El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) defendió este jueves la orden que emitió el mes pasado para aumentar el precio del café local, y que dejó inalterado el costo del café importado, y aseguró que su determinación busca impedir que aumente el precio del producto a nivel de los consumidores.

El secretario del DACO, Nery Adames, detalló ante los miembros de la Comisión senatorial de Agricultura, Seguridad Alimentaria, Sustentabilidad de la Montaña y de la Región Sur el proceso que condujo hacia la aprobación de la Orden Número 1 bajo el Reglamento 8678 para el Control de Precios de Café.

El secretario aseguró que, al ratificar la nueva normativa que aumentó en 10% el precio del café maduro y verde maduro, cumplió con la Ley 222-2008, que le impone al DACO la facultad de revisar el precio de ese producto, al menos, cada cinco años. El cambio garantizaría a los caficultores un margen de ganancia de 32% y de 20% a los beneficiadores, que se encargan del procesamiento primario del grano.

No obstante, advirtió que el referido estatuto enmendó la ley orgánica del DACO, y por tanto, cualquier ajuste en el precio del café debe estar supeditado al deber ministerial de velar por los intereses de los consumidores.

“En el DACO, determinamos no subir el precio del café semitostado, dándole así un merecido respiro al consumidor de que su café en góndola no subirá de precio. La determinación se tomó luego de estar seguros que el caficultor puertorriqueño estará en una posición económica mucho mejor a partir de la revisión del precio del café local concedida, y de contar con información que indica que el café local no estará en peligro de ser desplazado por el importado”, manifestó Adames durante una vista pública a la que también acudieron numerosos representantes la industria cafetalera, quienes llenaron por completo el salón María Martínez del Senado.

La mayoría de los presentes en la sala, entre los que figuraba el torrefactor y presidente de Pan American Grain, José González Freyre, vestían camisetas que leían “#salvemoselcafe 100% puertorriqueño”.

Adames dijo que, durante el análisis previo a la aprobación de la nueva orden, además de considerar el informe económico elaborado por un comité asesor dispuesto por la Ley 222, también consideró las recomendaciones que sometieron distintos integrantes de la industria del café que, según dijo, favorecieron igualmente que no se alterara el precio del grano semitostado. 

Explicó que el café que se produce en Puerto Rico solo suple el 25% de la demanda, por lo que es necesario importar el resto para garantizar la estabilidad del mercado.

“En al menos tres propuestas de torrefactores y beneficiadores se recomendaba aumentar el precio del café local y mantener igual el precio del café importado. Los representantes del principal torrefactor de Puerto Rico, con cerca del 70% de participación en el mercado, expresaron que, de mantenerse el precio del café semitostado inalterado, no subiría el precio en góndola para los consumidores”, enfatizó el titular del DACO.

En tanto, la secretaria del Departamento de Agricultura (DA), Myrna Comas, aseguró que la situación actual no atenta contra la industria local, pues recordó que el gobierno garantiza la compra de todo el café que se produce en la Isla a través del Programa de Compra y Venta de Café de la Administración de Empresas Agropecuarias (Adea).

“Este programa, por años, ha servido a la industria, garantizando a los agricultores y beneficiadores la compra de sus productos, y a su vez, garantizando a los torrefactores la materia prima que necesitan. La Adea solo importa la materia prima que no se produce en Puerto Rico”, subrayó Comas. 

La vista pública del Senado también contó con la participación de miembros de la industria, como González Freyre, quien insistió en que el DACO violentó la Ley 222, y emitió la orden sobre el precio del café sin contar con una base legal ni científica que justificara el ajuste.

González Freyre reiteró, además, que Adames tomó su determinación tomando en cuenta exclusivamente las recomendaciones de una de las empresas que domina el mercado del café.

“La Ley 222 del 2008 es una ley clara y concisa que fue creada específicamente para evitar actuaciones erradas, equívocas, sin base científica y con influencias políticas, como aparentan las actuaciones del secretario Adames”, aseveró el presidente de Pan American Grain. 

González Freyre también rechazó que se haya reunido con Adames, aunque reconoció que se tuvo un encuentro con Luis Pagán, ayudante especial en Asuntos Económicos del DACO, a quien le insistió en la necesidad de que la revisión del precio del café se basara en el informe económico que ordena la Ley 222, y que está a cargo del comité asesor compuesto por economistas de esa agencia, el Departamento de Agricultura, la Universidad de Puerto Rico y representantes de la industria.

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