El alcalde de Ceiba, Angelo Cruz Ramos, le envió el pasado martes una carta al gobernador Alejandro García Padilla para alertarle que los proponentes de administrar la Antigua Base Naval Roosevelt Roads supuestamente quieren controlar hasta el cobro de impuestos, arbitrios y regulaciones, lo que a su juicio establecería en esa zona el municipio 79 de la Isla. 

Según la misiva, copia de la cual obtuvo este diario, la propuesta de la compañía Clark Realty todavía no es final. Pero Cruz Ramos dijo que le preocupa que el gobierno, representado por la Junta de Directores de la Autoridad para el Redesarrollo de la Antigua Base Naval de Roosevelt Roads, esté dispuesto a ceder a las supuestas exigencias que realiza la empresa “aprovechándose de nuestra crisis económica”. 

En los primeros párrafos de la carta, Cruz Ramos le recuerda al gobernador que la Ley federal BRAC establece que el desarrollo y la actividad económica que se realice en una antigua base militar debe beneficiar a los pueblos aledaños, en este caso a Ceiba y a Naguabo.

“Nos ha llegado información de que, aunque no se ha concretado un acuerdo final, todo indica que las exigencias de la empresa Clark no toman en cuenta nuestras necesidades y, más aun, atentan contra los intereses de nuestro pueblo de Ceiba”, indica la carta de dos páginas.

Añade que “señalamos que dicha empresa está exigiendo un sinnúmero de prerrogativas, tanto administrativas como operacionales, que, de ser aprobadas por la Junta de Roosevelt Roads, significaría el establecer de facto el municipio número 79 en dicha localidad. Entre las exigencias de la compañía se encuentra: arrendar por un término de 99 años algunas parcelas, el traspaso total de la titularidad de otras y la creación de un distrito comparable con el Orange County, en Florida, o Palmas del Mar, en Humacao. Con este último, pretenden controlar todo el cobro de los impuestos, arbitrios y regulaciones para cada proyecto que se lleve a cabo allí. De esta forma, ninguna agencia reglamentadora de nuestro país tendría inherencia en las decisiones tomadas”.

El alcalde alegó que una de las pretensiones de la empresa es adquirir la titularidad de 8,500 cuerdas de terreno, al asumir una deuda de $16 millones que tiene el gobierno de Puerto Rico con la Marina de Guerra de los Estados Unidos. 

Tras denunciar esta aparente propuesta de Clark Realty, Cruz Ramos le recalcó a García Padilla que “estas cuerdas tienen un valor incalculable. Tan es así, que en un principio, el Navy puso en subasta una de las parcelas por $25 millones”. 

Asimismo, el alcalde dijo que sería inaceptable que el gobierno ceda a las exigencias de la empresa solo por la precariedad de las finanzas del gobierno.

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