A juicio de la administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado, el gobierno ha cometido dos negligencias a la hora de embarcarse en el proceso de compra de una guagua blindada para el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares a un costo de $245,000, la cual todavía no ha llegado a la Isla y para la que no se tiene un uso práctico.

El ambiente no es muy alentador, pues se teme que la controversia pueda acabar en un caso judicial para lograr que la empresa que fabricó la guagua, Texas Armoring, se la entregue al gobierno. Mercado aceptó que en un escenario como este se perdería mucho más dinero en esta compra “imprudente”, según la describió.

Previo a participar en las vistas de transición, que se realizan en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce, la administradora dijo que en esta compra de la guagua blindada “yo veo dos posibles negligencias, desde la imprudencia de solicitarla sabiendo que estamos en una situación fiscal, hasta sentársele encima al expediente y no culminar el proceso y, básicamente, eso fue lo que pasó. (El Departamento de Seguridad Pública) DSP ha tenido cambios administrativos y, pues, ciertamente, la prioridad comenzó a bajar. Hoy en día estamos dos años después, resolviendo y atendiendo la situación”.

Mercado no quiso exponer de quién fue la culpa principal en todo este proceso, si de La Fortaleza, por adquirir la guagua en febrero de 2018 para el renunciante exgobernador, o de Seguridad Pública, quien se hizo cargo de todo lo relacionado al vehículo blindado a finales de ese mismo año.

“Yo no voy a adjudicar ningún tipo de responsabilidad. Eso le tocará determinar el Departamento de Justicia. Yo lo que sí es que tengo que tener los eslabones claros para poder sentarme (con la empresa Texas Armoring) con toda la autoridad y decir ‘mira, ya se pagó esto, vamos a finiquitar, vamos a terminar, vamos a culminar’ y tomar la acción pertinente”, manifestó.

Cabe destacar que el pasado miércoles, la secretaria interina de Justicia, Inés Carrau, informó que no investiga nada relacionado a la controvertible guagua blindada. Alegó que no recibió ningún referido ni del secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, ni de la contralora Yesmín Valdivieso.

“En su momento se estará haciendo sus gestiones para investigar, porque eso no se va a quedar sin investigar la situación. Pero, en estos momentos, a mí no me ha llegado ningún referido”, indicó la funcionaria a preguntas de Primera Hora.

La administradora de ASG, por su parte, está a cargo de la controvertible compra desde el pasado 1 de diciembre, cuando el DSP le envió una carta en la que rechaza hacerse cargo de la guagua blindada y le exige que le devuelvan $58,100 que el Negociado de la Policía desembolsó para culminar el pago de la guagua.

Mercado informó que no se le devolverá el dinero.

“No. Porque, ¿quién se lo va a devolver? ¿El mismo gobierno? Es una deuda pasada con un presupuesto pasado. El DSP estuvo envuelto desde el inicio. Quizás ellos no tengan la información ahora, porque sabemos que Janer llegó no hace tiempo, posterior a la adquisición de la guagua. Pero, sí, el DSP estuvo envuelto en ver las especificaciones y decir quieren un vehículo con seguridad, un vehículo blindado”, sostuvo.

Primera Hora intentó comunicarse con la jefa de personal del DSP, Melinda Romero, para obtener una reacción sobre que no le devolverían el dinero reclamado. De inmediato, no hubo respuesta.

No se usará para tiro al blanco

Otro asunto levantado por el secretario de Seguridad Pública ante el comité de transición es que “esa guagua no tiene un uso práctico para Puerto Rico”.

“La amenaza que pueda haber, en cuanto a un funcionario público a nivel del gobernador, en la historia de Puerto Rico eso no se ha dado. La cantidad de dinero exorbitante que se gastaría para mantener ese tipo de vehículo no creo que nadie quiere tomar esa responsabilidad en el uso que se le puede dar. Para que tengan una idea, hasta para manejar esa guagua la persona tiene que ser adiestrada. Si se le va a cambiar un aceite, tienen que venir unos técnicos de Texas (para que mantenga la garantía). Nadie puede tocar esa guagua a menos que no sea un técnico certificado de esa compañía. Yo no creo que eso sea práctico. Yo veo que, si esa guagua llega a Puerto Rico, en algún momento la van a tener que coger de práctica de tiro al blanco, porque realmente no va a tener ningún otro uso apropiado”, agregó Janer.

Mercado afirmó hoy que esa apreciación del exagente federal no es la correcta.

Alegó que el gobierno no tiene que traer a personal desde Texas para cambiarle el aceite a la guagua o hacerle alguna reparación.

“Esa no es la información que nosotros tenemos, de lo que se ha desprendido del análisis que hemos podido hacer del expediente. Lo que sí le puedo asegurar es que para el tiro al blanco no va a ser. Sí, puede haber un proceso de subasta de adquisición o destinarla a un uso práctico, pero los fondos públicos se desembolsaron. No se pueden echar a la basura $224,000. Eso se tuvo que haber pensado antes de adquirirla”, recalcó la abogada.

Se le preguntó qué uso práctico tendría un vehículo que la Policía ya no desea. Su respuesta es que en la Isla hay otras agencias de seguridad que podrían hacerse cargo del controvertible vehículo.

“También tenemos que tener en consideración que puede revenderse. Nunca va a ser al precio que se adquirió, pero no se van a perder la totalidad de los fondos”, agregó la funcionaria.

Mercado indicó que en el curso de las próximas dos semanas espera reunirse con Texas Armoring para discutir todo lo relacionado a la guagua, entre estas el proceso de entrega y el reclamo de la empresa de que todavía se le debe $27,000.

“Si no hay ninguna transacción, pues, entonces terminaría en un litigio que realmente le costaría al pueblo de Puerto Rico y queremos evitar”, afirmó la funcionaria.

Insiste en venderla

El presidente del comité de transición, Ramón Luis Rivera Cruz, insistió en que el gobierno debe vender la guagua blindada para intentar recuperar el dinero invertido.

“Si no le tenemos ningún uso en Puerto Rico, yo empezaría a hacer gestiones con la compañía que hizo el producto a ver si se puede vender en el comercio internacional, sino que la reciban (en el gobierno) y la usen para algo”, señaló.

El también alcalde de Bayamón auguró que Justicia investigará toda la controversia.

Describió toda esta adquisición como un “error” del cual se debe aprender.

“Yo quiero que esto sirva de ejemplo para que estas cosas no vuelvan a ocurrir en el gobierno”, puntualizó.