El alcalde de Río Grande, Eduard Rivera Correa, permanecerá detenido temporeramente en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo, hasta la vista de fianza en su caso pautada para este lunes.

Esposado de pies y manos, y escoltado por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y alguaciles federales, Rivera Correa llegó a la sala del magistrado federal Marcos E. López vistiendo mahones y camisa a cuadros.

Durante la vista inicial, el magistrado orientó al ejecutivo municipal del Partido Popular Democrático (PPD) sobre los cargos que pesan en su contra por soborno, tentativa de extorsión y obstrucción a la justicia, y procedió a ver la lectura de acusación.

El alcalde hizo alegación de no culpabilidad a través de sus abogados Rubén Morales y Antonio Bauzá. Con la ayuda de un intérprete, indicó que tiene 61 años y que tiene un bachillerato en administración comercial.

El coacusado en este caso, el abogado Alejandro Gabriel Carrasco Castillo, de 57 años, también se declaró no culpable a través de su abogado Gary Montilla. En su caso, el fiscal federal Charles Walsh no tuvo reparo a que se le concediera fianza, por lo que se le impuso una fianza de $75,000 asegurados a través de efectivo o garantía de propiedad, y tiene 14 días calendario para prestarla.

De ser encontrado culpable, Carrasco Castillo se enfrentaría a una pena de hasta 10 años de cárcel, mientras que el alcalde se expone a hasta 20 años de prisión.

Esta mañana, en conferencia de prensa, la jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, lamentó que Rivera Correa "traicionó la confianza de los ciudadanos de Río Grande, que no merecen un alcalde deshonesto".

Rodríguez informó que un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio el 8 de julio contra Rivera Correa y Carrasco Castillo, quien era asesor legal del Municipio.

Rodríguez explicó que los sobornos estaban relacionados a programas que reciben fondos federales.

"Los servidores públicos que solicitan pagos ilegales a contratistas son deshonestos con el pueblo. No vamos a tolerar más actos de corrupción por parte de personas deshonestas que se aprovechan de sus posiciones de confianza para su beneficio y lucro personal. Seguiremos investigando y acusando a los oficiales públicos que traicionan la confianza de sus constituyentes", manifestó Rodríguez.

El jefe del FBI en Puerto Rico, Carlos Cases, destacó que Rivera Correa, que ganó la alcaldía de Río Grande en 2004, trabajó 26 años en la Oficina del Contralor de Puerto Rico, donde fue supervisor de auditorías, director de la División de Auditorías de los municipios y consorcios, asesor de funcionarios públicos y ayudante del Contralor. Luego se desempeñó como ayudante del administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

"Es bien decepcionante y triste que un funcionario público con tanta experiencia en cuanto a cómo llevar una sana administración sea acusado de estos actos serios de corrupción", lamentó Cases.

Según la acusación, entre febrero de 2010 y febrero de 2012, el alcalde recibió aproximadamente $39,000 en pagos en efectivo de una persona identificada en la acusación como "Contratista A".

Los pagos que hacía este contratista a Rivera Correa eran con la intención de influenciar los negocios que hacía con el Municipio. Uno de los contratos por inspección de trabajos de construcción fue por $98,000 y otro por $171,000, e incluían la posibilidad de renovaciones futuras.

Rivera Correa supuestamente intentó extorsionar al contratista y le exigió $4,000 en efectivo para comprar boletos para una cena política a cambio de continuar haciendo negocios con el municipio de Río Grande.

Los cargos por obstrucción a la justicia se refieren a amenazas que se alega hizo el alcalde al empresario en cuestión en conversaciones que están grabadas. En las mismas, el alcalde trató de detenerlo de hablar con las autoridades y ante un gran jurado federal.

El abogado Carrasco, entretanto, era asesor legal de los municipios de Río Grande, Barceloneta y Juncos, y enfrenta cuatro cargos por soborno relaciondo a programas que reciben fondos federales de los tres municipios. También tuvo o tiene contratos con los municipios de Trujillo Alto, Yabucoa, Luquillo y con el senador Jorge Suárez, del distrito de Humacao.

La acusación detalla que el abogado solicitó pagos al contratista en varios ocasiones, disimulados como honorarios legales, para influenciar los negocios que el empresario hacía con varios municipios.

Se indicó que en el 2009, el empresario pagó $24,000 a Carrasco por obtener un contrato de $120,000 en el municipio de Barceloneta por servicios de construcción. En julio de 2011, el contratista le pagó otros $15,000 a Carrasco para obtener un contrato para consulta de peritaje ambiental de $100,000.

Entre marzo y julio de 2010, el contratista le pagó $18,300 a Carrasco por tres contratos con el municipio de Río Grande por $60,000, $98,000 y $171,000, todos por servicios de inspección de construcción. Entre agosto y octubre de 2010, el empresario le pagó $15,000 a Carrasco por un contrato de construcción con el municipio de Juncos por $88,000.

Rodríguez aclaró que los alcaldes de Juncos, Alfredo "Papo" Alejandro, y la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler Rosario, no tienen que ver con este caso.