Mientras el alcalde de Carolina José Carlos Aponte rehusó ayer  reaccionar sobre un demoledor informe que recomienda la destitución del gerente de seguridad de su municipio, Juan Ortiz Crespo,   la fiscal de distrito de Carolina, Alma Méndez fue contundente al afirmar que ese funcionario no debe estar en el servicio público.

Primera Hora solicitó hablar con el alcalde acerca del informe que parece estar en vías de ser ignorado por su administración,  y acerca del despido del director de Asuntos Internos, Jesús Zambrana, tras negarse a cambiar el informe.

En su lugar la directora de Asuntos Legales, Carmen Longoria, hizo unas escuetas declaraciones haciendo muecas de desagrado y asegurando que no podía dar detalles acerca de la investigación administrativa contra Ortiz Crepo.

“Nosotros somos puestos de confianza, los puestos de confianza estamos y no estamos, vamos y venimos eso es decisión de uno o de la institución,  o sea, que no tiene que ser a consecuencia de nada”, indicó con los brazos cruzados. 

Luego se negó a decir las razones por las cuales Zambrana habría perdido la confianza del alcalde.

¿Usted no me puede dar detalles sobre el informe que (Zambrana) rindió con relación (a Ortiz Crespo)?  

Nadie en esta institución puede dar información sobre los procesos administrativos.

Sobre las dudas que la abrupta salida de Zambrana arroja en torno a la pureza de la investigación administrativa, tras darse a conocer el contenido del informe, la abogada señaló que no tenía nada que decir.

El informe de 10 páginas relata con detalle que Ortiz Crespo sostuvo relaciones sexuales con la mujer que alega fue violada por él, en su oficina, que tuvo una multa de la Autoridad de Energía Eléctrica por alterar su contador y nunca la objetó y que sostuvo conversaciones de índole sexual desde un celular del municipio con una joven a la que prometió conseguirle trabajo ya que su puesto le permitía tomar esas decisiones.

El documento establece que Ortiz Crespo debe ser destituido. Cuando Zambrana se negó a cambiar el contenido del reporte, fue despedido, aseguró una fuente de entero crédito.

Por su parte, Méndez dijo por separado que no podía asegurar que la presentación en el juicio contra Ortiz Crespo de un informe del Instituto de Ciencias Forenses que establece que era del funcionario el semen encontrado en el cuerpo y la ropa interior de la mujer que alega fue violada, pudiese cambia el fallo de no culpabilidad emitido.

El 13 de mayo de 2015 Ortiz Crespo fue declarado no culpable de los cargos de violación a la Ley de Ética Gubernamental y hostigamiento sexual en el trabajo, pero los datos del ICF no se ventilaron.

El documento científico no desfiló en sala porque la seróloga que lo preparó se mudó de Puerto Rico y no podía viajar durante la fecha del juicio.

Méndez dijo que hacía un año la seróloga estaba fuera del país y en otras ocasiones ha viajado para testificar, sin embargo, en este caso no pudo.

De esa forma explicó porqué no se  citó a la seróloga con tiempo a una deposición.

Sobre la opción de que la experta participara en el juicio por medio de una conferencia la fiscal de distrito señaló que era cuesta arriba utilizar ese método, que es altamente reglamentado y solo se acoje en raras excepciones.

La fiscal de distrito reconoció que los tribunales no han podido implementar la tecnología con la misma rapidez con la que el resto del mundo se ha movido y aseguró que a largo plazo se deberá legislar y reglamentar la posibilidad de videoconferencias.

Méndez enfatizó además que llevó un buen caso criminal contra el gerente de seguridad del municipio.

“Nosotros acusamos al señor Ortiz Crespo porque teníamos el convencimiento legal y moral de que había violado la ley, que había cometido los delitos imputados... existen otras leyes de naturaleza civil que le aplicarían. Nosotros además tenemos el convencimiento de que el señor Ortiz Crespo es una deshonra para el servicio público por sus actos y conductas en el ejercicio de sus funciones y en el uso de la propiedad pública”, declaró.

 Empleados del municipio comentaban por lo bajo que la situación con el gerente de seguridad estaba “caliente”, según relató una fuente a este diario, pero eran pocos los que se atrevían a comentar el caso abiertamente.

Una mujer a las afuera de la alcaldía, que no quiso identificarse y que esperó a que una compañera de trabajo se fuera de su lado para hablar con este medio indicó en voz bien baja: “él (Ortiz Crespo) no debe estar aquí, si infringes la ley no debes seguir trabajando en un puesto así, ellos (el municipio) lo hacen así con los empleados y deberían hacerlo con los jefes”, manifestó.

Una ama de casa, que solo se identificó como Rivera dijo haber leído sobre el caso y opinó que Ortiz Crespo “violó las normas y las leyes”.

“Esas personas así no se deben tener dentro de una administración porque si uno lo hace, rápido lo sancionan, ¿y por qué a los de cuello blanco no? A esos son los primeros que deben hacer que cumplan con la justicia para ellos las cosas son fáciles a los que no tenemos dinero nos hacen las cosas difíciles. Deben sancionarlo de verdad”, reafirmó.