Acuerdo entre Corrección y Sistema Universitario Ana G. Méndez
Transferirá las operaciones de la academia de oficiales de corrección al grupo universitario.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 6 años.
PUBLICIDAD
El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) anunció este jueves un acuerdo con el Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) a través del cual transferirá las operaciones de la academia de oficiales de corrección al grupo universitario.
Con la movida, el DCR se ahorra unos $2.3 millones anuales y espera además recibir unos 400 nuevos oficiales correccionales que llegarían con un grado asociado especializado. Esos oficiales cubrirían vacantes actuales que tiene el DCR, así como otras que se espera surjan por el retiro de oficiales.
El secretario del DCR, Erik Rolón Suárez, afirmó que este “histórico” acuerdo, “fusiona dos políticas públicas esenciales de nuestro gobierno: la reducción de costos y gastos al erario público, y profesionalizar a toda aquella persona que quiera ser parte de la función gubernamental”.
El secretario aclaró que con este cambio no se despedirá a ninguno de los 35 trabajadores del DCR que laboraban en la academia. Aclaró que pasarían a otras áreas del departamento.
Según el acuerdo, la Nueva Academia Ramos y Morales será operada y administrada por el SUAGM, y sus estudiantes podrán recibir el grado asociado de oficial correccional en cualquiera de los centros que tiene el sistema universitario a través de la isla.
El SUAGM ya cuenta con un grado asociado de seguridad pública, que imparte su Instituto de Seguridad Pública. El mismo sería adaptado para incluir las exigencias de un oficial correccional.
“De parte del Sistema Ana G. Méndez estamos muy optimistas con este acuerdo. Nosotros tenemos el Instituto de Seguridad Pública desde el 2011. Entendemos que podemos aportar grandemente”, dijo Ricardo Rodríguez, presidente interino del SUAGM.
La selección de los estudiantes, sin embargo, sigue estando en manos del DCR. Asimismo, una vez se gradúen los estudiantes, el DCR volvería a someterlos a una investigación para determinar si en efecto están aptos para laborar como oficiales correccionales.