El establecimiento de un nuevo perímetro de la Policía en la entrada a la playa Los Almendros de Rincón, podría convertirse en una forma de fichaje a aquellos que protestan por el libre acceso a la zona y la protección del hábitat de dos especies en peligro de extinción.

Esto ya que, al cercar el estacionamiento con vallas anaranjadas, se crea un camino a donde la uniformada controla quién entra y quién sale del lugar, además de la posibilidad de que se esté grabando a las personas que acceden a manifestarse en defensa del ambiente.

Así lo advirtió Liza Gallardo Martín, directora de Amnistía Internacional, entidad que está como observadora del proceso desde hace varias semanas y a donde ha podido identificar varios incidentes de violación de derechos.

“Ese perímetro lo que hace es crear un camino donde la Policía controla y ve quién entra y quién sale. Desconocemos si hay cámaras, desconocemos si están grabando a las personas que entran y salen, y esto podría ser hasta una forma de fichaje de las personas que están llegando aquí a manifestarse y eso es muy peligroso… muy, muy peligroso. Eso es ‘surveillance’ de parte del Estado, es algo que Amnistía Internacional está luchando en contra de eso”, advirtió.

“La Policía puede grabar, pero tiene unas condiciones muy estrictas de qué equipo utiliza para grabar y para qué son esas grabaciones y cuánto tiempo mantienen esas grabaciones. Hay unos criterios muy particulares de la unidad que se dedica a eso. De hecho, ellos no pueden grabar con su celular. Ellos tienen unas cámaras especiales que son con las que pueden grabar y las han estado utilizando. Están cumpliendo con el reglamento de la Policía al usar ese tipo de cámara”, explicó.

Sin embargo, señaló que le preocupa las intenciones de la seguridad privada contratada por los titulares del complejo de vivienda, y de la preparación que tengan estas personas en cuanto al manejo de civiles en una situación de protesta.

“Lo más preocupante es que hay policías, seguridad privada en los predios de este condominio grabando a manifestantes y eso nos preocupa muchísimo a Amnistía Internacional y esas personas. A diferencia de la Policía de Puerto Rico, (empleados de seguridad privada) no tienen placa, no sabemos quienes son, tienen armas, y cualquiera de esos muchachos puede perder la chaveta”, confesó.

“No sabemos qué preparación tienen para trabajar y manejar civiles en una situación de protesta. Los que están allá adentro son los más preocupantes y, la compañía de seguridad a la que ellos pertenecen, desconocemos cual es. Tenemos gente de Amnistía haciendo esas investigaciones para poder identificar quien es, porque esas personas armadas sin ningún tipo de identificación, ni de la compañía que son ni quien es el líder, nada, eso es muy peligroso”, argumentó.

De otra parte, Gallardo Marín enumeró posibles violaciones de derechos que podido cometer la Policía al intervenir con los manifestantes y otros ciudadanos que llegan para disfrutar del mar de manera pacífica.

“Ha habido momentos donde la Policía ha tomado y se ha posicionado en lugares clave en el espacio donde están los manifestantes, y, obviamente cuando la Policía, llega vestida con todo ese equipo, ese armamento -cascos, roten, rodillera- eso es una forma de amenaza”, relató.

“Inmediatamente, las personas que están disfrutando de la playa lo que se sienten es que se están posicionando ante el Estado, ante las injusticias del Departamento de Recursos Naturales cuando evidentemente, es que los jóvenes están haciéndole un llamado a Recursos Naturales para que se respete el espacio marítimo- terrestre que -es evidente que no se está haciendo”, expuso.

Cabe destacar que la observadora de Amnistía Internacional resaltó algunos sucesos ocurridos durante el día, en que la uniformada violentó el derecho que tiene la ciudadanía a la protesta.

“Hoy hubo momentos de mucha tensión, hubo unas grandes violaciones: hubo jalones de pelo, empujones, insultos; pero logramos también tener unas conversaciones y finalmente entre el trabajo de las personas que se están manifestando, las personas que estamos observando y la Policía. Hubo un retiro de la fuerza, digamos más amenazante”, detalló.

Aseguró que el Estado debe cambiar su postura y escuchar a los ciudadanos que velan por la protección del medioambiente, en vez de intimidarlos.

“Ya sabemos que detuvieron toda la construcción aquí; creo que es una ganancia que han tenido los manifestantes. Sin embargo, el llamado es al Estado porque la realidad es que cuando hay defensores de derechos, en este caso defensores del mar, de la tierra, de la playa, personas que creen en la justicia climática, el Estado tiene que poner su oído en tierra, detenerse para escuchar lo que le están diciendo estas personas”, manifestó.

“Tenemos que escuchar lo que están diciendo los defensores porque eso es una manera de que los gobiernos y los estados enfocan sobre los derechos humanos. Los estados tienen el deber de responder y defender los derechos humanos. Estos jóvenes están haciendo su trabajo, defendiendo el país y defendiendo su derecho a la libertad de expresión que es lo más importante y lo que el Estado tiene que garantizar”, concluyó.