El secretario de Estado, Kenneth McClintock, anunció ayer que el Gobierno estatal desembolsó $4.8 millones a suplidores de la extinta Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada, que estaban hasta dos meses atrasados.

Según el funcionario, fue un “acto de crueldad” por parte de la ex procuradora, Rossana López, enviarles cartas a los suplidores diciéndoles que no se les pagaría los servicios subvencionados con fondos federales desde el 27 de junio en adelante.

McClintock dijo que hubo suplidores que despidieron personal después de recibir la carta de López sobre la posible congelación de fondos federales, aunque reconoció que fue un comentario que escuchó y no pudo corroborar la información.

Por ello, el funcionario catalogó de mentirosa e incendiaria a López al enviarles esas cartas, ya que en las mismas informaba que se acababa de enterar, el mismo día 27 de junio, sobre el plan de reorganización de las procuradurías, aunque otra carta firmada por ella establece que se enteró el 24 de junio.

“Se ha normalizado el proceso”, declaró McClintock en una rueda de prensa en que aclaró que las autoridades federales repondrán el dinero desembolsado por el Gobierno.

Por otra parte, el secretario de Estado mostró una misiva de la subsecretaria federal de la Vejez, recibida el miércoles, donde se establece que no se congelarán los fondos federales.

La subsecretaria Kathy Greenlee dice que confía en el plan de transición del Gobierno para la reorganización de las procuradurías, y en que cumplirán con unas recomendaciones, no detalladas.

Además, la subsecretaria federal le advierte que tienen que informar cualquier otro cambio que se realice y que se tiene que revisar el nuevo plan estatal para la utilización de los fondos.

“Con estas enmiendas, se le asegura que el flujo continuo de fondos que provee la Ley federal para Americanos de Edad Avanzada a su estado, y nuestra intención de continuar trabajando con ustedes para garantizar la continuación de los servicios durante este periodo de transición”, dijo Greenlee en el documento.

Lo que no pudo explicar McClintock es qué hubiera pasado si la subsecretaria federal de la Vejez no hubiera aprobado el plan de reorganización con sus enmiendas.

El mismo secretario de Estado reconoció que el Gobierno tenía 45 días para avisarles a las autoridades federales de los cambios en el plan para el uso de los fondos, pero no dijo por qué no esperaron ese periodo, para garantizar que no hubiera problemas, antes de sacar a López de su cargo.

Al cierre de esta edición no fue posible conseguir a López para que reaccionara a las imputaciones de McClintock.

Acompañado por Ciení Rodríguez, la nueva directora interina de la Oficina de Administración de las Procuradurías, y Oscar González, nuevo procurador interino de los Pensionados y Personas de las Tercera Edad, McClintock dijo que ningún empleado regular de las procuradurías quedará sin empleo.

En caso de que haya puestos duplicados, los empleados serían readiestrados.

Las procuradurías que se fusionaron fueron las del Veterano, Edad Avanzada, Incapacitados y Pacientes.