Alcalde de Comerío busca hacer “frente común” y establecer medidas para evitar cierre de municipios
Máxime para los nueve más afectados por la eliminación del Fondo de Equiparación.
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El alcalde de Comerío, Irvin L. Rivera González, hizo un llamado este miércoles para hacer un “frente común” entre los municipios cuyos presupuestos fueron más afectados por la eliminación del Fondo de Equiparación y así evitar que queden inoperantes al fin del año fiscal.
El funcionario dijo durante una conferencia de prensa que se celebró en la sede de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, en San Juan, que la Liga de Ciudades analizó el efecto de esta reducción paulatina en los 78 pueblos de la Isla. Entre el 50% al 60% de los presupuestos de Comerío, así de como Adjuntas, Barranquitas, Florida, Las Marías, Loíza, Maricao, Maunabo y Orocovis, fueron afectados.
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“Esos son los municipios que más duro le dio la eliminación o la reducción del Fondo de Equiparación”, especificó el alcalde a Primera Hora.
“El plan fiscal no ataca la pobreza, sino ataca a los pobres”, sostuvo al resaltar que gran parte de la población en estos municipios es de escasos recursos o son adultos mayores.
Las situaciones fiscales podrían ocasionar falta de operación de los ayuntamientos al final del año fiscal en junio próximo, realidad que no aplica a todos los municipios en esa lista, ni tan siquiera a Comerío. Al menos, no por ahora.
Eso no altera la seriedad del asunto para el país, subrayó Rivera González, por lo que abogó por la unión entre los ayuntamientos, al igual que del gobierno estatal, para evitar cualquier colapso.
“El peor escenario posible sería que el 1 de julio algún municipio tenga que cerrar y no pueda continuar sus operaciones. No es lo que yo preveo para el municipio de Comerío, pero sí se van a afectar los servicios que recibe nuestra ciudadanía. Es que todo lo que hace el municipio de Comerío son servicios esenciales, porque no tenemos fondos para otro tipo de servicio”, comentó Rivera González, quien también es abogado, economista y notario público.
“Quizás algunos de esos alcaldes dijeron que no tienen ese problema”, reconoció a este medio.
Esto se agrava, admitió a este diario, pues con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, “la línea” es “reducir el gasto” de fondos federales, lo que finalmente repercutirá en la Isla, ya que varios programas del gobierno dependen de este dinero.
“Mi preocupación es el corto tiempo que queda hasta que llegue el próximo año fiscal que debemos establecer o encontrar una solución para que los municipios más pequeños y más afectados por el Plan Fiscal del gobierno podamos garantizar que vamos a segur operativos luego del 1 de julio y vamos a poder seguir dando los servicios que necesitan y merece nuestra gente”, dijo el alcalde, quien antes de asumir el puesto en enero fue el administrador municipal de Comerío por los pasados 13 años.
“A veces me pregunto por qué no escucho a otros alcaldes levantando la voz, porque queda poco tiempo… yo creo que hay que dar un paso al frente y convocarnos todos y sentarnos a la mesa y buscar alternativas y llevar el reclamo todos juntos, porque… no solamente es un problema de Comerío, es un problema del país”, reiteró el político afiliado al Partido Popular Democrático (PPD).
Rivera González procura, además, reunirse con la gobernadora Jenniffer González Colón para discutir la seriedad de la actualidad fiscal y, también, revertir el efecto de la Ley 31-2019. De la misma manera, indicó que quiere resaltar la importancia del desarrollo económico que se distribuye “equitativamente” en municipios fuera del área metropolitana.
“Confío en que nuestra gobernadora, nuestra Cámara, el Senado, nosotros mismos -los alcaldes- vamos a tomar las medidas para evitar esta gran crisis, no (quiero) decir humanitaria, pero en última instancia sería así. Si los municipios cierran, si los municipios dejan de dar servicios, los que se van a afectar son las personas y los residentes de cada municipio”, recalcó.
Responden los alcaldes
Todos los funcionarios municipales con los que Primera Hora conversó descartaron estar en riesgo de quedar inoperantes una vez culmine el año fiscal.
José Hiram Soto Rivera, el alcalde de Adjuntas, indicó que “todavía podemos estirar el chicle” hasta el año que viene.
“En el caso de Adjuntas, todavía podemos respirar”, aseguró, aunque admitió que, en ocasiones, la administración se dificulta cuando se ve en la obligación de asumir “responsabilidades que les corresponden al Estado” para garantizar los servicios a la ciudadanía.
Lo mismo concordó Elliot Colón Blanco, de Barranquitas; Julia Nazario Fuentes, de Loíza; Jesús Colón Berlingeri, de Orocovis; y Edwin Soto Santiago, de Las Marías.
“Cuando llegue el nuevo año fiscal, Barranquitas va a seguir operando con normalidad. Tenemos un superávit de varios millones de dólares que nos (da) la salud fiscal”, afirmó Colón Blanco.
“(Quedar inoperante) no es una realidad para Barranquitas”, repitió el novoprogresista.
“(Loíza no va a quedar inoperante) para este cierre (del año) fiscal ni para el próximo. Podría ser más adelante”, confesó Nazario Fuentes al confiar que los arbitrios y patentes de los más de “$40 millones de proyectos de construcción” encaminados beneficiarán las arcas municipales.
Por su parte, Colón Berlingeri expresó, tanto en declaraciones escritas como en entrevista, que pese a estar en la lista de los “más afectados”, esto no es sinónimo de que el municipio esté en bancarrota. Por lo contrario, aseguró que el ayuntamiento no tiene deudas y que se ha estado preparando, desde el 2017, para esta nueva realidad. Es por esto que la falta de operación tampoco es una realidad para su pueblo.
“Orocovis se fue preparando para esa disminución presupuestaria con iniciativas como la privatización del recogido de desperdicios sólidos y la transportación escolar, la reducción de la jornada laboral, disminución de nuestra nómina, eliminación de celulares, limitación de actividades, un cobro más agresivo de patentes y arbitrios de construcción, y acuerdos colaborativos con agencias, entre otras estrategias”, detalló el también presidente de la Junta de Gobierno del CRIM al mencionar que tiene un superávit de $12 millones.
“Les puedo asegurar que el municipio de Orocovis no está en esa lista de municipios en riesgo financiero. Trabajamos con previsión para evitarlo y hoy estamos tranquilos”, recabó el penepé.
Entretanto, Soto Santiago reconoció el peligro que corre su municipio por múltiples razones, ya sea por la burocracia que atrasa proyectos encaminados hasta la topografía de su pueblo que puede inhibir el desarrollo económico.
“No vamos a quedar inoperantes. Vamos a tener menos presupuesto”, especificó.
“Estamos preocupados. Todo ha sido quitarle a los municipios”, lamentó. “Es una responsabilidad grande que tenemos. Siempre hemos sido precavidos”, agregó.
Todos los que dialogaron con este diario dijeron estar dispuestos a hacer el “frente común”.
“Esto es un asunto de que los municipios somos el primer servicio a las comunidades con nuestra gente. Tenemos que hacer un frente común y eso no es un asunto de colores, porque eso está afectando a municipios de ambos partidos”, manifestó el alcalde de Adjuntas, del PPD.
“Todo lo que sea en beneficio de los barranquiteños lo vamos a hacer. Lo importante es que se continúen con los servicios”, dijo, por su parte, Colón Blanco.
“Tenemos que hacer el frente, pero lo estamos haciendo. A la medida de que el municipio se va a la quiebra, el Estado se va a hacer cargo. El Estado se tiene que hacer cargo”, comentó Nazario Fuentes al reiterar que esto es un problema de país, más allá de los nueve municipios.
“Yo entiendo que sí (hay que hacer un frente común). Todo lo que podamos (hacer) para mejorarnos, estoy de acuerdo. Hay que buscar alternativas para que la recuperación progrese”, señaló Soto Santiago.
Este diario se comunicó con los alcaldes de Florida, Jesús Gerena Polanco; Maricao, Wilfredo Ruiz; y Maunabo, Ángel Omar Lafuente. Al cierre de esta publicación, no recibió respuesta.
La situación de Comerío
Rivera González evidenció en la conferencia de prensa que su municipio opera con un presupuesto de $5,336,889. Sin embargo, al restarle los gastos fijos y estatuarios, que suma a $2,547,048, el presupuesto real operacional para el pueblo es de $2,850,002.
Entre los $2.5 millones, se incluye el pago de PAYGO ($681,400), energía eléctrica ($707,303), la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) ($152,603), seguros de propiedades y responsabilidad pública ($500,00), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ($300,000), el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) ($41,482), programa de contabilidad ($100,000) y auditoría externas mandatarias por ley ($64,260).
Los fondos federales que ha recibido el pueblo tras emergencias, que “se están agotando” y no son recurrentes, incluyen $1,215,075 de fondos de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, en inglés) que estuvieron disponibles hasta finales del 2024 y $2,034,694 de Préstamos Comunitarios por Desastre (CDL, en inglés). Mientras, $1,087,120 son de la Ley 53 para uso exclusivo para el recogido de desperdicios sólidos y $1,000,000 del fondo de servicios esenciales. Rivera González desconoce si continuará contando con estas dos partidas una vez finalice el año fiscal.
Para el año fiscal 2016-2017, al iniciar la reducción del fondo con la eliminación gradual de la aportación del Departamento de Hacienda (una de las fuentes del Fondo) y la Ley 31-2019 (otra fuente del Fondo que repartía el exceso monetario de algunos municipios a otros), Comerío administraba un presupuesto de $10,560,063, que se alimentaba de $6.7 millones del Fondo y $3.9 millones de ingresos propios.
Para mitigar la situación actual, Rivera González estableció un comité multisectorial evaluador de medidas para la estabilización fiscal del ayuntamiento.
“Yo no vengo aquí a pedirle al Estado que nos tire un salvavidas, porque nos corresponde también a los municipios a tomar medidas cada uno dentro de nuestros municipios que garanticen que vamos a tener los recursos que nos permitan seguir operando”, comentó.
Por lo tanto, se establecieron cinco medidas principales para asegurar la continuidad de operaciones del ayuntamiento comerieño: la captación de nuevos ingresos propios, reducción de gastos, identificar nuevos ingresos, trabajar con el CRIM y buscar medidas para impulsar legislación a nivel Estatal.
Para el alcalde, la más importante es “trabajar con el CRIM” para identificar las 3,000 estructuras no registradas.
“En Comerío, sabemos que hay 7,000 estructuras que deberían estar en los registros del CRIM, pero si vamos al CRIM cuántas hay registradas solamente hay 4,000. Así que, hay 3,000 propiedades que están perdidas en el espacio y no es responsabilidad del municipio. El municipio le paga al CRIM el 5% de los recaudos para que sean ellos que hagan el trabajo de registrar las propiedades, tasarlas y traerlas entonces a nuestras bases contributivas y no lo ha hecho hasta ahora”, sentenció al mencionar que ya ha sostenido reuniones para exigir que se cumpla esta tarea mediante un “acuerdo colaborativo” donde empleados municipales se sumarían a la tarea para identificar los edificios.
Rivera González no vislumbra despedir empleados, más sí ha “congelado” plazas según se van retirando o renunciando.
Otra manera de aumentar los ingresos sería cobrar el recogido de basura a los comercios, aunque confesó que no sería un recaudo significativo por la poca cantidad de negocios en el pueblo.