El cabildero y presidente de la empresa Azur, Alberto Velázquez Piñol, se declaró no culpable hoy de los cargos que se le imputan a nivel federal por un gran jurado federal junto a otros exfuncionarios públicos.

El ejecutivo se presentó hoy al Tribunal de Distrito Federal, en Hato Rey, esto luego de que ayer se entregara a las autoridades federales en Connecticut y pagara una fianza de $100,000 por los 20 cargos por corrupción que le imputaron.

El juez Bruce McGuiverin determinó hoy que el excontratista saldrá en libertad bajo fianza bajo con las condiciones impuestas en el estado de Connecticut. Entre otras cosas, le quitaron el pasaporte de los Estados Unidos y otro europeo que posee.

Además, su abogado Edgar Vega Pabón informó a su salida del Tribunal que debe “reportar cualquier viaje y los estándares que se imponen en estos casos”.

Desde que se marchó de la Isla, tras la cancelación de los contratos, había cambiado de direcciones en varias ocasiones, por lo que las autoridades no pudieron localizarlo de inmediato ayer.

Finalmente, según Douglas Leff, director del FBI en la isla, indicó que el acusado se entregó en una oficina de la Oficina de Alguaciles Federales en Connecticut.

Sin embargo, el abogado alegó que las autoridades federales nunca buscaron al acusado.

“Él se entregó. Nunca llegaron. Él estaba esperando el arresto y como no llegó quisimos cumplir y él se entregó en el tribunal de Connecticut”.

Asimismo, Vega Pabón indicó que “se establece que no se ha cometido delito (como parte del procedimiento inicial del caso), pero eso se verá en el juicio finalmente”.

“Tiene 45 páginas el ‘indictment’ (pliego acusatorio). Para serle honesto, no me lo he leído con detenimiento. Con calma lo evaluaremos, vamos a analizar las imputaciones que se hacen. Es un caso que va a envolver mucho análisis legal, muchas mociones, hay muchas cuestiones de derecho que va a haber que estudiar y veremos al final si constituyen o no delito, a lo mejor no, vamos a ver”.

Velázquez Piñol está acusado junto a la exsecretaria de Educación, Julia Keleher; la exadministradora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Angie Ávila; el presidente de la firma de contabilidad y consultoría, BDO, Fernando Sherrer Caillet; la contratista Glenda Ponce Mendoza y su hermana Mayra Ponce Mendoza por participar de, al menos, uno de tres esquemas de fraude en Educación y una en ASES.

Al sexteto se le radicaron un total de 32 cargos por conspiración, robo, fraude electrónico, lavado de dinero y participar de transacciones monetarias con propiedad derivada de actividades ilegales específicas.

Según alegan las autoridades federales, Velázquez Piñol cobró una comisión por conseguirle contratos a la empresa BDO Puerto Rico.

En Educación, según informó ayer la jefa de la Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, el acusado recibió un pago de $219,059 por lograr contratos por $13 millones. Mientras, en ASES el pago que le hizo BDO con fondos federales por sus cabildeos para obtener los contratos fue de $710,000.