El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Nery Adames Soto, abogó este martes por la flexibilización absoluta de los métodos de pago en los comercios y rechazó los planteamientos de algunos miembros del sector empresarial que han señalado que ordenar el uso de medios electrónicos como las tarjetas de débito y crédito encarecería los bienes y servicios. 

Adames Soto argumentó ante la Comisión senatorial de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos que son los consumidores los que deben escoger qué medio emplearán para pagar por los productos que adquieren, y no los comerciantes.

La comisión legislativa, que preside el senador popular Luis Daniel Rivera Filomeno, analiza el Proyecto del Senado 1447, que obligaría a los comercios a ofrecer, al menos, dos alternativas de pago, y una de ellas deberá ser un medio electrónico.

“Ese (el aumento de precios) es el cuco que los sectores empresariales acostumbran utilizar cada vez que se quiere reivindicar derechos del consumidor. En cuanto alguien propone algún derecho del consumidor, algunos sectores comerciales van a saltar a decir ‘eso va a tener un aumento en los artículos’. ¿Por qué? Porque saben, aunque sea para efectos de ese discurso, que eso tiene una resonancia en el país porque (la gente) tiene miedo que le suban los (precios de los) artículos”, manifestó el secretario durante la vista pública.

“Al comerciante, profesional, contratista, lo que le debe interesar es que le paguen en el tiempo requerido, que el método de pago no lo escoja el acreedor… que, en ese sentido, sería cualquier método de pago que elija el consumidor”, abundó. 

El titular del DACO señaló que, mientras algunos representantes de los sectores comerciales advierten sobre posibles alzas en el precio de los productos o servicios a raíz de los costos relacionados con el procesamiento de tarjetas, no plantean lo mismo cuando se registran bajas en otras áreas de la cadena de distribución como la que experimenta hoy el precio del combustible. 

Cuando comparecieron el lunes a expresarse sobre este proyecto de ley, los líderes de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) advirtieron que la medida debe tomar en consideración las particularidades de cada negocio, incluido su margen de ganancia, y señalaron que los cargos que aplican a las transacciones electrónicas colocarían a algunos establecimientos en desventaja.

Adames Soto sugirió llevar a discusión el tema sobre los cargos que establecen los bancos y las compañías procesadoras de tarjetas de crédito y débito de manera que se identifiquen mecanismos para que fijen “tarifas razonables” que permitan extender ese método de pago entre las pequeñas y medianas empresas (PyMES). 

“Siendo la piedra fundamental desde la cual se va sostener el sector empresarial para decir ‘no lo impongan’, entonces esa piedra fundamental, que son los cargos, las tarifas que cobran los bancos, etcétera, hay que trabajarla. Por eso digo vamos a echar a un lado esa piedra fundamental que ellos van a sostenerse que encarece los costos de hacer negocios, entonces se liberan las excusas, y permitamos que el país o el consumidor se mueva a pagar lo que quiera”, dijo el secretario del DACO.

Por su parte, al igual que MIDA, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Rubén Piñero, aseguró que la pieza legislativa perjudicaría al sector que representa y solo beneficiaría a la banca. 

El líder del CUD sugirió extender el análisis de la medida legislativa “para determinar si los bancos y otras instituciones en Puerto Rico están siendo justos con el comerciante y el consumidor a la hora de fijar los márgenes de ganancia para el uso de tarjetas”.

La Cámara de Comercio igualmente sostuvo que la legislación, según presentada, resulta perjudicial para los negocios más pequeños. Su presidente, José Vázquez, sugirió que la medida representa una intervención “excesiva” del gobierno en las operaciones del sector privado. 

“La legislación aquí presentada debe garantizar al comerciante total libertad en cómo conducir su negocio”, subrayó Vázquez. 

El proyecto de ley dispone que será deber del DACO reglamentar y fiscalizar el cumplimiento de la legislación, pero el secretario Adames Soto recomendó que sea una responsabilidad compartida mediante la cual los inspectores del Departamento de Hacienda supervisen el cumplimiento en los negocios, y la agencia que él dirige se encargue de atender cualquier querella que surja por parte de los consumidores.

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