Un patrón de persecución y acoso hacia miembros de la Colectiva Feminista en Acción y vecinos de la calle Roble en Río Piedras fue denunciado este miércoles por varias integrantes del movimiento, luego de que entraran a limpiar un edificio abandonado que supuestamente estaba infectado de ratas, mosquitos, cucarachas y otras plagas que causaban daño a la comunidad.

Según manifestó la portavoz del grupo, Shariana Ferrer Núñez, la persecución de la que son objeto desde finales de septiembre pasado está dirigida por la Policía Municipal de San Juan, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia. Sin embargo, los entes han rechazado tal imputación.

La controversia inició luego de que el pasado 24 de septiembre la comunidad se uniera a la Colectiva para limpiar el edificio #1051 de la calle Roble, en Río Piedras. Cabe destacar que en esta misma calle es que se encuentra la sede de la organización.

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Ferrer Núñez estipuló que la actividad se realizó para “limpiar y acondicionar el edificio abandonado, que está detrás de nosotros, por los pasados 10 años”. En el pasado, allí estaba ubicado el negocio Teatrolandia, dijo.

Enumeró que el 28 de septiembre acudió la Policía Municipal de San Juan para hablarles de una querella. Mientras, detalló que el 30 de septiembre fue la Policía de Puerto Rico en dos ocasiones. En la última vista de este día, estuvo una fiscal de Justicia.

Alegó que las intervenciones se realizaron de manera “intimidante” y que nunca se les dejó saber quién era el o la querellante.

“Es a partir de esta acciones de limpieza y acondicionamiento de este local que la Policía Municipal de San Juan y la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia recrudecieron sus gestiones de represión y persecución e intervenciones indebidas, acudiendo a nuestro local directamente y confrontando a compañeras de nuestro proyecto, gritándonos, intimidándonos, diciéndonos que tenían una alegada querella presentada en nuestra contra para presionarnos y obtener información de nosotras sin ni siquiera indicarnos de qué constituía la querella o quién se estaba quejando”, sostuvo en una conferencia de prensa realizada frente al edificio en controversia.

Asoció el patrón de intimidación a la lucha que realiza la organización en contra del gobierno y la violencia de género en el país.

La portavoz informó que la disputa concluyó con una citación a cuatro personas para la radicación de cargos por usurpación, un delito tipificado bajo el Código Penal.

Entre las personas que serán acusadas, solo dos fueron identificadas. Se trata de Ferrer Núñez y Verónica del Carmen, quien se cree es un nombre incorrecto que se estipuló para identificar a una residente de la zona y miembro de la Colectiva, Verónica Figueroa Huertas.

La querella policiaca sobre la situación fue radicada el 30 de septiembre a las 12:01 p.m. en el cuartel de Río Piedras por Michelle Mass Saavedra. La misma fue por “escalamiento”, según informó la Oficina de Prensa de la Policía.

El alegato establece que los imputados, en este caso la Colectiva Feminista en Construcción, “forzaron y rompieron portones, removieron y destruyeron paredes del edificio, impedían acceso al edificio”.

Se destacó en el parte policiaco que el edificio tiene problemas con asbesto y plomo.

A raíz de la investigación de la querella, a las cuatro personas imputadas se les citó para la radicación de cargos el 26 de octubre a las 10:00 a.m.

Además de esta acusación, contra la Colectiva pesa una demanda radicada por las hermanas Mas Saavedra, de nombre Michelle y Madeline, quienes están a cargo de la sucesión Mas Ramírez de Arellano y que son propietarios del edificio, según la identificación que se ofreció durante la conferencia de prensa.

Primera Hora dejó mensajes en la unidad celular de Madeline Mas Saavedra para una reacción. Hasta el momento, no ha respondido.

Ferrer Núñez precisó que “la sucesión Mas Ramírez de Arellano presentó una demanda de desahucio en el Tribunal, en este caso en contra mío, dirigente de la organización, alegando que se había entrado a esta propiedad con intención de apropiarnos de ella. Esta demanda se presenta sabiendo que en este espacio solo se ha limpiado y absolutamente nadie, mucho menos integrantes de nuestra organización, no hemos apropiado del espacio ni nos hemos hecho pasar como dueñas del mismo”.

Como respuesta al litigio, la licenciada Zoán Dávila informó que han reclamado ante el tribunal que las dueñas del edificio paguen por la limpieza que se realizó allí para remover escombros y fumigar contra las plagas.

“Algo debe quedar bien claro”, sostuvo Ferrer Núñez, “que un vecino o vecina entre a una propiedad abandonada como ésta a mitigar condiciones de peligrosidad que afectan a la comunidad y a otros hogares, si está protegido por las leyes de Puerto Rico, en particular el Código Civil. Y lo que sí es una violación de ley es ser dueñas de un edificio podrido, lleno de ratas, de cucarachas y de escombros, afectando una comunidad completa y no hacer absolutamente nada para mitigar la situación. Lo que sí es una falta de ley es que el gobierno, y en este caso en particular el municipio de San Juan, a quienes le pagamos contribuciones y mantenemos para que velen los intereses de nuestra comunidad, permita que este tipo de situaciones ocurran en comunidades empobrecidas y no hagan nada a pesar de tener leyes a su disposición para remediarlo”.

Reacciona la Policía y Justicia

Ante la denuncia de persecución realizada en contra del Policía de Puerto Rico, el teniente Elvin Santana, quien es comandante del Precinto 162 de Río Piedras, explicó que los agentes acudieron al lugar no porque había alguien pintando, sino porque una persona radicó una querella policiaca.

“Lo que comenzó todo es que ellas rompieron los candados de una propiedad privada que tiene dueño. Llega una dama alegando que es la dueña del local, porque la invadieron y rompieron el candado sin su consentimiento. Los miembros de la fuerza pasan al lugar para persuadirlas a que desistieran de estar removiendo, porque había una querellante. Ellas comienzan de una forma hostil con violencia en contra de los miembros de la Policía, filmando”, manifestó el funcionario a Primera Hora.

Mientras, el fiscal de distrito, Orlando Velázquez Reyes, señaló en declaraciones escritas que “el Departamento de Justicia investiga y presenta cargos cuando se cometen delitos; no persigue a nadie. En este caso se configuran delitos cometidos en una propiedad que no es un estorbo público como se alegó falsamente, sino un edificio privado que le pertenece a los miembros de una sucesión, representada por Michelle Marie Mas Saavedra. Estas personas se querellaron ante la entrada ilegal a su propiedad. Aunque trataron de resolver la controversia fuera de los tribunales, la parte querellada insistió y continuó cometiendo la conducta delictiva, ejerciendo actos de dominio sobre una propiedad privada que no les pertenece. Por esta razón, en cumplimiento con las obligaciones por virtud de ley, el Negociado de la Policía inició una investigación y el Ministerio público se apresta a presentar cargos. Nadie está por encima de la ley”.

Por otro lado, el comandante del precinto explicó cómo se dio la intervención. Aludió a que el agente a cargo del caso, identificado como David Beauchamp, estableció a los miembros de la Colectiva durante su visita ese 30 de septiembre que se buscaba una conversación para que desistieran de irrumpir en una propiedad privada. Explicó que la fiscal Ivette Nieves también acudió para entablar un acuerdo.

No obstante, señaló que fue cuando la fiscal se fue de vacaciones que el fiscal de distrito determinó radicar cargos por violación al artículo 196 del Código Penal por usurpación, “que es cuando una persona penetra a propiedad y ejerce un dominio sin ser de ellas y sin consentimiento del dueño”, definió.

A tal punto sobre el propietario, Ferrer Núñez alegó que la Colectiva realizó esfuerzos con los entes comunitarios para identificar si había un dueño, pero dijo que no fue encontrado. Además, señalaron que realizaron una convocatoria pública para informar que se realizaría la actividad de limpieza, sin que nadie apareciera.

Dávila, por su parte, expuso que no se querellaron por la supuesta actitud intimidante que denunciaron tuvieron los agentes en su contra, bajo el alegato de que siempre han sido objeto de la opresión.

“No tenemos ninguna esperanza. Lo que sí nosotros hemos hecho verdad, es adoptar códigos comunitarios, códigos entre compañeras para nosotras podernos proteger, porque es sumamente sorprendente e impactante ver oficiales de la Policía Municipal frente a nuestro local alumbrando con armas largas y preguntándonos que nosotras estamos haciendo en la calle”, manifestó.

Santana, sin embargo, alegó que siempre que hay presencia policiaca en actividades de la Colectiva tienden a tener problemas con el grupo.

“Ellas siempre cuando ven la presencia de la Policía tienden a ser un poco hostil hacia nosotros en la forma que hablan y empiezan a intimidar a los agentes filmándole, cogiéndole la placa, el nombre, los apellidos. Pero, nosotros no tenemos nada en contra de ellas”, expuso.

El comandante explicó que la citación a la Fiscalía de San Juan podría no terminar con la radicación de cargos.

“Todo caso empieza con la investigación y quizás se llega a un acuerdo. Si no se llega a un ‘happy medium’, entonces radicarían cargos”, sostuvo.

Entretanto, el municipio de San Juan no ha respondido a la petición de reacción que realizó este medio sobre las denuncias en contra de la Policía Municipal. No obstante, esta mañana el alcalde Miguel Romero indicó en una entrevista radial (NotiUno) que “el rol Policía Municipal es un rol secundario” y que la intervención se realizó a raíz de una querella.

“Es una propiedad privada y es el dueño de una propiedad privada el que ha activado todo el proceso legal. Nosotros no tenemos nada que ver con la propiedad, porque no es una propiedad del municipio de San Juan”, destacó Romero.

Entre las interrogantes que queda en el tintero contra el municipio está qué ha pasado con un aviso que se alega emitió en verano pasado para declarar el edificio en controversia en estorbo público, según alegó el liderato de la Colectiva.

Por su parte, el administrador de la Ciudad Capital, Israel Alicea, destacó en declaraciones escritas que “dicha propiedad es privada” y que “dentro del proceso de declaración de estorbo público, los dueños de dicha propiedad se comprometieron con el Municipio en eliminar las condiciones de estorbo”.

“Una vez el contratista y los dueños llegaron a los predios, se dieron cuenta que unas personas habían ocupado recientemente la propiedad. A tales efectos, los dueños procedieron a presentar una querella en la Policía. Cabe destacar que agentes de la Policía Municipal visitaron la propiedad en una sola ocasión para atender la querella presentada. Presumimos que la policía estatal ha visitado el lugar en atención a la querella y los procedimientos judiciales que están en proceso. En atención a dichos procesos judiciales y a las propias expresiones vertidas en los medios, la Policía Estatal diligenció una citación a las personas que se alega ocupan la propiedad sin autorización del dueño”, indicó Alicea.