La frágil economía puertorriqueña afrontaba un futuro incierto después de que la gobernadora de la isla rechazara el domingo por la noche su rechazo a un acuerdo con tenedores de bonos que reduciría la deuda pública de la isla en un 70%.

El acuerdo es el más grande hasta la fecha desde que el gobierno puertorriqueño anunció en 2015 que no podría pagar una deuda pública de más de $70,000 millones. En mayo de 2017 declaró la mayor bancarrota municipal en la historia de Estados Unidos.

No estaba claro si el pacto se concretaría, después de que la gobernadora, Wanda Vázquez, dijera que supone una carga demasiado pesada sobre los jubilados del territorio y señalara que el texto aún requiere aprobación legislativa. También tiene que ser aprobado por un juez federal que supervisa el proceso de bancarrota.

“Si los bonistas reciben un mejor trato en el proceso de quiebra, los pensionados también deben recibir un mejor trato”, dijo. “Esto es un asunto de justicia básica”.

La gobernadora señaló que los tenedores de bonos lograron nuevas protecciones legales durante la revisión del plan de ajuste de septiembre de 2019, mientras que los jubilados no recibieron nada adicional.

Se trata de un nuevo choque entre Vázquez y la junta federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico, que alcanzó el acuerdo con varios grupos de acreedores para reducir la deuda del territorio, de unos $35,000 millones a aproximadamente $11,000.

Natalie Jaresko, directora de la junta, dijo que la bancarrota de la isla tiene que resolverse.

“El nuevo acuerdo es otro paso adelante para Puerto Rico, uno que pone a la isla mucho más cerca de salir de la bancarrota y comenzar una auténtica recuperación económica”, indicó en un comunicado.

Los miembros de la junta no respondieron a la negativa de la gobernadora, y un vocero de la junta no respondió a una llamada pidiendo comentarios.

Puerto Rico sigue tratando de recuperarse del huracán María, que golpeó la isla como tormenta de categoría 4 en 2017, y de una serie de fuertes sismos que han dañado o destruido edificios en el sur del territorio.

Durante el fin de semana, Vázquez y otros miembros del gobierno puertorriqueño acusaron a la junta de demorar la aprobación de fondos para ayudar a los afectados por el sismo, acusaciones desmentidas por la junta en una carta publicada el domingo, antes de que se anunciara el acuerdo de deuda.

“Las acusaciones de que (...) la junta tiene unas 50 solicitudes pendientes, incluidas de alimentos, agua y retretes portátiles no son ciertas”, indicó el organismo. “Ninguna de las 10 solicitudes recibidas eran para retretes portátiles o agua. Todas las solicitudes se procesaron en cuestión de horas desde su recepción”.

El gobierno de Vázquez ha sido muy criticado por su respuesta al sismo de magnitud 6.4 registrado el 7 de enero, que mató a una persona, y a las potentes réplicas que siguieron dañando edificios.

El economista puertorriqueño José Caraballo dijo a The Associated Press que le preocupa que el acuerdo pudiera amenazar los servicios básicos que proporciona el gobierno y dejar a la isla sin fondos suficientes para abordar los estragos causados por el huracán y los temblores.

“Los riesgos de una segunda bancarrota y una recesión prolongada son mayores que antes”, comentó.

Puerto Rico está sumido en una recesión de 13 años. Aproximadamente medio millón de personas han salido de la isla en la última década, huyendo de la crisis económica y de la destrucción dejada por el huracán y los sismos.