Alcalde de Las Marías nombró dos exconvictos inelegibles para trabajar en el municipio
La Contraloría señaló que los nombramientos causaron el pago indebido de $23,098, sin embargo, el alcalde Edwin Soto Santiago expresó que no tenían conocimiento de las convicciones.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 3 años.
PUBLICIDAD
El alcalde de Las Marías, Edwin Soto Santiago, nombró a dos exconvictos como empleados del municipio a pesar de que eran inelegibles para ocupar cargos en el gobierno, según señala un informe de la Contraloría de Puerto Rico sobre las operaciones fiscales de ese pueblo.
La Contraloría indicó que ambas personas habían sido convictas a nivel federal por delito grave y destituidos del servicio público, por lo que los nombramientos causaron el pago indebido de $23,098. “Nuestro examen sobre el particular reveló que el 18 septiembre y el 6 de noviembre de 2017 el alcalde nombró a dos personas exconvictas para ocupar puestos en el municipio, sin verificar, conforme a lo dispuesto en la Ley, su elegibilidad y cumplimiento con el proceso de habilitación para ocupar puestos en el servicio público”, reza el informe.
El primer nombramiento se dio el 18 de septiembre de 2017, para que el exconvicto ocupara un puesto transitorio en el Departamento de Recreación y Deportes, donde estuvo hasta el 31 de diciembre de ese año. Luego, del 26 de octubre de 2018 al 31 de enero de 2019, ocupó un puesto de líder recreativo en ese departamento con estatus transitorio. Del 1 de febrero al 30 de septiembre de 2019 ocupó el mismo puesto, pero con estatus irregular, expresa el informe, al agregar que la persona omitió información sobre su convicción.
El reporte de la Contraloría precisó que del 13 de octubre de 2017 al 4 de octubre de 2019, el municipio le pagó $6,103 en sueldos y beneficios marginales, de los cuales $3,927 fueron como empleado transitorio y $2,176 como irregular.
El otro nombramiento ocurrió el 6 de noviembre de 2017 para que ocupara un puesto irregular como conductor en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Ahí estuvo hasta el 30 de junio de 2018. Después, del 1 de julio de 2018 al 30 de septiembre de 2019, ocupó el mismo puesto, pero con estatus transitorio. Este sí indicó que fue convicto, pero no mencionó si estaba habilitado para trabajar en el gobierno.
Se detalló que del 29 de noviembre de 2017 al 27 de septiembre de 2019, el municipio le pagó $28,848 en sueldos y beneficios marginales, de los cuales $19,171 fueron como empleado transitorio y $9,677 como irregular.
La Contraloría expresó que hubo falta de supervisión adecuada, orientación y asesoramiento, tanto de Recursos Humanos como del alcalde, en el proceso de revisar los documentos de los exconvictos para determinar si cumplían con los requisitos, y que no se verificaron los antecedentes penales en la jurisdicción federal.
La Contraloría, además, sostuvo que la Legislatura Municipal debe determinar si procede una acción de recobro de los $23,098, y que los funcionarios que autorizaron estas transacciones de personal y pagos pueden estar sujetos a las penalidades contempladas en la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos y en el Reglamento de Habilitación para el Servicio Público.
El alcalde, sin embargo, le contestó a la Contraloría que rechazaba estos señalamientos, y que debido a la omisión de información por parte de los exconvictos, el municipio desconocía sus convicciones.
“El municipio de Las Marías, así como los funcionarios municipales que expone el señalamiento, actuaron de conformidad con la ley y la reglamentación aplicable en cuanto a los reclutamientos de los dos empleados que se mencionan. Además, cabe destacar que los reclutamientos se efectuaron a raíz de las órdenes de estado de emergencia decretadas a consecuencia de los huracanes Irma y María”, acotó el alcalde a la Contraloría, según expone el informe.
“Se rechaza la imputación de que los funcionarios municipales hayan autorizado transacciones de personal contraria a la ley ya que reiteramos no se tenía conocimiento formal ni personal de las situaciones delictivas de ambos empleados que puedan ser atribuibles a los funcionarios que autorizaron las transacciones de personal”, agregó.
El informe de la Contraloría, que cubre el periodo del 9 de enero de 2017 al 29 de febrero de 2020, también detalla otros señalamientos en cuanto al ascenso de empleados, la contratación de una corporación para dar servicios de refrigeración, la recaudación de dinero para el Festival de la China Dulce, entre otros asuntos.