El alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez, anunció en la tarde de hoy que presentó su renuncia a la alcaldia del municipio luego de que se declarara culpable ante el Tribunal Federal de San Juan por un esquema de soborno.

A través de su cuenta de Facebook, el ejecutivo municipal aprovechó para pedirle perdón a sus constituyentes por sus actos.

“Perdón, Guayama. Me dediqué al servicio público, ayudé al prójimo y estuve para el que me necesitó en lo que estuvo a mi alcance. Pero, fallé, cometí un grave error del cual me arrepiento profundamente”, expresó Cintrón Suárez en declaraciones escritas.

Igualmente, este indicó que hubiera querido “darle para atrás al tiempo” y no haber cometido el delito por el que enfrentará una pena de cinco años de cárcel. No obstante, reconoció que eso ya no sería posible.

“Me aparté de los valores que me inculcaron mis padres, a quienes les pido perdón. Le he pedido perdón a Dios, quien en su inmensa misericordia me acompaña en este difícil proceso. Le pido perdón a mis hijos, a mis nietas, a mis hermanos, primos, sobrinos, cuñados, a mi suegra, en fin, a toda mi familia”, indicó.

El fiscal Seth Erbe explicó durante la audiencia virtual que su mandato como alcalde de Guayama, entre el 2013 y 2021, mantuvo “una conspiración para aceptar algo de valor” para ser “influenciado” para realizar “una transacción de negocios con un valor mayor a los $5,000″, lo que es una violación a los estatutos federales.

Erbe explicó que, según la investigación, en el 2013 Cintrón Suárez llegó a un acuerdo con un individuo “para recibir comisiones ilegales de $1 por cada pie cuadrado de asfalto” que la compañía de esa persona aplicara en las vías públicas, a cambio de que el municipio le otorgara el contrato.

Agregó que como alcalde “aprobó varios contratos a la Compañía A a cambio de pagos del Individuo A”.

Dijo que también “aprobó facturas de pagos del Municipio de Guayama a la Compañía A, a cambio de las comisiones ilegales”.

Asimismo, el fiscal indicó que en ese tiempo Cintrón Suarez recibió al menos $40,000.

A petición de la jueza, el fiscal explicó que de haber ido a juicio, el Ministerio Público hubiera probado los cargos a través de testigos, así como con prueba física y

La jueza federal Silvia Carreño-Coll autorizó a que quede en libertad condicionada con una fianza de $10,000 “no asegurada”, lo que significa que no tendrá que pagarla en efectivo, sino que la representa a través de una firma y no tendrá que pagarla si cumple con las reglas que le imponga el tribunal.