La gente tiene la impresión de que el dinero público es malamente administrado y que son muchas las instancias en las que los recursos se van por el tubo sin fondo del desperdicio. Tiene razón.

Para muestra, con una ballena basta, como es el caso del municipio de Vega Baja, en donde se gastó medio millón de dólares en un cetáceo fundido en bronce que no descansa en el mar, sino en un almacén donde se deteriora poco a poco.

Para la contralora Yesmín M. Valdivieso, este gasto incurrido durante la administración del ahora convicto Edgar Santana, “es un ejemplo de mal uso de fondos públicos” y próximamente saldrá un informe de su oficina con los detalles de la ballena y otras esculturas de animales marinos que suman millón y medio y que de utilidad no tienen nada.

¿Qué implica un gasto de esa magnitud por adornos que encima están almacenados porque no se pueden usar?

 Al realizarse este gasto de un millón y medio, el Municipio dejó de brindar otros servicios a la ciudadanía.  Esto, en momentos en que el municipo estaba en déficit.

¿Hay alguna manera en que se pueda recuperar el dinero invertido en esas esculturas o no? ¿Se pueden vender?

 Sí, se podrían vender por medio de subasta pública.

Si bien el caso de Vega Baja destaca porque no hay sensatez en ponerse a gastar en decoraciones en un municipio con necesidades apremiantes , la Ciudad del Melao Melao no es la única que se puede utilizar como ejemplo de usar dinero en obras de poca o ninguna utilidad.

Una mirada a algunos de los informes de la Oficina del Contralor (OCPR) y empezar a sumar las cantidades que aparecen en hallazgos de “obras sin utilidad” es suficiente para reconfirmar que se pierden millones.

Hay proyectos municipales bien intencionados, pero cuando falla la rigurosidad en asegurar que el dinero esté bien utilizado, se alimenta la crisis económica que vive el País.

De la misma manera en que es cierto que poco a poco se cuadra un presupuesto, también lo es que poco a poco se desangra.

Un informe del 5 de agosto de 2013 sobre Arecibo, por ejemplo, reveló que desde septiembre de 2003 hasta noviembre de 2005 el municipio había pagado $358, 170 por trabajos realizados en los proyectos de construcción de un mini estadio en el barrio Domingo Ruiz y en la primera fase de una instalación recreativa en Sabana Hoyos. 

Los proyectos fueron cancelados, “por lo que los pagos no tuvieron la utilidad requerida”.

También en Arecibo, en mayo de 2008 se formalizó un contrato por $63,000 para la reconstrucción de una tubería y un muro en la urbanización Duhamel. 

Cambios a la obra aumentaron el contrato a $74,141 y, al final, los trabajos fueron paralizados por el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales porque (DRNA) “la construcción se realizó en una zona de dominio público marítimo terrestre y sin contar con el permiso requerido”.

En julio de 2008, el Municipio le había pagado al contratista $59,585, equivalente al 80 por ciento del trabajo realizado.

El  municipio se comprometió con el DRNA a desistir de los trabajos, remover los escombros, la zapata y las obras realizadas. 

El dinero se esfumó sin dejar ni una casita de juegos.

Culebra, a donde solo se puede llegar por aire o por agua, también tiene historias en las que el dinero no conoció otro final que el de la botarata.

En diciembre de 2008, se formalizó un contrato por $413, 850 para construir una pista deportiva en el barrio Saldina.

En junio de 2010, se había completado el trabajo y, como corresponde, se había pagado. 

En mayo de 2012 la pista recibió la visita de auditores del Contralor y el Inspector de Proyectos del Municipio y se corroboró que parte de la pista había sido demolida porque la construcción se realizó “en terrenos donde está ubicado el aeropuerto de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, quien mantiene su titularidad”.

El segmento que no fue demolido tampoco servía para nada porque estaba abandonado y deteriorado. 

Para llegar a la pista, además, el camino no estaba asfaltado, así que había que tener unos deseos enormes de hacer ejercicio para llegar a la “pista”.

Igual suerte corrió un centro de actividades del mismo barrio.

Desde mayo de 2004 a abril de 2011, el contratista había recibido $1.7 millones para su construcción, pero bastó una inspección en octubre de 2012, para concluir que el centro estaba abandonado. 

Según el informe de junio de 2014, el Municipio incurrió “en desembolsos por $2,414,358 que no habían tenido utilidad”.

Techar y mejorar una cancha no parece un proyecto muy complicado. En junio de 2007, el Departamento de Recreación y Deportes formalizó un contrato para que, entre otras cosas, la urbanización Alturas de Peñuelas tuviera la suya. 

Si se iban a invertir $320,721 cualquiera piensa que muy bien valdría la pena.

Pues parece que no porque en una inspección física de los auditores del Contralor se determine que la cancha estaba abandonada, había sido vandalizada y era usada para albergar caballos. 

La respuesta del alcalde en ese momento  fue pedirle a los auditores que tomaran en cuenta que la cancha estaba en una comunidad donde operaba un punto de drogas.

Una cancha con pobre planificación también hizo que $45 mil del municipio de Gurabo se hicieran nada.

La intención en octubre de 2011, era reconstruir una cancha de baloncesto en el barrio Masas. 

Al contratista se le pagó el dinero para las excavaciones, zapata, pedestales y el pago de seguros, patentes y arbitrios. 

Sin embargo,  los vecinos no querían la cancha y, se reubicara o no, ya parte del pago estaba hecho.

En agosto de 2004, el municipio de Aibonito firmó un contrato por $879,725 para construir el Paseo Lineal Las Flores.

Tres cambios le aumentaron más de $60 mil y pasaron casi tres años antes de continuar los trabajos luego de ser aprobada la obra.

En abril y junio de 2010 los auditores de  la OCPR observaron que el proyecto estaba deteriorado y no tenía agua ni luz.

Bayamón también tiene un informe, divulgado el año pasado, en el que auditores señalaron al Alcalde por tener abandonada un área recreativa que había costado casi $100 mil.

Con fondos del Fideicomiso de Comunidades Especiales, el trabajo fue terminado y pagado en abril de 2011, pero en septiembre de ese año personal de la oficina observó que el área del barrio Santa Olaya estaba abandonada y los equipos que habían sido instalados ya no estaban.

La respuesta del Municipio fue que no habían podido controlar el vandalismo “y la falta de compromiso de la comunidad, la cual ni ejerció un apoderamiento de las instalaciones construidas”.