Para el Departamento de Justicia, las cientos de licitaciones falsas encontradas por la Oficina del Contralor en la Junta de Subastas del Municipio de Guaynabo, no eran gran cosa o no tenían peso suficiente.

En un referido del 2013, firmado por la Contralora Yasmín Valdivieso, se detallaron posibles ilegalidades y se reseñaron -entre otras cosas - entrevistas con dueños de negocios que aseguraban no haber producido las cotizaciones. Pero luego de dos años, los investigadores de Justicia concluyeron que no vieron lo mismo.

Todo apunta además a que Justicia nunca informó el cierre del caso a la Oficina del Contralor. Lisandra Rivera, portavoz de esa dependencia, dijo que a diciembre de 2016 en los récords aparecía que el Departamento de Justicia mantenía la pesquisa abierta.

Ayer, Justicia dio otra versión a Primera Hora.

“La fiscal Mibari Rivera Sanfiorenzo, actual directora interina de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, informó que el caso aparece como que fue cerrado el 9 de marzo de 2015 por la fiscal Sandra Cortés. Determinó que no había prueba suficiente para establecer comisión de delito”, indicó Mariana Cobián, portavoz de prensa de Justicia en declaraciones escritas. 

Según el referido, el 83% de las cotizaciones para la obtención de servicios de reparación de la flota vehicular del municipio  eran fraudulentas. 

Se especificaba además que había 59 cotizaciones de tres negocios distintos, que aparecían como que habían licitado, pero para la fecha indicada, ni siquiera existían.

Por otro lado, de junio de 2009 a octubre de 2010 “se obtuvieron 278 cotizaciones a nombre de un proveedor cuyos incorporadores son los mismos y tienen la misma dirección física y oficina designada que los de la compañía privada contratada por el municipio, según el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado”, reza otra parte de la auditoría.

Otro de los hallazgos, es que de noviembre de 2008 a julio de 2010, se emitieron siete órdenes de compra por $1,655,865 a un proveedor para la obtención de servicios de reparación de la flota vehicular. 

Allí fue la mayor anomalía: se consideraron 827 cotizaciones, de las cuales 684, equivalente al 83%, resultaron ser falsas, según el informe.

Mientras, en noviembre de 2008, el municipio otorgó un contrato por $2,508,000, con vigencia del 24 de noviembre de 2008 al 24 de noviembre de 2011, a una compañía privada para que operara y diera mantenimiento preventivo, reparaciones y otras actividades fuera de contrato (non-contract repairs) de la flota vehicular.

“Nuestros auditores no pudieron corroborar la autenticidad de 140 cotizaciones remitidas... a nombre de 2 proveedores, para los trabajos fuera de contrato. Ambos tienen los teléfonos desconectados y la dirección física indicada no corresponde a uno de ellos, y para el otro no pudimos obtener su dirección”, indica el informe.

Se señala de igual forma que sin cotización, en enero y mayo de 2010, el municipio pagó $9,510 para adquirir equipo de fotografía, bicicletas y un televisor.

Una vez los hallazgos de la Oficina del Contralor pasan al Departamento de Justicia, es esa agencia la que decide si hace o no un referido al Panel del Fiscal Especial Independiente o si presenta cargos, de tratarse de ciudadanos particulares.

Mientras, Justicia declinó otra vez hacer comentarios sobre cómo va la pesquisa contra el alcalde Héctor O’Neill a quien se le considera sospechoso de delito, “en aras de proteger a víctimas y testigos”.

El 27 de marzo el alcalde acudió con su abogado Joaquín  Monserrate Matienzo a una entrevista en las oficinas centrales de la agencia donde le informaron que era “sospechoso y presunto acusado de delito ”, lo que llevó al alcalde a invocar su derecho a no autoincriminarse.

En marzo pasado, O’Neill confimó que transó por medio de un acuerdo confidencial una querella por hostigamiento sexual que una mujer policía presentó en su contra.