitrios de construcción, y extendieron la fecha del pago de las planillas, que quiere decir que esa era la última fecha para que la gente rindiera la patente de los negocios y no podemos tener eso en el presupuesto”, admitió Molina.

Reconoció que “el colapso de los municipios significa el colapso de los servicios a la gente, de las amas de llave, el recogido de basura, el recogido de desperdicios sólidos. Y muchas familias que tienen una persona que trabaja en el municipio y viven con ese salario del municipio. Son 300 a 400,000 empleados. Se acaba la policía municipal”.

No obstante, se mostró confiado en que “siempre hay alguna solución, alguna alternativa”.

De acuerdo con la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, la situación no es tan dramática como algunos la hacer ver, pues los municipios estarían recibiendo dinero de otras partidas como el fondo de equiparación. Agregó además que deben apostar por mayor eficiencia, por ejemplo, con mecanismos para compartir algunos servicios entre varios municipios.

Pero Román consideró que Jaresko “no acaba de entender, aunque se lo hemos explicado ya como 20 veces”.

“Esas expresiones es como cuando un novio le dice a la novia, te quiero pero no te quiero. NO tiene la información completa para hacer un análisis justo en términos de los dineros y los servicios que aportan los municipios”, opinó el alcalde de San Lorenzo.

No obstante, los alcaldes tienen algunas sugerencias de cara al futuro.

Molina mencionó que está el fondo conocido como CAE (Contribución Adicional Especial) que pagan los ciudadanos al momento de pagar su contribución sobre la propiedad, y que genera sobre $120 millones que van al estado para pagar otras obligaciones, aunque en principio es dinero de los municipios. Mencionó también el fondo de equiparación a donde iba dinero en lugar de pagar al plan de salud y el retiro.

“¿Qué estamos haciendo los municipios? Queremos hacer nuestro propio fondo de equiparación. Es decir, no nos aportes, y vamos a hacer nuestro propio fondo”, explicó Molina.

“Y vamos a tener que sentarnos todos a la mesa, el gobierno, el sector privado, todos. Y está el dinero de (reconstrucción de) María. Hay que usarlo en obra pública, en agricultura, en crear empleo, manufactura. Que el dinero comience a moverse, generar movimiento económico, servicios”, agregó Molina. “No podemos sentarnos a esperar que las cosas nos lleguen. Hay que hacer leyes nuevas, incentivar las industrias, los huertos urbanos, hay que hacer lo que sea. Hay que innovar, seguir buscando soluciones, recortar nómina, bajar presupuestos. En Arecibo la renta de edificios me ha dado ingresos adicionales. Hay que mirar alternativas, en empresas de e-comerce, de tecnología, call centers. Hay que hacer las cosas diferentes, innovar y seguir adelante”.

El alcalde de Arecibo insistió en que un punto importante de cara al futuro será “hacer alianzas con la empresa privada e incentivarlas. Si crecen, crecemos juntos. Hay que ser megaeficientes en ser aliados de esas nuevas empresas y nuevos comerciantes”.

González, por su parte, explicó que el gobierno podría darle el dinero a los municipios por las labores que ya hoy día hacen, como el arreglo de carreteras estatales, los servicios a escuelas y comedores escolares o los servicios de salud.

“Que nos pasen ese dinero. Hay cosas viables. Pero que el gobierno quiera hacerlo es otra cosa”, lamentó González.

Román también habló de soluciones, aunque sin entrar demasiado en detalles. Aseguró que llevarían propuestas a la reunión que sostendrán este lunes con la gobernadora.

“Nosotros proponemos la descentralización del gobierno. Los municipios que han demostrado su capacidad que puedan atender ciertas áreas y que el gobierno, como le paga a un privado, pues que le pague al municipio. Por ejemplo, la seguridad en las escuelas. ¿Por qué nos quieren pagar mucho menos que a la empresa privada? La repavimentación de carreteras, a nosotros, usando todos los mecanismos establecidos por los ingenieros, nos sale más barato. ¿Por qué no quieren hacerlo con nosotros y le pagan al privado?”, sugirió Román.

“Tenemos la solución a esto, pero tienen que estar dispuestos a escuchar”, afirmó el líder de la Asociación de Alcaldes.

“La Junta tienen su mente puesta en pagar a los bonistas, a costas del dolor del pueblo, y eso no lo podemos permitir”, insistió. “Habrá que hacer algo. No pueden cerrar los municipios. No podemos ir a buscar servicios a Ponce o Arecibo. Además ellos allí tienen sus propios problemas que atender”, insistió González. “El gobierno tiene que buscar otra opción. Los municipios somos su brazo operacional. Sin municipios habría muerto mucha más gente luego de María, y la pobreza sería mucho mayor. Hay que buscar una salida, y que sea algo recurrente”.

Molina, el más optimista del trío, insistió en su mensaje conciliador y reiteró que “va a haber una merma en ingresos grandísima, pero vamos a encontrar una ruta”. Agregó que “esta misma semana” esperaban respuestas de la Junta a varias propuestas que le han hecho llegar.