Ada Conde, quien encabeza la demanda federal para que se declare como inconstitucional el artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico, que estipula que el matrimonio entre personas de mismo sexo no es válido en la Isla, tomó este lunes con suspicacia el anunciado cambio de postura que podría tener el Gobierno ante el reclamo de derechos que han realizado.

 “Vamos a ver qué ponen por escrito”, soltó Conde en entrevista radial (Radio Isla).

Añadió que “si es dentro de ese marco que se está vislumbrando (el cambio de postura), pues nosotros estamos esperando lo que siempre esperamos, que aquí en Puerto Rico tenemos una Constitución de avanzada y teniendo tantas disposiciones contra el discrimen… que matrimonio contraídos en otras jurisdicciones se validarían”.

Conde insistió que los puertorriqueños son ciudadanos americanos a los que les cobijan iguales derechos concedidos en los Estados Unidos. Pero, sobre todo, dijo que esperan que ante los tribunales federales se haga valer la frase incluida en la Constitución de Puerto Rico que estipula que “todos somos iguales ante la ley”.

El Gobierno tiene hasta el viernes para fijar su posición ante la demanda sometida por cinco parejas gay en el que solicitan al sistema judicial estadounidense que se validen los derechos matrimoniales que ya se han alcanzado en otros estados de Estados Unidos y que a otras personas se les permita casarse en la Isla. Según adelantó el secretario de Justicia, César Miranda, a El Nuevo Día, se contempla retirar el respaldo gubernamental al estatuto del Código Civil que estipula que “el matrimonio es una institución civil, originada por un contrato civil en el que un hombre y una mujer llegan a un acuerdo para convertirse en esposo y esposa… Cualquier matrimonio entre personas del mismo sexo o transexuales contraídos en otras jurisdicciones no será válido o no se le dará reconocimiento jurídico en Puerto Rico”.

El caso está ante el Tribunal Apelativo de Boston, pues en octubre pasado el juez federal Juan Pérez Giménez lo desestimó por entender que la prohibición no es inconstitucional y que le toca definir al Gobierno estatal el matrimonio.