Un grupo que aboga por la abolición de la pena de muerte en el área del Caribe solicitó hoy, lunes, al gobierno de Estados Unidos que desista de aplicar esa la ley federal en Puerto Rico.

Durante las vistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se celebran en Washington D.C, La entidad Gran Caribe por la Vida (GCV) expresó en su ponencia de hoy que los gobiernos de la región deben trabajar por mejores respuestas a las necesidades de las víctimas del crimen, al tiempo que se debe levantar la voz contra la pena de muerte por ser “inhumana” y porque no convierte a las sociedades en lugares más seguros.

“Permítanos alentar a los gobiernos de la región para encontrar alternativas a la pena de muerte”, indicó en comunicado de prensa Leela Ramdeen, Presidenta del GCV.

“Este evento ciertamente incentivará un diálogo honesto en las Américas sobre la necesidad de que nuestros gobiernos atiendan la violencia y el crimen sin la violación de derechos humanos encarnadas en la pena capital”, indicó también en declaraciones escritas el vicepresidente de Gran Caribe por la Vida, el puertorriqueño Carmelo Campos Cruz.

El GCV se constituyó en 2011 y está compuesto por opositores a la pena de muerte de diferentes puntos del Caribe, como Guatemala, Trinidad Tobago, Puerto Rico, Jamaica, Dominica, entre otros.

La solicitud sobre Puerto Rico es uno de los seis puntos que GCV pidió que sean elevados ante los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Para el caso especial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, solicitar al gobierno de los Estados Unidos que declare inmediatamente una moratoria en la aplicación de la Ley Federal de Pena de Muerte en Puerto Rico y que prohíba su uso en los procedimientos judiciales.”, indicó el grupo en la vista, según su comunicado.

La constitución de Puerto Rico de 1952 prohíbe la pena de muerte, pero la isla está sujeta a juicios en el foro federal en los que se puede contemplar este castigo en virtud de la ley de pena de muerte aprobada en 1994 por el presidente Bill Clinton. Más de ocho juicios se han celebrado en este siglo bajo el estatuto federal, aunque en ninguno se ha ordenado imponer la pena capital.

Asimismo, la GCV abogó también por que los países miembros de OEA firmen o ratifiquen los instrumentos internacionales y regionales que tienen como objetivo la abolición de la pena de muerte, fortalecer los sistemas de justicia criminal, que los países que aún contemplan la pena de muerte reporten información precisa y constante a la CIDH sobre los condenados a muerte y sus características demográficas, conmutar las condenas a muerte por penas de prisión, y encontrar medios no letales de proteger la sociedad de la delincuencia.