Cuatro carteros fueron arrestados esta mañana por no entregar 40 votos adelantados a electores activos en San Juan que participarían de la elección especial del 2022 que buscaba llenar la vacante que dejó Henry Neumann en el Senado.

Los imputados, acusados por un gran jurado federal el pasado 7 de marzo, fueron identificados como Christian Benny Díaz Nieves (técnico de transporte postal), Jonathan David Javier Pinango (asistente de transporte urbano 1), Michael Negrón Cabrera (asistente de transporte urbano 1) y María De Lurdes Martínez Garriga (transportista postal).

“Abusaron de la confianza depositada en ellos para llevar a cabo funciones del más alto interés público”, sostuvo el segundo al mando de la Fiscalía federal, Héctor Ramírez Carbó, en conferencia de prensa.

“Aunque es un trabajo que hay que hacer, no me alegra que seguimos encontrado empleados públicos que le faltan a la confianza del pueblo”, lamentó, por su parte, Joseph González, jefe del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) en Puerto Rico.

Las cuatro personas, empleadas por el U.S. Postal Service (USPS) y que trabajaban en la misma oficina, son señaladas por actuar de carácter individual y no como parte de un esquema o conspiración para afectar la elección especial, señalaron los federales. Es decir, “no actuaron en consciente y común acuerdo” y tampoco para intervenir con los resultados de la elección, sino que, simplemente, “sea por vagancia, sea por algún otro motivo”, no cumplieron con su deber federal de entregar papeletas a electores activos, especificó Ramírez Carbó.

Pese a ser casos individuales, los cuatro pliegos acusatorios coinciden en que cada persona “a sabiendas e ilegalmente retrasó y no entregó el correo electoral a los votantes activos domiciliados en Puerto Rico”.

De identificar algún esquema durante la continuidad de la pesquisa federal, al cuarteto se acusaría apropiadamente, aseguró Ramírez Carbó.

“Aunque los empelados postales son reconocidos por su integridad, hay un poco de estos empleados que han decidido descuidar sus funciones federales”, comentó el agente Michel Pérez, de la Oficina del Inspector General.

En el caso de Díaz Nieves, se le acusa de no entregar 22 correos que contenían el voto adelantado al condominio Leopoldo Figueroa, mientras que Negrón Cabrera, presuntamente, no entregó uno en las Parcelas Falú y Martínez Garriga dejó de llevar cinco a la urbanización Villa Prades. Estas tres personas, aparentemente, cometieron el crimen el 5 de agosto de 2022. Por su parte, se le acusa a Javier Pinango de no entregar 12 votos en la urbanización Villa Prades el 6 de agosto de 2022. Todas las localidades son en San Juan.

La falta de los cuatro carteros fue detectada cuando los votos fueron devueltos a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), cuyo personal fue quien hizo la querella.

“Estamos en año de elecciones y es importante que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto”, señaló González. “Votar le permite a la persona tener voz en las decisiones que afectan sus vidas y sus comunidades. Sin el derecho a votar, los grupos marginados pueden quedar fuera del proceso político perpetuando a la desigualdad y la injusticia. Por eso, el acceso igualitario es crucial, y por eso tenemos esta opción de recibir la papeleta por correo”, recordó.

“Queremos llevar un mensaje bien claro. La Fiscalía federal no va a claudicar en sus esfuerzos para investigar o procesar casos de corrupción y no va a tolerar el abuso de la función pública por parte de empleados federales. Es especialmente ofensivo cuando personas que ocupan puestos de confianza pública utilizan sus puestos de forma ilegal e irresponsable y aquellos que lo utilizan para beneficio propio”, puntualizó Ramírez Carbó.

El fiscal federal mencionó que entre las explicaciones que ofrecieron los arrestados por no cumplir con la entrega fue que las residencias, supuestamente, estaban inhabitadas o que sus direcciones estaban incorrectas. El funcionario, sin embargo, refutó esta aseveración, asegurando que los 40 electores tienen su residencia activa y correcta en la CEE.

“Según la información que arrojó la investigación, estas personas eran electores elegibles (y vivían) en las direcciones según la tenía la Comisión Estatal de Elecciones”, expresó Ramírez Carbó a Primera Hora.

Los acusados acudirán hoy a su primera vista judicial ante la jueza federal Giselle López Soler. De ser hallados culpables, podrían enfrentar hasta cinco años de prisión.

Los fiscales Michele Colón y Tania Salas De Jesús están a cargo del caso.