Alcaldes "agobiados" por freno a desembolsos en el BGF
Temen paralizaciones de proyectos municipales importantes.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 8 años.
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Alcaldes rojos y azules se mostraron hoy, lunes, sumamente preocupados por el riesgo de paralización de proyectos y servicios municipales sujetos a préstamos aprobados en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Algunos ejecutivos municipales revelaron que en ciertos casos estaban pagando los préstamos, sin haber recibido desembolsos.
Siete alcaldes que mantienen cuentas de depósitos en el BGF plantearon esas preocupaciones en una reunión convocada por la secretaria de la Gobernación, Grace Santana, tras la emergencia que decretó el gobernador Alejandro García Padilla, amparado en la Ley de Moratoria.
El alcalde popular de San Germán, Isidro Negrón dijo que la Secretaria de la Gobernación no les pudo dar una respuesta de momento en torno a si la moratoria aplicará a los préstamos que ya tenían aprobados los municipios y que el BGF les empezó a cobrar, a pesar de que no les ha desembolsado el dinero.
“No es justo que me estén cobrando unos intereses o un préstamo que ni tan siquiera el Banco ha desembolsado. No tenían una respuesta sobre ese particular porque ellos lo que querían era plantearnos el alcance de esta moratoria”, sostuvo Negrón, quien fue uno de los primeros en llegar a la reunión, que se llevó a cabo en el Salón de Conferencias del Departamento de Estado.
El secretario de Estado, Víctor Suárez, participó en el cónclave, según informó el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz. Sin embargo, la prensa no tuvo acceso al lugar del encuentro.
El alcalde de San Germán explicó que los préstamos que se afectan son los que los municipios pagan a través de la remesas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). San Germán tiene actualmente unos $2 millones en préstamos en el BGF y Negrón reclamó que se les aplique la moratoria.
"No es cuestión de un municipio sino que tenemos que hablar de todos porque todos los municipios tienen algún préstamo para una obra y con esta orden se paralizan”, dijo Negrón, cuyo municipio tiene pendiente en el BGF un proyecto de remodelación de un edificio para alquilárselo a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), por un monto de $1.5 millones.
Agregó que aunque la orden ejecutiva y la ley pueden ser pasajeras, “se afectan los municipios en sus desarrollos y obras”. Negrón expresó su incomodidad al comentar que “los municipios no somos los responsables de la crisis del banco”.
El alcalde novoprogresista de Adjuntas, Jaime Barlucea, mientras, sostuvo que en la reunión se les informó que se les va a hacer “cuesta arriba” disponer del dinero que tienen en diferentes cuentas en el BGF.
“Hemos planteado que cuando hacemos un préstamo al BFG lo vamos pagando con un año de anticipación para que luego nos digan que no podemos disponer del préstamo. Creo que es un poco injusto. Nosotros hemos sido prudentes en el gasto público. En el caso nuestro que somos un municipio que no tenemos déficit operacional, es injusto que se nos trate de la misma forma de los que están quebrados, que no tienen dinero”, expresó Barlucea.
Entre los proyectos que podrían verse afectados en su municipio mencionó la construcción de un puente en el barrio Garzas Centro, para lo cual cuentan con un empréstito del BGF de $1 millón.
Barlucea indicó que se trata de un proyecto de necesidad urgente para los residentes de este barrio, que suelen quedar incomunicados cuando viene el tiempo de lluvia. “Ya llevo tres años pagando ese préstamo aunque no hemos recibido el desembolso”, sostuvo el alcalde adjunteño, quien detalló que ya adjudicaron la subasta.
“Nosotros vamos a reclamar los proyectos que tenemos de emergencia, que no son para hacer canchitas, sino para darles acceso a las comunidades. Vamos a llevar la petición de dinero y la vamos a cobrar y ya veremos qué ocurre. Vamos a continuar los trabajos siendo prudentes y con trabajos que sean de servicio directo al pueblo. Estamos en la posición de colaboración ante la crisis, pero tienen que ser justos”, agregó Barlucea.
Por su parte, el alcalde popular de Comerío, Josean Santiago, dijo que le planteó a la Secretaria de la Gobernación “la necesidad” de convocar a los municipios a las reuniones en las que se decidan cuáles son los servicios esenciales.
“Para encarar esta crisis vamos a tener que definir lo que es esencial”, sostuvo Santiago. “Estamos todos impactados con lo difícil que es el escenario. Nos va a tocar a todos enfrentar la crisis. Vamos a tener que ver proyectos municipales detenidos a mitad de construcción y muchos servicios a nivel local se van a tener que dejar de prestar para que lo poco que hay sea dirigido estrictamente a lo esencial”, indicó el expresidente de la Asociación de Alcaldes.
En cuanto al reclamo de participación en las decisiones en esta crítica etapa, Santiago indicó que “no podemos distraernos en quién tiene la culpa y qué dejó de hacerse porque ya tenemos una situación encima y no hay manera de postergar enfrentarla”
“Nos dicen que el huracán viene y que va a pasar por el centro”, sostuvo el Alcalde comerieño, cuya administración tiene depositados en el BGF, $1.5 millones entre certificados de depósitos, empréstitos y los fondos de la Contribución Especial (CAE). “Para el Municipio de Comerío, que tiene un presupuesto de $10 millones, millón y medio es muchísimo”, subrayó.
Después de la junta con los alcaldes, la Secretaria de la Gobernación se reunió con jefes de agencia que también tienen depósitos en el BGF. Los jefes de agencias se congregaron en el teatro del Departamento de Estado.
La secretaria de Agricultura, Myrna Comas, dijo que la agencia tiene depósitos en el BGF del Fondo de Innovación y Desarrollo Agropecuario y de la Administración de Empresas Agropecuarias, pero no pudo precisar la cuantía. “Seguimos recibiendo los beneficios como hasta ahora lo hemos estado recibiendo. Es seguir un proceso”, sostuvo la funcionaria.
El director ejecutivo del CRIM, Víctor Falcón, mientras, señaló que esa dependencia pública tiene unos $10 millones en el BGF de las cuentas de operación del CRIM, provenientes de las gestiones de cobro de los municipios.
La presidenta del BGF, Melba Acosta y el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, participaron en las reuniones.