A pesar de que opositores a una gigantesca torre de telecomunicaciones en el barrio Indios, en Guayanilla, alegan que la construcción se desarrolla en terrenos inundables, que no se ha hecho una evaluación de impacto ambiental y que la antena quedaría muy cerca de la comunidad, funcionarios de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), de la Junta de Planificación y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) justificaron el proyecto hoy en una vista pública en la Cámara de Representantes.

Las agencias indicaron que el proyecto cae en la clasificación de “exclusión categórica”, que no requiere una declaración de impacto ambiental (DIA) y bajo la cual se alega que la enorme antena “no tiene un impacto significativo”.

El DRNA, representado por el abogado Samuel Acosta, dijo que la agencia categorizó el proyecto como hábitat natural con bajo potencial de convertirse en hábitat esencial, hábitat de alto valor ecológico o hábitat de valor ecológico (categoría 6). “Se determinó que no era un hábitat de gran valor ecológico”, sostuvo Acosta. Dijo que la agencia llegó a esa conclusión “por una evaluación de diversos documentos que se le presentan al Departamento”.

Como parte del proceso, indicó que un ingeniero contratado por el proponente del proyecto “presenta unos documentos y el DRNA tiene otras fuentes de información para hacer la evaluación completa del hábitat”.

No obstante, el funcionario dijo que es OGPe la agencia que hace la determinación de otorgar o no el permiso de construcción. “Cuando el impacto es mínimo y se permite que se presente el cumplimiento ambiental por ese aspecto, un ingeniero (del solicitante) le hace la determinación, se la presenta a la agencia de permisos (OGPe) y ellos son los que van a hacer la determinación. La ley le dio esa facultad a la OGPe, no somos nosotros los que hacemos esa evaluación”, alegó.

Tanto el DRNA como, Edmée Zeidán, de la División Legal de OGPe y el director de la División Legal de la Junta de Planificación, Héctor Morales, reconocieron que sus evaluaciones se fundamentan en las recomendaciones de un ingeniero contratado por el proponente.

Morales, dijo que la Junta de Planificación tenía una querella contra el proponente que se radicó en noviembre de 2022, pero fue archivada. “En el momento en que el inspector fue a investigar la querella, no había construcción, ni desarrollo, no había absolutamente nada en el predio, solo el letrero”, sostuvo.

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), José “Cheito” Rivera Madera, quien reside en el área del proyecto y hace unas semanas fue arrestado por detener en los predios camiones con mezcla de hormigón, cuestionó la inclusión del proyecto en exclusión categórica.

“El proponente dice que ellos basan la petición de exclusión categórica en dos puntos de la orden administrativa 2021-2. Uno de ellos, dice que el uso ministerial del terreno lo permite y el número dos dice, que como es un sistema de internet también se permite, pero tiene dos errores: la torre de comunicaciones no es exclusiva de internet. Se les olvidó mencionar la comunicación celular y no puede tener un uso ministerial de la tierra si estás dentro de un lugar que es inundable”, reclamó Rivera Madera.

“No hay una DIA ni una evaluación ambiental. El ingeniero contratado por ellos dijo que esto era así y ese es un ejercicio por fe. El profesional autorizado trabaja de esa manera. Le voy a pedir a la Junta de Planificación que reabra el caso porque entendemos que no se podía dar una exclusión categórica”, expresó el legislador.

Si la Junta se sostiene en que dar el visto bueno al proyecto, Rivera Madera anunció que irá al tribunal con un recurso legal contra la Junta de Planificación y OGPe.

“A prima facie se ve que hay un problema con la otorgación de las exclusiones categóricas para este tipo de proyecto de antena de telecomunicaciones. Hay como un bache en la ley que en todos estos casos se ha interpretado a favor del proponente y nunca a favor de las comunidades. En este caso de Guayanilla se habla de que es una zona de conservación, aunque es tipo 6, que tiene algún tipo de inundabilidad, pero se sigue hablando de un uso ministerial al que se hace mención cuando se pide la exclusión categórica. Vamos a llevar una queja ante la Junta de Planificación como voz de la comunidad que también representamos. Vamos a ir los canales, sino vamos a los tribunales”, sostuvo.

“Tener una exclusión categórica en Puerto Rico era bien difícil para todos los proyectos pedían una DIA, ahora estas torres de telecomunicaciones brincan esos procesos y van a permisos de construcción. Lo que queremos es ver es que hayan cumplido con lo que dice la ley y segundo, esto no puede seguir sucediendo en las comunidades más desventajadas porque esto no sucede en otro lugar que no sea con la gente que no puede defenderse porque el proceso es tan difícil que al final del día no tienen el dinero para poder pagar una representación legal”, agregó Rivera Madera.

Cuestionó la determinación del DRNA, de declarar que el impacto al hábitat es mínimo. “Les pregunté de cuándo era su mapa de inundabilidad porque todo ese hábitat ha cambiado desde el paso del huracán (María), los terremotos. Es es un sitio completamente diferente. La NASA habla de que la costa de Guayanilla bajó ocho pulgadas luego de los terremotos. Esos mapas, si los que están aplicando desde antes que sucediera todo eso, están totalmente equivocados”, indicó. Añadió que tan pronto hicieron el hoyo para comenzar a poner cemento a los dos pies se les llenó de agua. Ahí hay un humedal”, dijo.

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón cuestionó la proliferación de estas antenas de telecomunicaciones en distintos puntos de la isla. Inquirió información sobre el número de antenas y sobre cuántos proyectos han sido auditados, pero ninguno de los funcionarios la tenía a la mano. “Si viviéramos en estas comunidades donde le enjorquetan las torres estas estaríamos poniendo el grito en el cielo”, expresó Márquez Lebrón.