Ante el evidente colapso del sistema de inscripción electoral y el ataponamiento en los centros de registro, el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, se une al reclamo ciudadano y exige a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) extender la fecha de cierre de inscripción hasta el 30 de septiembre y abrir más centros de inscripción en todo Puerto Rico.

“El derecho al voto es un pilar fundamental de nuestra democracia, y no podemos permitir que se limite a nuestra juventud y a nuestros mayores por fallas operativas o falta de capacidad en los centros de inscripción. La estrategia del PNP de bloquear indirectamente el acceso a los jóvenes para que no se inscriban no puede ser permitida. Decir que lo dejaron para último minuto es la excusa más cómoda para justificar lo injustificable”, expresó con firmeza el alcalde.

García Padilla destacó el creciente interés de la población joven en participar en las elecciones generales de noviembre y condenó cualquier intento de poner trabas a este proceso. “Ante el gran interés y el colapso en los centros de inscripción, es hora de hacer lo correcto y extender el plazo, brindando las facilidades necesarias para que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto”.

Además, el alcalde hizo un llamado a sus compañeros alcaldes a unirse en esta lucha. “Invito a todos los alcaldes de Puerto Rico a que se sumen a este reclamo. La democracia hay que defenderla, y no podemos permitir que se cierren las puertas a quienes desean formar parte de este proceso. Los ciudadanos mayores y los jóvenes tienen derecho a participar, y debemos ser facilitadores, no obstáculos”.

La denuncia de colapsos en el sistema de registro ha sido evidente, como lo mencionan todos los medios recientemente, se refleja la frustración de la ciudadanía ante las largas filas y la falta de capacidad del sistema para atender a los electores. “No podemos aceptar excusas ni justificaciones. Es nuestra obligación asegurarnos de que todos puedan registrarse y votar”, concluyó García Padilla.

El alcalde reitera que el proceso electoral debe ser inclusivo, y ningún ciudadano debe ser excluido por fallas logísticas o estrategias políticas.