Dos proyectos de la Cámara de Representantes, el que aumenta el salario base a los meseros (PC 1133) y el que busca sustituir el impuesto a las empresas foráneas (PC1367) pasan a la agenda del Senado, en la recta final de la sesión ordinaria.

Ambas medidas fueron aprobadas en la Cámara de Representantes en horas de la madrugada de hoy. La cámara baja levantó sus trabajos cerca de las 3:00 de la mañana de hoy miércoles.

El Proyecto de la Cámara 1133, que obtuvo 40 votos a favor y cuatro en contra, dispone que el salario base de los meseros y de otros trabajadores que dependen de propinas, siempre alcanzará el 50% del salario mínimo vigente.

La medida, de convertirse en ley entrará en vigor en enero de 2023 y dispone que cualquier aumento al salario mínimo será de aplicación automática para este grupo de la fuerza trabajadora, explicó el representante Orlando Aponte Rosario, uno de los cuatro autores de la pieza legislativa. Aponte Rosario detalló que de $2.13 el salario les aumentaría a $4.25 la hora.

El proyecto de la Cámara 1367, que propone renovar el marco tributario industrial, recibió 40 votos a favor y cuatro en contra. El proyecto bipartita, del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP), busca identificar el mecanismo para sustituir los casi $1,700 millones que produce el arbitrio de 4% a las empresas foráneas y deja la puerta abierta para que las empresas continúen tributando bajo las reglas que expiran este año.

La medida persigue enmendar el Código de Rentas Internas y leyes sobre incentivos fiscales “para crear certeza sobre un sistema contributivo que ayude al país a tributar el dinero que necesita para lograr su desarrollo”, explicó el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, quien presentó un informe positivo de la medida.

“Dentro de este consenso, debe salvaguardarse la competitividad de Puerto Rico, como destino que desea retener y atraer inversión de capital en manufactura, tan esencial para la estabilidad económica y fiscal de nuestro pueblo”, expresó durante el debate de madrugada.

Uno de los votos en contra fue del representante independentista, Denis Marquez Lebrón, quien dijo que le iba a votar a favor, pero la medida fue enmendada “para añadir lo de la Ley 22 y no tiene que ver nada con el proyecto”. Sostuvo además, que la medida no atiende “el problema de que ese modelo es un mantengo contributivo, sin ningún tipo de fiscalización, no genera empleos y es en detrimento de las comunidades”.

“Lo que se hizo fue equiparar el inversionismo con el de la Ley 22, en un tema contrario, que era de ponerle contribuciones a las foráneas de cara a los cambios de la ley federal. A eso que ha sido una propuesta histórica del PIP, yo estaba dispuesto a votar a favor”, sostuvo Márquez Lebrón.

Mientras tanto, en el Senado hoy, el presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, llevó a cabo una vista pública para indagar sobre las alternativas que puedan sustituir los ingresos que produce al fisco el arbitrio sobre las ventas de las corporaciones foráneas en Puerto Rico.

Si el Senado con concurre con la versión aprobada en la Cámara, la medida pasaría a un Comité de Conferencia para lograr acuerdos entre ambos cuerpos (Cámara y Senado), el componente fiscal del gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal.

“No podemos caer en la trampa de ver este proyecto como cuadre de caja… [Lo que] estoy tratando de sacar de estas vistas es crear un balance entre la salud financiera del país y mantenernos competitivos”, indicó Zaragoza Gómez.

En 2019, el entonces Secretario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Steve Mnuchin, solicitó al gobierno de Puerto Rico un plan que permitiese iniciar la eliminación progresiva del crédito federal al arbitrio que impuso la Ley 154-2010 a las corporaciones foráneas, reclamando que no es compatible con las disposiciones federales actuales, tras reformarse la manera en que tributan las empresas con operaciones fuera de los Estados Unidos en el año 2017.

La Ley 154-2010 impuso un arbitrio sobre las ventas de las corporaciones foráneas en Puerto Rico (que les beneficia con el reconocimiento de un crédito federal de 100%), lo cual genera al gobierno alrededor de $2,000 millones anuales, que equivalen a un 22 por ciento de los ingresos totales al Fondo General, que fluctúa en los $9,000 millones.

Para viabilizar las alternativas que puedan sustituir la Ley 154, la comisión senatorial citó al Departamento de Hacienda (DH), al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), a la Asociación de la Industria de Farmacéutica de Puerto Rico (PIA, por sus siglas en ingl’es) y la Asociación de Industriales. El DDEC se excusó de los trabajos.

Durante su ponencia, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, informó que los recaudos ingresados al fisco bajo la Ley 154 representan alrededor de 16% de la base contributiva que ingresa al Fondo General.

“Aparte de la aportación a los recaudos del gobierno de Puerto Rico mediante el pago de las contribuciones antes mencionadas, el sector manufacturero del País inyecta nuestra economía con la creación de múltiples empleos directos e indirectos e inversiones de capital. Por lo tanto, es de suma importancia considerar los potenciales cambios en el tratamiento contributivo federal sobre estas entidades que pongan en riesgo su permanencia en Puerto Rico y, por consiguiente, el recaudo del arbitrio”, sostuvo Parés Alicea.

El Titular de Hacienda indicó que “resulta medular” que la transición de la Ley 154 que propone el PC1367 se lleve a cabo en una medida separada e independiente de las demás enmiendas contributivas que están siendo evaluadas por esta Asamblea Legislativa. “Conforme a conversaciones llevadas a cabo con el Tesoro Federal, las guías que estarían emitiendo para propósitos de atender la acreditación del nuevo régimen contributivo de las compañías harían referencia directa a la ley aprobada para la transición”, dijo.

“Si esta medida es consistente con el Plan Fiscal, por más reparos que pueda tener la Junta, en el balance de las cosas estamos en buena posición para combatir e implementar una ley… No, nos podemos dar el lujo de tener una pieza legislativa (que no sea) implementable; ya sea porque viole los acuerdos con el Tesoro Federal, ya sea porque viola el principio de neutralidad fiscal incluida en el Plan. Mi invitación a la Rama Legislativa es que logremos ese consenso de poder tener una pieza legislativa presentable ante el Tesoro Federal y que sea implementable dentro del contexto de PROMESA”, agregó el funcionario.