El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, anunció la radicación de una resolución conjunta dirigida a establecer que mientras dure la emergencia creada por la pandemia del COVID-19, todos los bienes de los ciudadanos estarán protegidos de embargo, gravamen, y congelación en caso civiles de ejecución de sentencia, o presentaciones de peticiones de quiebra, esto para pleitos estatales o federales.

Para atender los efectos de esta crisis económica en Estados Unidos, el gobierno federal aprobó el CARES Act con ayudas económicas de $1,200 por individuo y $500 por menores dependientes. Sin embargo, el estatuto no exime estos ingresos o ayudas económicas federales de embargos a cuentas bancarias que ya hayan sido aprobadas por un tribunal con anterioridad a la pandemia.

“Por tanto, cualquier persona que previo a la pandemia tuviera una orden de embargo emitida por un Tribunal en contra de su cuenta de banco, corre el riesgo de perder el dinero federal que va a estar recibiendo, ya que en todo caso que la orden de embargo este vigente, el banco no tiene otra opción que no sea transferir cualquier deposito que se reciba en la cuenta al acreedor que tiene una orden de embargo a su favor. Esta situación ha sido denunciada por varias organizaciones nacionales de protección al consumidor”, comentó el Presidente de la Cámara en la Exposición de Motivos de la medida.

La pieza legislativa, RCC 677, tiene como coautor al presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Navarro Suárez, se informó mediante comunicado de prensa.

Durante la vigencia de esta Resolución Conjunta, la cual se extenderá hasta el 31 de diciembre del presente año, se estarán observando las siguientes normas sobre la protección de embargo contra acreedores: viviendas, equipo de trabajo, todo mobiliario y enseres del hogar, los ingresos del deudor, beneficios economicos de asistencia pública, seguros médicos, instrumentos financieros y planes de retiro, entre otros.