La acreditación de la División de Patología del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) “pende de un hilo” a causa del exceso de referidos de cadáveres que se reciben en la agencia por parte de los hospitales, aún cuando se trata de fallecimientos ocurridos por “causas naturales”.

Así lo advirtió la directora del ICF, María Conte Miller, al explicar que entre los efectos inmediatos que pudiera tener una desacreditación es “poner en peligro” la asignación de fondos económicos, así como restarle valor al testimonio pericial en los tribunales. “Tener en la silla de testigos a un perito de una institución no acreditada le quita valor a ese testimonio”, acotó la también patóloga forense.

El ente acreditador es el National Association of Medical Examiners (NAME), donde tienen en probatoria al ICF desde el 2013 debido a esta situación. “Eran cinco oportunidades y se agotaron”, explicó preocupada Conte Miller al agregar que la situación debe estar restaurada para marzo o abril cuando se recibirán los auditores de la acreditadora.

“Pende de un hilo la acreditación a causa de este referido. Ha sido una avalancha de casos los que estamos recibiendo, pero tenemos la oportunidad de revertir ese estatus de probatoria... si no cumplimos pues vamos a perder la acreditación porque la cantidad de probatorias se agotaron a través de los años”, puntualizó al acotar, por ejemplo, que este miércoles había 25 casos de muertes naturales para atenderse, cuando la norma era de unos 10 casos.

Conte MIller señaló que los referidos desmedidos de casos de muertes naturales ponen en riesgo la acreditación de patología de la agencia pues el estándar establece que cada patólogo puede realizar solo 325 autopsias al año. Actualmente, en el ICF hay 10 patólogos, incluyendo dos que realizan funciones administrativas (en este dúo está la doctora Conte Miller), quienes completaron un total de 3,335 autopsias en el 2021. Esto equivale a 85 autopsias por encima de las que establece el NAME.

Sin embargo, el cuadro se agrava porque el ente regulador adjudica una autopsia por cada cinco análisis forenses que se realiza para determinar la causa de muerte de una persona La situación empeora si el ejercicio lo realiza un patólogo con funciones administrativas, pues se adjudica una autopsia por cada tres casos que se firman.

Ejemplificó el escenario explicando que en el 2021 se recibieron en el ICF 1,163 casos de muertes naturales referidos por hospitales, cuando los médicos de esas instituciones pudieron haber firmado el certificado de defunción basado en el expediente clínico de los pacientes. La cifra de referidos en el 2020 fue de 1,063. Los procedimientos realizados para certificar las muertes naturales del año pasado, redundaron en 232 autopsias que se le adjudicaron a la agencia, aun cuando estos procesos constan, básicamente, de papeleos y no de un examen riguroso como el que se realiza a las víctimas de traumas o crímenes.

Explicó que los médicos de instituciones hospitalarias están enviando cientos de cadáveres al ICF, para que sea este organismo el que determine la causa de muerte, aun cuando los referidos no cumplen con los criterios médico legales expuestos en la Ley 135 de 2020.

Por regla general, los casos que deben ser considerados para autopsia en el ICF son los que están relacionados con algún evento traumático, criminal o una muerte súbita, por ejemplo, en alguna persona joven que no tienen ninguna enfermedad o historial clínico.

“Cuando ocurre una muerte que no cumple con esos parámetros, y eso está definido en la Ley Habilitadora de la agencia, no tenemos jurisdicción y la ley nos concede la libertad de rechazar esos casos”, acotó.

Precisamente, es lo que a partir del 15 de febrero realizará la agencia estableciendo a los hospitales que deben completar un formulario o solicitud que deben enviar al ICF, antes de ordenar llevar un cadáver a la agencia. El compromiso es que Ciencias Forenses aceptará o declinará la jurisdicción del caso en menos de 24 horas.

“Creo que los hospitales tienen una expectativa del sistema que no es la correcta. Creo que ellos (médicos) piensan que cuando refieren casos a Ciencias Forenses por causas naturales nosotros les vamos a hacer autopsia para llegar a algún diagnóstico más detallado del que ellos tenían. Pero nosotros no tenemos jurisdicción en deber o autoridad para entrar en ese tipo de casos. Precisamente, aquí nos basamos en el expediente médico que ellos prepararon para hacer el diagnóstico. Son los médicos los que están en mejor posición porque tienen el historial clínico del paciente que atendieron de primera mano y cuando estuvieron con vida. Nosotros descansamos en ellos (médicos) para hacer nuestro diagnóstico”, subrayó quien comenzará a reunirse a partir de esta semana con cada uno de los directores ejecutivos y médicos de los más de 60 hospitales públicos y privados que hay en la isla. También se cursará comunicación con la Asociación de Hospitales y los agentes funerarios.

Según Conte Miller el nuevo procedimiento está contemplado en el artículo 11, sección C de la Ley 135. Además, evita el dolor de muchas familias que en ocasiones esperan días para poder despedir a su ser querido en lo que se completa un proceso que se puede evitar.

“Los agentes funerarios también deben estar informados y participar de las reuniones porque la instrucción es que no pueden transportar el cuerpo del hospital a nuestras facilidades hasta tanto Ciencias Forenses haya tomado la determinación, una que debe ser rápida”, añadió.

Otro problema señalado por NAME es que los reportes de autopsias deben estar disponibles en 90 días laborables.

“Estamos trabajando con mucho ahínco y a todo vapor con esa situación y hemos logrado avances significativos. Por ejemplo este año, hemos completado el 94% de los casos y esto quiere decir que tienen la causa y manera de muerte. Eso significa un progreso. En cuanto al Registro Demográfico, la métrica que se debe cumplir a nivel nacional para marzo, que es cuando cierran las estadísticas del año anterior para los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), tenemos que estar por debajo de un 1% en cuanto a los casos en los que la causa de muerte no se ha determinado. Habíamos comenzado con un 6%, luego bajamos a un 3% y en diciembre el Registro Demográfico nos mandó una comunicación al respecto diciendo que estábamos en la dirección correcta porque llevábamos un 1.56%. Con toda probabilidad estaremos por debajo de ese 1% que se exige y eso es algo que no había ocurrido hace muchos años”, sostuvo.