La representante novoprogresista Albita Rivera se indignó con el nuevo capítulo que protagonizó la jueza Inés Rivera Aquino, a quien tuvieron que sacar de la sala el miércoles por comenzar a hablar incoherencias y a cabecear en el estrado en medio de un proceso judicial.

Este hecho y su decisión a principios de mes de casi absolver a un asesino confeso de matar a tubazos a su pareja dieron pie a la también presidenta del Caucus de la Mujer en la Legislatura a solicitar una investigación a la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT).

“La Administración de Tribunales tiene que actuar inmediatamente. No es regalarle un descanso, como trascendió. Esta señora no puede regresar al estrado hasta que se evalúe su patrón errático y si hay otros casos donde se haya actuado de la misma manera. No hay nadie en Puerto Rico, en la comunidad legal ni en el pueblo, que haya salido en defensa del increíble veredicto absolutorio que le regaló al asesino Leslie Javier Álvarez”, manifestó Rivera en un comunicado.

Al sufrir el percance el miércoles, se le concedieron varios días de descanso. No obstante, la Administración de Tribunales destacó que no hay querellas en contra de la jueza superior del Tribunal de Carolina, por lo que no hay pesquisa en su contra ni planes de relocalizarla a una sala civil.

Adelantó que procederá a escribir una carta formalmente a la administradora de Tribunales, Sonia Ivette Vélez Colón, y al juez presidente Federico Hernández Denton para que se investigue porque “esto es algo que le hace muchísimo daño a los tribunales de Puerto Rico”.

“Esto amerita que, definitivamente, no es mandarla de vacaciones, es a trabajar con ella para ver si hay un problema mayor, si está pasando por un trauma, por las razones que sean, que la incapacitan para hacer un trabajo como es debido y sacarla de sala, que no siga funcionando como una juez. No esperar a que una legisladora o un periódico lo diga, debe ser ellos (OAT) que tomen acción”, dijo Rivera.

Esta situación -catalogada como “maroma” por Rivera- y su determinación de encontrar culpable a Álvarez por homicidio y no por asesinato en primer grado por la muerte de Carolyn Sánchez, luego que confesara que la asesinó a tubazos el 2 de abril de 2010, “confirman su incapacidad para, responsablemente, llevar a cabo sus funciones como miembro de la Judicatura de Puerto Rico”.

“Lo dije inmediatamente que se hizo pública su disparatada y cruel decisión en cuanto al asesino confeso. Una persona que habiendo leído una de las confesiones de asesinato más brutal, sangrienta y despiadada jamás vistas, libera al sujeto de la justicia por la trastienda, está obviamente incapacitada para ejercer las funciones que el Estado confió en ella”, agregó la representante.

Rivera insistió en que, con su acción, la jueza “no sólo se burló de la justicia y de la toga que juró honrar, sino que se burló de la familia de la víctima y de todo el pueblo de Puerto Rico”.

“Se burló del pueblo y, en especial, de las mujeres. Y lo que es peor, envió un mensaje equivocado a la comunidad, a las mujeres que sufren día a día el horror del maltrato, y a los cientos de agresores que caminan por nuestras calles campeando por su respeto y atacando a nuestras mujeres… Esta mujer ignoró la evidencia, minimizó el asesinato y desapareció al criminal”, añadió la legisladora penepé.

La sentencia en el caso de Álvarez está pautada para el 19 de septiembre. Pero el convicto podría cumplir en probatoria por la rebaja del cargo y porque la jueza lo absolvió de los cargos de Ley de Armas, escalamiento y destrucción de evidencia.

Jueza en la mira

Rivera Aquino fue nombrada jueza por el ex gobernador Pedro Rosselló el 2 de octubre de 2000, y su nombramiento vence el 1 de octubre de 2012.

Al momento, se encuentra bajo el Programa de Protección y Asistencia a Testigos desde 2008 por un caso de violencia doméstica que sometió contra su ex esposo, José A. Carrasquillo Rodríguez.

Desde entonces, recibe escolta de un agente del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), aun cuando el caso se archivó en julio pasado.

Una vez el Departamento de Justicia reciba el resultado de una solicitud de reconsideración con respecto a unas órdenes de protección recíprocas que se emitieron en el caso luego de ser archivado, se determinará si se elimina la escolta.

En 2007, la jueza acusó al entonces juez administrador del Tribunal de Carolina, José Loubriel Vázquez, por hostigamiento sexual. La querella se archivó en 2008.