El cambio a contadores inteligentes en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) tendrá un impacto en el bolsillo de los consumidores de entre $92 a $97 millones anuales, según reveló este martes el grupo de transición de la gobernadora entrante, Jenniffer González Colón.

“En el plan fiscal de la Autoridad, por ejemplo, se establece que anualmente va a ser $95 millones el impacto en los ingresos de la corporación, que van a terminar saliendo del bolsillo de los consumidores. Es importante que esa información sea divulgada para que todos los consumidores sepan eso y tengamos el conocimiento de que estos contadores tienen sus cosas positivas, pero va a representar un aumento”, manifestó el abogado Oriol Campos.

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La divulgación de este impacto al bolsillo se dio a conocer en una conferencia de prensa, luego de que el comité de transición se reuniera en una vista ejecutiva para dilucidar varios aspectos que no trascendieron a la luz pública cuando la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán, se presentó en este proceso de cambio de gobierno.

Otro de los temas que trascendió fue la razón por la que el agua de Acueductos no contiene fluoruro.

Aun cuando el grupo de transición de González Colón le dio prioridad a este aparente aumento en tarifa, el presidente del comité de transición del gobierno saliente de Pedro Pierluisi, Omar Marrero, rechazó que se trate de una mayor carga económica a los consumidores. Dijo que lo que se busca es que cada consumidor pague lo que realmente consume.

Hizo constar que estos contadores ayudarán a resolver problemas que por años no se habían atendido en la AAA, como el hurto de agua o lo antiguo de la infraestructura de la corporación.

“Un consumidor que no está pagando lo que está consumiendo, está provocando que aquellos que pagamos, paguemos más. Así que se trata de que, obviamente, se tenga una claridad básica, no solamente las pérdidas, pero que también se le dé una lectura real y certera a lo que se consume. Y aquel que no está pagando lo que le corresponde, definitivamente tiene que pagarlo. Y aquel que está pagando más por aquellos que no pagan, pues, posiblemente también vea un ajuste en reducción. Y de eso es que se trata”, precisó Marrero.

Aludió a que este proyecto, que es “prioridad” para la AAA, estaba contemplado en los planes fiscales de la agencia desde 2018 y el comité entrante lo ha convertido en una controversia sólo para que no se le señale en un futuro por el impacto que pueda tener en los consumidores.

“La administración entrante lo que está viendo es que esto pudiese provocar un ajuste ascendente en unos consumidores y por lo tanto no quieren, vamos a ser honestos, no quieren ser los que tengan que decir que hubo un aumento, pero eso no necesariamente es lo que es el proyecto. El proyecto va a provocar una lectura precisa del consumo de los clientes”, dijo Marrero.

Este impacto de entre $92 a $95 millones anuales, que se verían una vez la AAA complete la transición del contador análogo al inteligente en un periodo de cinco años, sería además de los aumentos anuales que contempla el plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. Según ha establecido Pagán, esos aumentos de tarifa son de 2% anuales.

En cuanto al asunto de fluoruro, la abogada Verónica Ferraiuoli señaló que fueron datos que eran necesarios revelar en la vista pública, pero Pagán no dio a conocer. Alegó que, por su entender, al agua se le echaba floururo.

Explicó que, tras la vista ejecutiva, supo que este mineral no se le echa al agua, porque no hay reglamentación del Departamento de Salud.

“Aquí estamos hoy, diciembre, 10 del 2024, pues aparentemente en Puerto Rico no se ha reglamentado cuánto fluoruro hay que echar en el agua. Ella dijo que no era un asunto de fondos, era un asunto que no había reglamentación”, comentó Ferraiuoli.

La presidenta de la AAA no estuvo disponible a la prensa tras esta vista ejecutiva.