Los representantes del componente fiscal de la administración de Alejandro García Padilla insistieron este martes en el grave problema de liquidez que enfrenta el Gobierno, y recalcaron que la posibilidad de reducir un día o dos de la jornada de trabajo de los funcionarios estaría sujeta al comportamiento de los recaudos las próximas semanas. Ese plan de ajustes aplicaría a todo tipo de empleados (regulares, gerenciales y de confianza), pero no incluiría a aquellas agencias que presten servicios esenciales relacionados con educación, salud y seguridad, donde se encuentra el grueso de la nómina gubernamental.

La reducción de la jornada laboral parecería estar más cerca si se mantiene la baja que reflejaron los recaudos en octubre, relacionada principalmente con el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) y la contribución sobre ingresos de individuos. Ello, luego que durante el primer trimestre del año fiscal -de julio a septiembre- el Gobierno ingresara $1,935.8 millones, unos $161.9 millones (9.1%) más en comparación con lo recaudado durante el mismo período el año anterior. 

Sin embargo, el Ejecutivo ha recalcado que el recorte de la jornada sería la última alternativa a considerarse.

“Vamos a hacer todo lo posible porque no se dé una reducción de jornada, pero tenemos que seguir manteniendo ese día a día. Los recaudos de octubre vinieron un poco más bajos de lo que se esperaba, y en parte, eso se ve también en la economía. Eso es una proyección de cómo está la economía”, manifestó Melba Acosta, presidenta del BGF, durante una vista pública de la Comisión de Hacienda del Senado en la que se discutió cómo se han comportado los recaudos durante los primeros meses del presente año fiscal, y los ajustes que ha hecho esta administración para hacerle frente a la crisis.

“Se está haciendo todo lo posible, con todas las medidas a nuestra disposición para evitarlo, pero no podemos, ciertamente, decir al día de hoy que ‘eso no va a pasar’. O sea, hay una posibilidad y tenemos que estar preparados para cualquier medida que haya que tomar de emergencia, pero estamos trabajando para evitar eso en la medida que sea posible”, abundó la principal oficial financiera del Gobierno.

Entre esas medidas, el secretario del DH, Juan Zaragoza, mencionó controlar el pago de los suplidores y el pago de reintegros, así como tratar de asegurar los recaudos proyectados. 

El titular del DH subrayó que los meses de noviembre, diciembre y enero son los más críticos ante los problemas de liquidez del Gobierno. Explicó que, además de los $120 millones de nómina que hay que separar cada quincena, hay que desembolsar en diciembre $120 millones correspondientes al pago del bono de Navidad de los empleados públicos, y el 1 de enero vence el plazo para pagar $330 millones por concepto de intereses de las obligaciones generales (GO’s) del Gobierno.

“La situación es más crítica actualmente, ya que no contamos con opciones de acceso a los mercados de capital”, dijo Zaragoza, quien resaltó que la situación se agravó ante la incapacidad del gobierno de emitir este año pagarés en anticipación de contribuciones de ingresos (TRANS, por sus siglas en inglés).

A preguntas del senador José Nadal Power, presidente de la comisión legislativa, el titular del DH indicó que no descartan tomar alguna medida extraordinaria para allegar ingresos adicionales a las arcas del gobierno, pero dijo que, de tomarse alguna determinación a esos efectos, no sería en lo que resta de sesión. El último día para la aprobación de medidas es el 12 de noviembre, y la sesión concluirá sus trabajos el 17 de noviembre.

Zaragoza mostró reservas con que se conceda, en la alternativa, algún tipo de amnistía, pues según dijo, debilitaría los esfuerzos que realiza la agencia para fortalecer su gestión de cobro. 

Casi 50,000 empleados menos en el Gobierno

Durante su intervención, el director ejecutivo de la OGP, Luis Cruz Batista, presentó un detallado informe sobre las gestiones que se han realizado durante los últimos años para reducir los gastos en el aparato gubernamental. Resaltó que, para mayo de 2015, había 89,769 puestos ocupados en el Gobierno, lo que representa una reducción de 49,900 (36%) en comparación con el 2007. De igual forma, destacó bajas en los renglones de nómina de confianza y en los servicios profesionales y comprados.

Cruz Batista resaltó que el 43% del presupuesto con cargo al Fondo General se destina a los gastos operacionales, y el restante 57% corresponde a las asignaciones especiales, que incluye las partidas conferidas mediante fórmula a la Universidad de Puerto Rico, los municipios y a la Rama Judicial, y el pago de la deuda, que este año alcanzó los $1,200 millones. 

Subrayó, además, que los gastos del Gobierno hoy, ascendentes a $8,324 millones, se asemejan a los $8,256 millones aprobados durante el año fiscal 2005.

A preguntas del presidente del Senado, Eduardo Bhatia, Cruz señaló que no queda mucho espacio para hacer recortes en los gastos operacionales. El líder senatorial sugirió la necesidad de revisar las partidas de asignaciones especiales con miras a realizar ajustes adicionales.

Peligros de la austeridad

Tanto Bhatia como Nadal Power utilizaron sus preguntas para indagar sobre las implicaciones de una política de austeridad extrema, y advirtieron sobre los límites que los recortes imponen al crecimiento económico. Sus argumentos hallaron apoyo en los representantes del Ejecutivo.

“En ausencia de un sector privado recuperado, sólido, que pueda ser el protagonista del desarrollo económico, ser austero con los gastos del Gobierno es una medida que solamente se puede ver como una medida de emergencia, no es sostenible seguir apretando y apretando desde el punto de vista de los gastos de Gobierno porque, ahora mismo, nosotros somos el comprador principal de muchísimos de los bienes y servicios en este país. En ausencia de ese sector privado, esa medida hay que verla que no es sostenible a mediano y largo plazo”, declaró Zaragoza.

Bhatia, por su parte, manifestó que es tiempo de enfocarse más en políticas de desarrollo económico en lugar de seguir promoviendo reducción de gastos en el Gobierno.

“La política fiscal tiene que venir acompañada de recortes, pero tiene que venir acompañada de recaudos, y lo que conlleva esto es que el recaudo aumente por actividad económica. Lo que Puerto Rico tiene que enfocarse ahora es que haya más actividad económica… Llega el momento en que la austeridad llega a su punto y, si no estamos ahí, estamos bien cerca de llegar a ese punto”, aseveró Bhatia.