El aumento de $2,000 que la Legislatura Municipal le había otorgado al alcalde de Guayanilla, Edgardo Arlequín Vélez, volverá a quedar sin efecto a partir del 1 de marzo a raíz del revuelo que ha causado el alza en momentos en que se evalúa la posibilidad de reducir la jornada laboral de unos 400 empleados municipales.

"No voy a aplicármelo ahora mismo por la situación de la jornada. Cuando al situación se resuelva, estaremos encaminando otra vez el proceso de retiro", expresó el alcalde a este medio.

A pesar de que defendió la aplicación del aumento en varias emisoras radiales hoy en la mañana, Arlequín Vélez dijo que la determinación de volver a congelar el aumento y detener su proceso de jubilación la tomó hace aproximadamente un mes.

No obstante, previamente había indicado que estaba dispuesto a firmar una orden para detener el alza, dando a entender que el nuevo salario estaba activo. De hecho, el alcalde confirmó que el pago que recibió este mes corresponde a la cifra nueva.

Según el ejecutivo municipal, que lleva 12 años a la cabeza de Guayanilla, el aumento que elevó su salario a $7,000 iba atado a su decisión de jubilarse en par de meses y ahorrarle al municipio el pago de su salario, pues, al jubilarse, esa responsabilidad recaería sobre el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura.

 El Nuevo Día publicó en su edición de hoy que los alcaldes que llevan 12 años y que antes eran empleados públicos, como en su caso, pueden acogerse a una pensión que representa el 90% de su salario, un cálculo basado en los 36 meses más altos de salario.

De acogerse a la jubilación, el alcalde solo recibiría $1 del municipio, pero aproximadamente $80,000 al año procedentes del Retiro, una de las agencias en peor estado financiero del Gobierno.

"Pero parece que esto no lo entienden muchos empleados, y se detiene porque ha sido difícil que ellos lo hayan podido entender. No entienden que es la activación de un sueldo ya aprobado para uno acogerse al Retiro", reiteró.

El nuevo salario fue aprobado en diciembre de 2008, pero el alcalde detuvo su aplicación con una orden ejecutiva firmada el pasado 18 de diciembre.