La representación legal del suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, argumentó este lunes que la controversia sobre la descalificación del candidato, caso que se ventila en el Tribunal de San Juan, debía dirimirse internamente en el Partido Popular Democrático (PPD), como un proceso disciplinario, y no por la vía judicial.

En sala, el abogado Frank Torres Viada sostuvo que se trataba de una cuestión política en la que, “si el partido, después de certificarlo y después de que es su candidato, entiende que no es idóneo, tiene una vía interna, que es un proceso interno disciplinario”.

Particularmente, refirió al juez Anthony Cuevas Ramos, quien presidió la vista argumentativa, al capítulo 10 del Reglamento del PPD, en el que, indicó, se provee para la “suspensión de su derecho a ser candidato a un puesto interno del partido o representarlo en un puesto público por un período que no exceda el del cuatrienio en curso, a menos que por ley se disponga lo contrario”.

“Yo creo que, ahí, la parte querellante tiene su remedio político para su problema político, que es un asunto que no pertenece a este honorable tribunal”, argumentó el abogado.

Asimismo, expresó que, si el PPD, políticamente, no quería “un alcalde denunciado o acusado, no lo podían certificar”.

En tanto, al salir de la sala judicial, el secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, señaló que la vía interna es para desafiliar a una persona del partido, pero, de todos modos, seguiría apareciendo en la papeleta como candidato.

“La única manera de sacar a una persona certificada de la papeleta es viniendo al tribunal. Así que, la disciplina que nos permite el reglamento es para disponer de asuntos de personas que no cumplen con las normas del reglamento”, aseguró Cruz.

“Para descertificar a una persona ya certificada, solamente hay un camino, es venir al tribunal. Es más, la Comisión (Estatal de Elecciones, CEE), por más que yo le diga que todo el partido está de acuerdo en desafiliarlo, la Comisión no lo va a sacar de la papeleta. No puede, hay que venir al tribunal”, añadió.

Respecto a la alegación de que se trata de un “problema político”, fuera del ámbito judicial, el abogado del PPD, Gerardo de Jesús Annoni, declaró que el problema que tiene el partido es que “está bregando con una persona que faltó a su palabra, que no tiene compromiso y que no es leal a los acuerdos a los que llega con la colectividad, a lo que está obligado”.

Durante la vista -en la que no estuvo presente Irizarry Pabón-, las partes sometieron sus argumentos, y se espera que el juez Cuevas Ramos emita su determinación por escrito.

Irizarry Pabón enfrenta un proceso separado, en el Tribunal de Ponce, por supuestamente solicitar dinero a sus empleados para pagar un préstamo personal de $50,000 que usó para su campaña. El político enfrenta cuatro denuncias por violaciones a los artículos 4.2 de la Ley de la Oficina de Ética Gubernamental y 251 del Código Penal por presunto enriquecimiento injustificado.

Sin embargo, la controversia civil se centra en un acuerdo que Irizarry Pabón firmó, el 19 de diciembre, en el que se establecía que se le permitiría ser candidato a la reelección, condicionado a que el caso criminal que enfrenta se hubiese resuelto para el 28 de febrero. De lo contrario debía renunciar a su aspiración, lo que, transcurrida la fecha, no sucedió. Por tal razón, el PPD presentó una querella para descalificar al médico.

Entre los argumentos, Torres Viada señaló que los requisitos que se le impusieron a Irizarry Pabón para ser candidato no fueron aplicados uniformemente respecto al resto de los candidatos.

Ante esto, De Jesús Annoni argumentó que era un señalamiento “falaz”, ya que no había ningún otro candidato en el PPD que enfrentara un proceso criminal, excepto el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, a cuya candidatura no se le dio paso.

No fue una “intimidación clásica”

En cuanto a la alegada coacción que medió en la firma del acuerdo, Torres Viada justificó su argumento, al aludir que los hechos de este caso son muy específicos y “no se refieren a la intimidación clásica”, sino a que se le haya puesto una condición para la certificación de la candidatura.

“¿Me está diciendo que el alcalde firmó este convenio o acuerdo porque, si no lo firmaba, no lo iban a certificar?”, cuestionó el juez Cuevas Ramos, tras lo cual recibió una respuesta afirmativa del abogado.

“El partido siempre tiene la potestad de certificar o no certificar a los candidatos, buscando a aquellas personas idóneas, y todos conocemos esa cuestión filosófica. Me dice que el alcalde, aun así, firmó porque, si no hubiera firmado, no lo iban a certificar. Es decir, no tenía una intención clara, específica o real de cumplir un acuerdo, si no lo que él quería era ser certificado”, prosiguió el togado.

Mientras, De Jesús Annoni explicó que el acuerdo no fue un requisito para la calificación del alcalde, pues, de no haberlo firmado, “lo que hubiera pasado es que se hubiera ido a la comisión de calificación para que lo calificaran”. “¿Qué iba a resolver la comisión de calificación? Yo no lo sé, nadie en esta sala lo sabe. No se pude decir que hay un argumento de coacción bajo una premisa de hechos, porque esa premisa requiere testimonio”, subrayó.

Fourquet sigue disponible

El representante Ángel “Tito” Fourquet, quien también firmó el acuerdo en controversia, asistió a la vista como parte interesada en el caso y porque la defensa del querellado Irizarry Pabón lo había citado para declarar, cosa que, posteriormente, no sucedió.

A preguntas de este medio sobre si seguía disponible para asumir la candidatura a la alcaldía de Ponce por el PPD, Fourquet dijo que, primero, “tiene que surgir la vacante”. “Al día de hoy, hay un candidato a la alcaldía certificado, que es el doctor Irizarry Pabón, y yo soy el candidato certificado, sin primarias, del PPD a la reelección al distrito 24″, sostuvo.

“Si el pueblo entiende que necesitamos un sustituto porque surg