Al Supremo por la quiebra criolla
Someterán un recurso de certiorari porque, según el Departamento de Justicia, Puerto Rico ostenta el poder de legislar en temas de quiebra de las corporaciones del Estado.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 9 años.
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La determinación del Primer Circuito de Apelaciones de Boston sosteniendo la declaración de inconstitucionalidad que emitió previamente el Tribunal Federal, Sala de San Juan, contra la llamada Ley de Quiebras criolla, será impugnada ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, anunció hoy, jueves, el secretario de Justicia, César Miranda.
La decisión de acudir mediante recurso de certiorari es producto de un análisis ponderado en el que se concluye que Puerto Rico ostenta el poder de legislar en temas de quiebra de las corporaciones del Estado, toda vez que el Congreso de los Estados Unidos, excluyó a la Isla de la aplicación del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, dijo Miranda en declaraciones escritas. El gobierno de Puerto Rico cuenta con un término de 90 días para radicar la petición de certiorari ante el más alto foro judicial de Estados Unidos, señaló el titular de Justicia.
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“Acudiremos ante el Supremo federal por entender que la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito es errada al adjudicar como válido un ejercicio irracional del Congreso al excluir a Puerto Rico de la aplicación del capítulo 9 del Código de Quiebras federal”, sentenció.
“Esta acción –sin fundamento alguno en el historial legislativo congresional– continúa perjudicando muy seriamente los intereses de Puerto Rico. Es arbitrario porque no existe una razón concebible para que Puerto Rico se encuentre desprovisto de un instrumento que le permita una negociación ordenada de la deuda pública”, sostuvo.
El secretario de Justicia opinó, además, que la presente acción se torna sumamente apremiante ante la declaración conjunta formulada por el Comité Judicial y por el subcomité para la reforma Regulatoria, Comercial y Antimonopolio, referente a que en el Congreso no se cuenta con los votos para adelantar el proyecto HR 870 que extendería a Puerto Rico la aplicación del Capítulo 9 del Código Federal de Quiebras.
El propósito de la Ley 71 de 2014 es reestructurar equitativamente las deudas de las corporaciones, al tiempo que garantiza a la ciudadanía la prestación de los servicios esenciales, recalcó.
La mencionada ley local fue anulada por el juez federal Francisco Augusto Besosa, que la declaró inconstitucional al concluir que esa área es campo ocupado por la legislación federal y solo el Congreso de Estados Unidos puede legislar sobre la misma.
La determinación del juez Besosa fue producto de un pleito presentado por las empresas Blue Mountain Capital Management LLC y Franklin California Tax-Free Trust, que tienen activas en sus carteras de inversión deudas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El Primer Circuito de Apelaciones de Boston confirmó la decisión utilizando los mismos argumentos.
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