AGP repudia conducta de seis jueces del Supremo
Indicó que los jueces "se están poniendo en la posición de ser enemigos interiores el país".
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 11 años.
PUBLICIDAD
La respuesta del gobernador Alejandro García Padilla a la decisión del Tribunal Supremo de declarar inconstitucional varias partes de la reciente enmienda a la Ley de la Judicatura no se hizo esperar y este miércoles presentó un proyecto de ley ante ambas cámaras que corregiría reparos en torno a la citada ley.
De paso, el primer ejecutivo repudió la conducta de seis jueces asociados del Tribunal Supremo que favorecieron declarar inconstitucional mediante una resolución parte de la Ley 18 del 15 de mayo de 2013.
En conferencia de prensa en La Fortaleza, García Padilla presentó el proyecto de ley que corregiría reparos en torno a la citada ley, de la autoría del presidente del Senado, Eduardo Bhatia, y estimó que la medida debería ser considerada por los cuerpos legislativos sin mayores dilaciones.
"Los países a veces tienen enemigos interiores. En esta ocasión (los seis jueces) se están poniendo en la posición de ser enemigos interiores del país", opinó García Padilla al repudiar que esos seis jueces, todos nombrados por el exgobernador Luis Fortuño, esbozaran argumentos políticos en lugar de resolver conforme a derecho el caso en cuestión.
Los restantes jueces asociados, incluyendo el presidente actual del Supremo, Federico Hernández Denton, han sido nombrados por gobernantes afiliados al Partido Popular Democrático.
Aunque reconoció que la decisión del Tribunal Supremo no tiene carácter final y firme, García Padilla no descartó un impacto negativo de la misma en relación a cambios aprobados en el principal sistema de retiro de empleados públicos, así como en la clasificación del crédito gubernamental.
"No debe haber degradación del crédito, pero si el Tribunal Supremo provoca la degradación del crédito, voy a hacer todo lo posible por evitarlo. Si el crédito de Puerto Rico se va a chatarra por una determinación como esa, (del Tribunal Supremo) la responsabilidad caerá exclusivamente sobre los hombros de esos seis habitantes de este país", sentenció el mandatario.
El proyecto de administración presentado este miércoles en la tarde por La Fortaleza recomienda enmendar el artículo 3.002 de la Ley de la Judicatura y ajustar las Reglas de Procedimiento Civil para revisar la competencia original y apelativa del Tribunal Supremo.
La legislación tendría caracter prospectivo, por lo que no aplicaría a la ley de cambios en el Retiro aprobada recientemente. Las enmiendas a la Ley de la Judicatura producto del proyecto de Bhatia aplicaban a casos que ya estaban ante la consideración de los tribunales.
La medida se centra en los autos de certificación, que es un recurso que permite pedir intervención directa del Tribunal Supremo, pero incluye disposiciones para garantizar que esa intervención en apelaciones se produzcan cuando ya se han efectuado audiencias y existe un expediente del caso.
La exposición de motivos del proyecto de administración resume parte de la doctrina jurídica de la Constitución del Estado Libre Asociado y alude, entre otros aspectos, a la Sección 19 del Artículo III sobre la facultad exclusiva de legislar de la rama Legislativa. Además, alude al Artículo V sobre el poder judicial, que se refiere a la competencia de los tribunales.
Establece también la intención de enmendar la Ley de la Judicatura para "modificar la competencia apelativa del Tribunal Supremo a los fines de evitar dilaciones y costos que atenten contra la económica procesal y la resolución rápida de los casos".
También dispone que es la intención de la legislación "fomentar que los procesos judiciales se ponderen en sus méritos de forma adecuada". Por eso, propone "limitar la competencia del Tribunal Supremo para revisar las actuaciones interlocutorias del Tribunal de Apelaciones en casos civiles y las sentencias y resoluciones del Tribunal de Apelaciones sobre asuntos de naturaleza interlocutoria procedentes del Tribunal de Primera Instancia en casos civiles".
Además, propone ajustar la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, para "fomentar que los casos se diluciden adecuadamente mediante los procedimientos ordinario judiciales y, más aún, para asegurar que al atender un caso, el Tribunal Supremo tenga ante sí la prueba presentada por las partes en apoyo a sus alegaciones".
Repudia argumentos "políticos" de los jueces
García Padilla subrayó que el sexteto de jueces se equivoca en su decisión porque el Tribunal solo tiene facultad para interpretar leyes, pero no para enmendarla y procedió a citar directamente la disposición constitucional al respecto.
"En cuanto a su determinación, yo les voy a leer lo que dice la Constitución porque parece que esos seis jueces no la leyeron. Dice y cito, 'el Tribunal Supremo, cada una de sus salas, así como cualesquiera de sus jueces, podrá conocer en primera instancia, de recursos de habeas corpus y de aquellos y otros recursos y causas que se determinen por ley", subrayó el Primer Ejecutivo.
"La única circunstancia que por la Constitución, el Tribunal Supremo tiene capacidad, competencia, que es la palabra jurídica, es el habeas corpus, en toda las demás es si se les da por ley", argumentó al insistir en que "el Tribunal Supremo está limitado por la Constitución. Ellos (los jueces) la interpretan, pero no pueden enmendarla y como Gobernador de Puerto Rico que sepan bien que juré defenderla contra todo enemigo exterior o interior y la voy a defender", sostuvo.
Al repudiar a los jueces por entender que esbozaron argumentos políticos, en lugar de resolver conforme a derecho, alegó que "eso nunca se había visto en este país", aun cuando el Supremo tenía jueces como Baltasar Corrada del Río o José Trías Monge, entre otros, vinculados directamente al PNP y al PPD, respectivamente.
"Voy a defender el crédito de este país contra la politiquería que ellos han decidido asumir. Voy a defender el país y voy a defender la Constitución", recalcó al responder a críticas adversas de que el proyecto de Bhatia no se llevó a vistas y destacar que precisamente los ciudadanos demandantes carecerían de audiencias judiciales en casos importantes, de no enmendarse la Ley de la Judicatura como es el interés de su administración.
"Cuando un caso sube por certificación al Supremo, impide que las partes tengan su día en corte, que presenten prueba, que presenten testigos y los interroguen. Lo que ellos están tratando de evitar es que en casos que a ellos les interesan, que a esos seis jueces les interesan, se vaya donde ellos sin que tengan día en corte, sin que se pase prueba y esa es la vista que yo estoy protegiendo, la vista en sus méritos de un caso", dijo García Padilla.
Después de entregar copia del proyecto recién referidos a las cámaras, insistió en que "la vista que yo quiero que se dé es la de cada puertorriqueño y cada puertorriqueña que quiera vindicar un derecho, que tenga su caso en corte, ante un juez imparcial o ante un jurado y pueda allí ir con su abogado, presentar su prueba, sus testigos y defenderse".
"Esa es la vista que yo quiero presentar y la que ellos quieren que no se dé, en casos que a ellos les interesan, para entorpecer la gestión del gobierno, pues lo repito yo juré defender la Constitución y en ese juramento no está por cliché o por poesía que es contra cualquier enemigo exterior o interior", subrayó.