Un grupo de alcaldes asociados del sur advirtió hoy el peligro de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) continúe reduciendo el Fondo de Equiparación que, en tres años, amenaza con la desaparición a los municipios pequeños y ocasionaría graves problemas en los servicios que ofrecen los ayuntamientos a la ciudadanía.

En conferencia de prensa desde la Casa Alcaldía de Ponce, los ejecutivos municipales de Villalba, Juana Díaz, Guánica y la Ciudad Señorial, recordaron la situación delicada que experimentan los municipios de la zona cero, que, además de enfrentar la recuperación por el huracán María, también tienen el reto de restaurar los daños ocasionados por los terremotos.

Según el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, para el año fiscal que comienza el 1 de julio, la JSF pretende recortar $44 millones del presupuesto que reciben los ayuntamientos, que actualmente es de $132 millones; el próximo año bajaría a $44 millones, hasta eliminarlo completamente antes de que termine el 2024.

“Ningún municipio puede recibir un impacto adicional en sus finanzas. La Junta de Control Fiscal continúa empecinada en reducir a $88 millones para el próximo año hacer una reducción adicional dejarlo en $44 millones, y en un periodo de tres años eliminarlo por completo”, explicó el alcalde de Villalba al recordar que el alcance inicial del fondo de equiparación era de $350 millones.

“A los alcaldes nos dolería escoger qué servicios vamos a dejar de brindar porque todos los servicios son importantes, desde el recogido de desperdicios sólidos, servicio de ama de llaves, servicio a los encamados, a los envejecientes, a los estudiantes, de transportación, o sea, nos ponen en una situación incómoda”, mencionó.

Ante la crisis que se avecina, de no haber un cambio en la postura del ente regulador, el alcalde de Villalba hizo un llamamiento a la JSF para que escuche su clamor, que, por primera vez, cuenta con el consentimiento unánime del Gobierno Central, la Legislatura y los 78 municipios.

“Antes Natalie Jaresko decía que no tenía problemas con el fondo de equiparación, pero que el Gobierno no le había pedido que se enmendara el plan. Ahora tiene la petición, ¿por qué no la contesta? ¿Por qué se empecina en seguir estrangulando los municipios de Puerto Rico cuando en estos momentos somos los únicos que estamos pagando la deuda a los bonistas de este País?”, cuestionó.

De otra parte, señaló que “el municipio de Villalba recibió una reducción en su presupuesto de unos $3 millones anuales y, de un presupuesto de $14 millones ha sido reducido a $11 millones. Una segunda fase tendría una reducción general de $6 millones, prácticamente casi la mitad del presupuesto”.

En el caso de Guánica que es el pueblo más afectado por los terremotos, el recorte del fondo de equiparación para el próximo año fiscal es de $711,000 dólares.

Según el alcalde Ismael Rodríguez Ramos, “esto llevaría al municipio a un presupuesto de $5.7 millones si siguen los recortes como van”, resaltó al mencionar que el ayuntamiento continúa en reducción de jornada laboral.

“A pesar de esa reducción, nosotros estamos llevando a la Policía Municipal y al personal de Manejo de Emergencias a seis horas diarias, pero nos afecta grandemente ese recorte a un pueblo de Guánica que pasó por el huracán María, terremotos, un fuego grande en la carretera 333, pues es fuerte lo que tenemos que hacer para garantizarle el servicio a nuestra gente, especialmente el servicio de vivienda”, lamentó.

“Nuestro pueblo reclama acción, estamos cansados de ver las casas destruidas, estamos cansados de ver los edificios gubernamentales estancados sin hacer el proceso de demolición, aun teniendo el dinero en la mano. Hago un llamado al COR3 y a FEMA para que agilice estos procesos para que los municipios podamos seguir echando hacia adelante”, expuso sobre la laxitud del gobierno central en el proceso de recuperación.

Para el Municipio de Juana Díaz, la eliminación total de ese fondo representaría la pérdida de $3.5 millones en el periodo de dos años, según explicó el alcalde Ramón Hernández Torres.

“Sin los municipios, para el País se haría cuesta arriba porque nosotros asumiendo responsabilidades del Estado sin ninguna transferencia presupuestaria. La señora Jaresko no puede allá en San Juan mirando números y tratando de ajustar la realidad de los municipios para pagarle a los responsables de tomar prestado en nuestro País”, enumeró el alcalde juanadino cuyo presupuesto es de $11 millones para una población de 45,000 habitantes.

Mientras que el alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, resaltó que la amenaza de desaparecer estas remesas trastoca las proyecciones de recuperación del ayuntamiento que ha hecho reajustes para devolver la jornada laboral a los empleados después de casi siete años y redirigir el dinero a los servicios.

Esto representa cerca de $750 mil menos en el presupuesto anunciado por el alcalde ponceño.

Truenan contra el contrato de LUMA

El alcalde de Juana Díaz emplazó al gobernador Pedro Pierluisi y al secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, para que expliquen si la empresa LUMA Energy tiene decretos contributivos.

“Emplazo al gobernador que le diga al País, si LUMA Energy, además que el gobierno de Puerto Rico le dio $750 millones para operar, si también le dieron los decretos contributivos a esta empresa que, hasta el día de hoy, ninguno de los alcaldes que estamos presentes sabemos quién está a cargo de la zona. Nadie contesta… y estaban supuestamente listos para comenzar la operación y tenemos cerca de 25,000 abonados de la AEE sin servicio”, acotó.

“Si eso es así y finalmente se va a eliminar el CELI (Contribución en Lugar de Impuestos), la controversia y la situación fiscal de los municipios empeore. Esa discusión le costó la vida a Rafael Cordero Santiago (fenecido alcalde de Ponce) cuando Héctor Rosario era el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, esas son realidades”, recordó.

Según el alcalde de Ponce, aún no ha tenido comunicación con personal de LUMA, a pesar de que hay sectores en este pueblo con problemas de energía eléctrica, entre estos La Carmelita que lleva seis días sin el servicio.

“Quien paga esta mala coordinación, particularmente con la AEE y el contrato con LUMA, son nuestros ciudadanos y nosotros los alcaldes somos los que tenemos que dar la cara por la situación que el Gobierno no está atendiendo responsablemente”, sostuvo.

Mientras que el líder de los alcaldes asociados lamentó “la manera atropellada en que se hizo la transición, especialmente con nuestros trabajadores de la Autoridad que durante el proceso del huracán María fueron los que dieron la cara”.

“A nosotros nos choca eso porque estamos precisamente entrando a una temporada de huracanes porque el servicio energético es el más esencial de todos y nosotros tenemos que tener esa logística. Nos preocupa la mala transición, pero más nos preocupa la falta de comunicación”, sentenció Hernández Ortiz.

Sobre la reparación de escuelas con columna corta

De otra parte, el alcalde juanadino cuestionó los resultados de la contratación del ingeniero Carlos Ignacio Pesquera Morales para evaluar los planteles escolares con columna corta, tras la revelación en una vista senatorial de que el Gobierno necesitaría unos $195 millones para corregir este problema.

“Después de año y pico, ustedes me quieren decir a mi que el Gobierno de Puerto Rico contrató supuestamente a un experto en la materia, al ingeniero Carlos Pesquera, y todavía no se ha reparado una sola escuela de columna corta. ¿Dónde está el dinero que se asignó para ese propósito?”, arremetió.