El gobierno podría tomar medidas adicionales sobre las finanzas del comité de campaña de Ricardo Rosselló, que ayer se determinó que debe restituir al Departamento de Hacienda cientos de miles de dólares por fondos públicos para pagar guaguas usadas por su estructura electoral, incluyendo referidos a agencias federales o estatales.

El contralor electoral Walter Vélez, cuya oficina dictaminó ayer que el comité debe restituir más de medio millón de dólares al Departamento de Hacienda, dijo que  “de la revisión o auditoría que nosotros realizamos nosotros no encontramos ningún elemento, evidencia o asunto hasta este momento que yo tenga que determinar que tengo que referir este asunto a una entidad federal o al Departamento de Justicia”.

Pero, luego explicó que recae en la Oficina del Contralor de Puerto Rico -no a la Oficina del Contralor Electoral (OCE)- determinar si lo que corresponde es hacer referidos por el uso de fondos públicos sobre esos vehículos de la campaña pagados con fondos públicos.

“Ese asunto lo está atendido la contralora (Yesmín Valdivieso)”, dijo Vélez.

Por su parte, la contralora se limitó a hacer unas escuetas declaraciones escritas.

"Como es nuestra norma en la Contraloría, estamos esperando por el memorando legal de parte de nuestra oficina de Asuntos Legales para determinar el curso a seguir en cuanto a posibles referidos por los hallazgos, así como por los responsables”, indicó.

Ayer, Valdivieso dijo que la pesquisa sobre este caso estaba abierta, y en NotiUno se mostró sorprendida de que funcionarios de La Fortaleza hayan ocultado los vehículos.

El contralor electoral se negó a comentar si el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) ha solicitado información a su oficina sobre el comité de campaña de Rosselló, como se publica en versiones de prensa. Supuestamente los agentes federales indagan sobre el pago con fondos públicos de vehículos alquilados por el comité de campaña política de Rosselló.

Pero, Vélez reiteró que sí ocurrió el pago de las guaguas de campaña política con fondos públicos. Dijo que se trató de vehículos alquilados originalmente para la campaña política y, tras el resultado electoral, Rosselló expresó interés en seguir usándolas para fines oficiales pero “trataron de cambiar (el contrato de la campaña al gobierno), pero esa nueva contratación no se finiquitó, y se siguieron haciendo los pagos con fondos públicos”, sostuvo.

El gobierno pagó $229,063.30, con fondos públicos para esas guaguas de campaña. La Oficina del Contralor electoral determinó ayer que el comité de Rosselló debería restituir ese dinero al Departamento de Hacienda. Además de esa partida, el comité debe rembolsar otros $296,600.22, en donativos recaudados en el periodo en que aspiró a la reelección, entre el pasado 3 de marzo y 21 de julio, y que al renunciara su candidatura están obligados a devolver. Ambas partidas totalizan $525,663.52 que deben pasar del comité al fondo general

El artículo 264 del Código Penal castiga con hasta 8 años de cárcel la malversación de fondos públicos y el artículo 12.015 castiga con hasta 3 años de cárcel el uso indebido de fondos públicos para el uso de un comité de campaña.

Vélez dijo que OCE podría tomar medidas adicionales sobre el comité de campaña de Rosselló. Explicó que, tras la transferencia a Hacienda de $525,000, le quedan unos $171,926 en sus arcas. Si al 30 de diciembre Rosselló no anuncia una candidatura propia, la OCE evaluará deudas que queden pendientes y donaciones a otras campañas, con un máximo de $2,800 por candidato, para determinar cuánto de ese dinero debe pasar al fondo general.