En medio de la crisis de seguridad que atraviesa Puerto Rico, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha sido blanco de críticas negativas de diversos sectores, incluyendo el Gobierno, por las alegadas restricciones financieras que mantiene sobre el Departamento de Seguridad Pública (DPS), bajo el cual funcionan la Policía, el Sistema de Emergencia 9-1-1 y otras agencias de primera respuesta. 

La entidad reglamentadora creada por el Congreso de los Estados Unidos bajo la Ley Promesa, se defendió de las acusaciones explicando que ve la seguridad pública como algo prioritario y que no interviene en las reasignaciones que hace el Gobierno para destinar más recursos al DPS. 

A preguntas de Primera Hora, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, explicó que considera “la seguridad pública una prioridad, y de hecho (la Junta) ha tomado en cuenta las opiniones del gobierno y de sus asesores que desarrollaron el borrador del plan estratégico para reformar la Policía y convertirla en una más eficiente”. 

Sobre las restricciones financieras al DSP y la Policía, la JSF indicó que “solo exige que se cumpla con el Plan Fiscal Certificado y el Presupuesto del Fondo General. Si hay algún cambio en las prioridades de financiamiento dentro del Presupuesto del Fondo General, el gobierno puede hacer un pedido de reasignación a la JSF”. 

La JSF agregó que está “en la mejor disposición de considerar cualquier solicitud de reasignación de fondos para el DSP, dentro de las fuentes de financiamiento disponibles en el Presupuesto del Fondo General”. 

Entre sus varios objetivos, la JSF busca que Puerto Rico pueda pagar su deuda pública. Esos pagos ponen más presión al gobierno, y sus agencias, y podrían terminar contribuyendo también a la situación de falta de seguridad. 

Primera Hora le preguntó cómo encaran ese dilema. 

“El Plan Fiscal Certificado es un plan que balancea el presupuesto, mejora la eficiencia en los servicios, y pone a la Isla de vuelta en la ruta para conseguir acceso a los mercados, según lo exige la Ley Promesa. El plan Fiscal no es un plan de austeridad”, respondió la JSF. “El plan otorgó un aumento salarial de $1,500 para cada policía y separó $122 millones por año durante los próximos tres años, suficiente para pagar las deudas que se le deben a los policías de años anteriores, y también separó $14 millones para garantizar la porción que tiene que pagar el patrono de los policías que entren al Seguro Social”.

La JSF también destacó que “exige al Gobierno que logre una reducción responsable de su tamaño”. 

El ente federal también abordó la problemática de los pobres salarios y pensiones dentro de la Policía y otras agencias como el Negociado de Ciencias Forenses, que contribuyen al éxodo de personal que están experimentando. 

“La JSF no ha puesto límites a los salarios, sino al gasto total en personal y no personal, según dispone el Plan Fiscal Certificado. De hecho, el presupuesto de la Policía para el año fiscal 2019 es de $710,706,000, comparado con los $690,898,000 del año fiscal 2018, sin incluir el pago de pensiones bajo el nuevo sistema Paygo, pero incluyendo los aumentos salariales que totalizan $18 millones”.

“Además, dado que la JSF respalda la inclusión de policías y maestros al sistema del Seguro Social, el presupuesto de este año incluye $14 millones para la aportación patronal de los policías de menos de 40 años que se integrarán al Seguro Social, ofreciéndoles así un importante beneficio adicional. Además, el Plan Fiscal otorga $122 millones por año durante tres años para pagar las deudas atrasadas a la Policía”. 

“En cuanto a las pensiones, el fondo del Sistema de Pensiones tenía una deuda de $52,000 millones. El Sistema de Pensiones carece de fondos, y por tanto insolvente. Y sin acciones por parte de la JSF y el Gobierno, no habría pensiones. Tal escenario sería devastador para los retirados y sus familiares, y tendrían un impacto negativo en la economía de Puerto Rico. Con eso en cuenta, la JSF y el Gobierno primero transicionaron a un sistema de pensiones PayGo en el que más de $2,000 millones en beneficios se pagan del Fondo General, y la JSF ha puesto en marcha su reforma de pensiones para reducir las futuras obligaciones del gobierno en pensiones. La política de la reforma de pensiones de la JSF está estructurada de manera progresiva, para proteger a los retirados de menos ingresos. Por ejemplo, ningún retirado que reciba beneficios por debajo del nivel de pobreza federal verá reducción alguna en sus beneficios, y la cuarta parte de los retirados no experimentará reducción alguna en sus pensiones”.