La ex secretaria auxiliar de Administración del Departamento de Salud, Adil Rosa, calificó de falsas algunas de las alegaciones que hizo en una carta el encargado del Task Force Médico, Segundo Rodríguez, y se reafirmó en que fue el doctor quien le ordenó adjudicar a la compañía Apex, el contrato por $38 millones para la compra de un millón de pruebas rápidas de coronavirus que, después, tuvo que ser cancelado.

Rosa, quien rechazó el ofrecimiento que le hizo la Comisión de Salud de declarar con inmunidad legislativa, entró en contradicciones en el testimonio que prestó bajo juramento, durante todo el día de hoy, en las vistas investigativas sobre las contrataciones irregulares para atender la emergencia del Covid-19 en el Departamento de Salud.

Algunos legisladores increparon a la funcionaria porque no era responsiva en las preguntas y le recriminaron si estaba protegiendo “a alguien”, por una compra de pruebas a sobreprecio que no cumplía con las certificaciones federales. La funcionaria, que lloró al final de la vista, se escudó en que “se pudieron haber cometido errores, pero la circunstancia (de la emergencia) no era normal”.

Rosa, a preguntas del presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales, refutó las alegaciones del doctor Segundo Rodríguez, quien, en una carta al presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, se desentendió de la millonaria compra y dijo que fue el personal de Salud el que la hizo y que la entonces secretaria interina, Concepción Quiñones de Longo, estaba al tanto “de todos estos esfuerzos”.

Pero, la testigo declaró que la aseveración del doctor Rodríguez era falsa.

“Claro, porque yo estuve allí. La doctora nunca tuvo ante su consideración esa propuesta”, dijo, al reconocer que Quiñones de Longo como titular de la agencia “era la llamada a autorizar esta millonaria orden de compra”.

Rosa sostuvo que desde el 24 de marzo recibió instrucciones de evaluar la propuesta que les sometería Juan Maldonado a nombre de Apex. Quiñones de Longo renunció al cargo el 26 de marzo, el mismo día en que se adjudicó el polémico contrato.

Morales confrontó a la funcionaria con las compras de pruebas a otras compañías como la de Maitland en la Florida, por $5.2 millones y a la que después Salud tuvo que pagarle otros $355 mil por cargos de “flete y embarque”. Esta compañía, dijo Rosa, fue referida por el general José Reyes, de la Guardia Nacional.

El legislador novoprogresista le inquirió, además, sobre los contratos con Castro Business, referida por Mabel Cabeza, y la Compañía 313 LLC que “no fue referida por nadie”.

“Esto no es como comprar un televisor, en la emergencia seguíamos buscando suplidores, van a ver un montón de cotizaciones. Aquí el problema es que nosotros teníamos que evaluar el tiempo y la disponibilidad de pruebas. Buscamos todas las fuentes posibles para responder de forma rápida a la emergencia”, se defendió Rosa, cuando no pudo precisar otras compañías de las que alegó también buscaron cotizaciones por internet.

También, fue increpada porque en violación a las directrices que le había impartido la Comisión de no tener contacto con la prueba que ha desfilado en las vistas investigativas, la mujer admitió a preguntas del representante independentista, Denis Márquez Lebrón, haber visto, en video, la declaración que prestó el pasado martes su subalterna, Mariel Rivera. Ésta dijo que tramitó la cotización millonaria de Apex, pese a que “no sabía nada de compras”.

“Eso va a tener unas consecuencias”, sentenció el representante Morales, quien dijo que “tenemos la obligación de referir estos testimonios a las autoridades que lo tengamos que hacer”.

La funcionaria también le dijo a la Comisión que recibió un mensaje de apoyo de la despedida asesora de Salud, Mabel Cabeza, pero luego lo negó.

Por su parte, el portavoz de la delegación popular, Rafael “Tatito” Hernández, dijo que, con sus declaraciones contradictorias, Rosa pudo haber incurrido en perjurio.

“Yo creo que usted está tratando de proteger a alguien que no ha sido clara con esta comisión”, le dijo a la funcionaria, el representante penepé José Aponte Hernández.

En el turno del representante Márquez Lebrón, la ex secretaria auxiliar admitió que llevó a Mariel Rivera a Salud porque es su amiga y compañera de Partido Nuevo Progresista. “No es que la recomendó, usted la enchufó, para ser fino, usted la nombró”, le replicó el independentista.

La funcionaria dijo “no recuerdo” cuando el legislador también le cuestionó por qué no consultó la cotización millonaria de Apex para el millón de pruebas con el enlace del CDC, Eduardo O’Neill, quien según ella misma dijo había llegado a Salud desde el 20 de marzo.

“Usted no hizo ninguna gestión ni le hizo ningún requerimiento al que sabía de esto. Mariel no sabe un comino y los funcionarios de carrera que saben no fueron consultados…, nadie hizo la preintervención”, dijo Márquez Lebrón.

“¿Cómo uste evalúa esta transacción como una responsable o negligente?”, le preguntó el legislador pipiolo.

“Nosotros hicimos lo mejor posible para el bienestar de Puerto Rico”, replicó Rosa.

¿Le cumplió a un País que reclama pruebas, que reclama salir de su casa y que está en su casa cumpliendo con su responsabilidad, usted que era la autoridad nominadora en Salud?, le inquirió Márquez Lebrón.

“Yo estuve allí más de 15 días trabajando, estuvimos haciendo lo imposible por conseguir esas pruebas y ventiladores”, dijo Rosa, quien negó haber favorecido con la transacción a Maldonado, a quien alegó haber visto una vez, “en el anuncio de candidatura de un político”.

A preguntas del representante popular Ramón Luis Cruz Burgos, la empleada indicó que no podía precisar si la gobernadora estaba al tanto de la compra de Apex. Tampoco, pudo decir quién representaba a la mandataria en las reuniones en las que tocaba el tema.

Al comenzar la vista, el presidente de la Comisión recibió un espaldarazo de los miembros del organismo legislativo ante las alegaciones del coordinador del Task Force Médico de que el legislador novoprogresista les había hecho recomendaciones sobre un suplidor de pruebas del Covid-19 en un correo electrónico.

Rodríguez alegó en la carta, enviada ayer al presidente de la Cámara, que entre los mensajes que recibió el Task Force sobre ofrecimientos de equipos y servicios, “hay uno del representante Juan Oscar Morales el 31 de marzo de 2020, quien refirió una recomendación de pruebas Covid-19, avaladas por el FDA, IgM & IgG “Corona Virus” Rapid Test, ante la alegación de que esa información fue recibida en la Comisión de Salud”.

Pero, Morales dijo que se trató de un correo electrónico enviado a la Comisión de Salud de la Cámara al que le dio “fast forward” al Task Force Médico y al secretario de Salud, Lorenzo González. Indicó que se trataba de pruebas certificadas por el FDA y que, en ese momento (31 de marzo), ya la Comisión de Salud cameral había comenzado con la investigación de las irregularidades en los contratos de pruebas rápidas y ventiladores.

“Le voy a solicitar al Departamento de Justicia y a las autoridades federales que evalúen todas las comunicaciones que han salido de mi teléfono hacia Segundo Rodríguez”, sostuvo Morales.

El portavoz de la delegación popular, Rafael “Tatito” Hernández, pidió que se aclarara si se trataba de un conflicto de interés, pero después de llevarlo a votación, la comisión dio un voto de confianza a Morales.

“Están tratando de desviar la atención de un asunto tan vital como este”, sostuvo el portavoz de la mayoría novoprogresista, Gabriel Rodríguez Aguiló.

Las vistas continuarán la semana próxima.