La Comisión de Derecho Contributivo y la Comisión Especial del Presidente del Colegio de Abogados para Evaluar la Reforma Contributiva elaboraron una lista de recomendaciones para hacerle frente a la crisis fiscal y económica del gobierno de Puerto Rico, centrada en redirigir el gasto del dinero público y promover el empresarismo local.

El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAPR), Mark Anthony Bimbela, compartió este domingo esas propuestas con integrantes del colectivo Todos Somos Pueblo, para que estos a su vez, discutan la información con sus respectivas organizaciones.

“La idea es presentar una propuesta específica que pueda darle una idea al Estado de medidas que son por consenso y que el pueblo aprueba y que ellos deberían seriamente considerar”, afirmó Bimbela sobre la iniciativa que responde al descarte del proyecto de reforma contributiva, que fue colgado el pasado jueves de madrugada en la Cámara de Representantes.

El abogado puntualizó que con la adopción de estas alternativas “no hay necesidad alguna de resometer el proyecto”.

En la reunión celebrada en la sede del CAPR estuvieron los abogados Carlos Frontera, César Gómez y Antonio Bauzá, miembros de la Comisión Especial; el sacerdote católico Pedro Ortiz, de Todos Somos Pueblo; el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos; el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Angel Figueroa Jaramillo; el líder comunitario Juan Camacho y el coordinador del Programa de Solidaridad Utier (Prosol-Utier), Luis Pedraza Leduc.

“Nosotros no hablamos de recortar gastos. De lo que se habla es de redirigir los gastos públicos a actividades que permitan el servicio directo al pueblo y promover la invención en la economía que permita que la misma se desarrolle y active. Y que ese proceso allegue recursos a la Compañía de Fomento Industrial, a la Compañía de Comercio y Exportación, todo con el objetivo de promover al empresario local”, explicó el abogado.

Al preguntarle si esa redistribución de recursos contempla la fusión de agencias, opción que se ha mencionado como parte de una reestructuración gubernamental, Bimbela respondió: “ese podría ser un elemento, aunque no se discutió directamente”.

“Lo importante es que la actividad y el gasto, no es que no se haga, al revés, tiene que hacerse para seguir reactivando la economía. Pero lo que pasa es que no puede ir dirigido a cosas superfluas que no rindan servicio directo al pueblo”, sostuvo.

La Comisión Especial cuenta con 12 integrantes que son abogados, contadores públicos autorizados, economistas, industriales y profesores de Derecho, indicó Bimbela. Están trabajando juntos desde febrero, cuando prepararon recomendaciones que el Colegio presentó durante las vistas públicas del Proyecto de la Cámara 2329.

Otra propuesta es “eliminar los contratos gubernamentales en las agencias que cuenten con el personal adecuado para atender esos asuntos”, señaló Bimbela.

Para apoyar esta idea, según detalló, habría que establecer que las agencias tengan que ir primero a la Universidad de Puerto Rico para obtener servicios especializados que suplan la información que necesitan antes de ir al sector privado, y que cuando tengan que ir al sector privado “sea a través de estos funcionarios académicos quienes decidan, libre de partidismo político, cuál es el mejor recurso para asistir en ese proceso”.

Además, plantearon la creación “de un proyecto de ley de forma comprensiva e integrada que se presente antes del 31 de diciembre del año en curso”, que tenga amplia discusión pública.

“Eso va a permitir que, contrario a lo que pasó con ese proyecto (de reforma contributiva), haya un proceso de transparencia, un proceso real de participación en donde el pueblo pueda ser escuchado. Hay la capacidad y los recursos intelectuales para asistir en este proceso”, sentenció.

El abogado agregó que promueven “la creación de un equipo multisectorial que incluya las ramas del gobierno, las asociaciones, los colegios profesionales, la sociedad civil y que se cree un comité timón para evaluar todas estas medidas, y que cada uno de los sectores pueda nombrar un miembro a un subcomité técnico que viabilice esas ideas generales que ese comité central tenga”.

“También hicimos una recomendaciones específicas de recaudos, pero esa parte la vamos a plantear bien pronto ante los medios de comunicación”, anticipó Bimbela.