El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, reveló que un informe de 190 páginas que realizó la corporación pública afirma que los abonados en la zona invadida de la Reserva Estuarina y de Investigación de Bahía de Jobos, en Salinas obtuvieron el servicio de energía de manera irregular.

Durante el programa de televisión Jugando Pelota Dura, Colón sostuvo que “por la evidencia que tenemos aquí, simplemente, esa gente tiene una conexión ilegal y se le va desconectar el servicio”.

No obstante, aclaró que falta que LUMA Energy, empresa  a cargo de la administración del sistema de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, realice su investigación que “va a concluir en exactamente lo mismo”.

“Inevitablemente, si lo que está en este informe se valida, las consecuencias es que todas esas personas van a perder su conexión de energía”, apuntaló. “De hecho, encontramos algunas que se están robando la luz porque hay unas conexiones directas y todo”.

Sobre la pesquisa, el titular explicó que unas 47 instalaciones a las que la corporación pública tuvo acceso presentaban “muchas irregularidades” tras no cumplir con los requisitos para otorgar un contrato de energía eléctrica.

“Para que cualquier cliente pueda tener un contrato de energía, se tiene que cumplir cuatro cosas:  hay que tener el permiso de uso, el contrato de la propiedad, ya sea la escritura o un contrato de arrendamiento; tiene que tener una credencial eléctrica y tiene que presentar sus credenciales, es decir, algo que confirme tu nombre”, sostuvo, al indicar luego que la autorización de ese documento está a cargo de la oficina comercial de la AEE “del área donde está la propiedad”.

Cuando se le preguntó de qué depende desactivar el servicio, a pesar de las irregularidades que la corporación pública detectó, Colón indicó que la misma depende de la operadora privada LUMA Energy.

Por otro lado, a la pregunta sobre si hubo un gestor o varios para lograr las conexiones al servicio de energía eléctrica, el titular de la AEE sostuvo que “de la información que ya yo tengo, sin ser experto en la materia, ya hay personas que yo veo que tienen permisos que son fraudulentos”.

“Se ve la secuencia, hay permisos que se supone que son de Salinas, y son de Aibonito”, dijo Colón, al tiempo que no respondió quién fue la persona encargada de la oficina comercial que dio la luz verde a la instalación del servicio en la reserva natural.

Sin embargo, indicó que “es parte de lo que se está investigando”.

“Es un crimen ambiental”

Por otro lado, el exsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Carlos Padín, afirmó en el programa que la invasión que se ha producido desde el 2015 “es un crimen ambiental”.

El extitular explicó que la reserva estuarina, aunque tiene la oportunidad de restaurarse al remover el relleno del mangle, este recalcó que el espacio no volverá a su condición “natural” ya que fue invadido.

Además, Padín indicó que quienes tienen que pagar por los daños ambientales son “los que hicieron los daños”.

“Lo toca al Departamento de Justicia [tomar acción], con el Departamento de Recursos Naturales, que tiene el deber ministerial de proteger los recursos naturales, y el corresponde a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, ya ahí hay tres agencias que son responsables de la conservación”,

Mientras tanto, cuando se cuestionó sobre las circunstancias que limitó a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) a intervenir en el caso a pesar de las denuncias que se llevan produciendo desde 2015, Padín enfatizó que la agencia federal, que le otorga una subvención de fondos para la operación y manejo de la reserva, ya habrá realizado señalamientos a Recursos Naturales sobre las irregularidades que identificó y solicitó cuál sería el plan de acción del gobierno para atender la situación.

“Esto es un problema que se tiene a todo lo largo y ancho de Puerto Rico, no es solamente las mareas, esto se ha disparado desde el 2015 en adelante, cuando se debilitó tanto la agencia (Recursos Naturales), que (irregularidades) están ocurriendo en todos lados”, indicó.

“Cuando se cambió el sistema de permisos en Puerto Rico, que es ahora la Oficina de Gerencias y Permisos (OGPe), se trastocó el poder que tenía Recursos Naturales, y se debilitó considerablemente la agencia, al punto que tenemos la Junta de Calidad Ambiental (JCA) hoy día dentro de Recursos Naturales, que eso es un conflicto que no debe ocurrir”, añadió.

Dichas declaraciones se producen horas después que el Departamento de Justicia ordenara una investigación de carácter criminal paralela a la que realiza Recursos Naturales a nivel civil tras una reunión que sostuvo con jefes y representantes de múltiples agencias gubernamentales ayer, lunes.

“Según advine en conocimiento meses después de asumir el cargo como secretario de Justicia, este caso se estuvo trabajando desde agosto de 2020 en la Secretaría de lo Civil, ya que de la evaluación realizada por fiscales de la agencia, a base de la información provista por el Departamento de Recursos Naturales, el Ministerio Público no podía iniciar una acción de carácter penal”, informó el secretario Domingo Emanuelli en declaraciones escritas.

Por otro lado, los hechos se producen al tiempo que varios trailers que se ubicaban en la reserva comenzaron abandonar el lugar.