A un día de que le encontraran causa para juicio por malversación de fondos públicos, el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez, ha mantenido silencio sobre su determinación de si renunciará o no al cargo, tal y como lo solicitó el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz.

No obstante, el alcalde interino de Mayagüez, ingeniero Jorge Ramos Ruiz, emitió unas declaraciones escritas para reiterar su compromiso de continuar administrando la Sultana del Oeste.

“Desde el pasado el mes de abril del año 2022, recibimos la encomienda de dirigir la administración municipal de la ciudad de Mayagüez, asegurándonos que los servicios a nuestra gente no se detengan. Y así continuaremos haciéndolo, gracias al compromiso de todos los compañeros de labores de nuestro municipio, dijo.

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Añadió que, “por orden de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente del Departamento de Justicia, nos hemos visto imposibilitados de emitir comentarios sobre el asunto ante la consideración del Tribunal. Sin embargo, estamos confiado en que el asunto sea atendido con la mayor transparencia y que al final cualquier duda sea disipada para beneficio de los mayagüezanos”.

La acusación presentada por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) contra Rodríguez Rodríguez se relaciona al desvío de unos $9.8 millones en fondos otorgados en tres resoluciones conjuntas de la Legislatura Estatal para completar las fases 5 y 6 del Centro de Trauma de Mayagüez y que fueron depositados en una cuenta de inversiones con base en el estado de Nueva York.

Por los hechos, el juez Héctor López Sánchez, del Centro Judicial de Mayagüez, encontró en la tarde de ayer, viernes, causa para juicio tanto contra Rodríguez Rodríguez, como la otra coacusada en el caso, la directora de finanzas municipal, Yahaira Valentín Andrade.

De ser encontrados culpables durante el juicio, Rodríguez Rodríguez y Valentín Andrade se exponen a se exponen a ocho años de prisión por el cargo de malversación de fondos públicos y tres años por negligencia en el cumplimiento del deber.