Aunque percibe que el proceso iniciado en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en contra de los suegros de la comisionada residente en Washington, Jenniffer Gonzalez, fue uno “selectivo”, el abogado Miguel Torres afirmó este martes que espera que impere la “imparcialidad” y “objetividad” en el proceso administrativo que se inició en contra de sus clientes ante una supuesta destrucción ambiental en los alrededores de la casa que poseen en La Parguera, Lajas.

La afirmación la realizó tras haber participado una vista técnica ante la oficial examinadora del DRNA, María V. Ortega, en la que se entabló el proceso administrativo que se realizaría para determinar si José Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, suegros de la comisionada, deberán pagar una multa de $25,000.

Además, se les exigió a los padres del esposo de González, José Yovín Vargas Llavona, la restauración del área impactada por el corte de mangle, la remoción “total” de la estructura y “la restauración del área a su estado natural a satisfacción del DRNA”, según se desprende de la querella.

Aun cuando Torres defiende al matrimonio en esta controversia, dejó claro que “el procedimiento, la forma que se inició fue selectivo”.

Indicó que la vista técnica, como la que aconteció hoy en la sede del DRNA, lo que hace es darle “formalidad” a la controversia que ha surgido en contra de sus clientes.

“Lo que pasa es que nos estamos sometiendo ahora el proceso. En ese proceso, hay un orden y hay unas garantías y hay un oficial examinador. Y nosotros esperamos que el procedimiento transcurra como se supone que ocurra para cualquier ciudadano, con unas garantías, con una imparcialidad, objetividad, que se pueda ver el procedimiento como Dios manda”, manifestó en entrevista con Primera Hora.

Este diario también solicitó declaraciones de parte del DRNA. No obstante, su portavoz de prensa, Aniel Bigio, alegó que no emitirían expresiones respecto a esta controversia.

Por otro lado, se le cuestionó al abogado Torres la razón por la que cree que el proceso es uno “selectivo”, a lo que respondió de la siguiente manera: “En La Parguera, el que ha ido a La Parguera sabe que ocurren muchas cosas y el único caso que tuvo tanta notoriedad y fue señalado públicamente con una supuesta condición y tuvo manifestaciones y el Departamento actuó de la forma que actuó son las de mis clientes por la relación que tiene con la comisionada residente. Y yo creo que eso es incuestionable”.

Tras fijar la postura, Torres informó que la vista técnica es una “procesal”. Indicó que se pautó un proceso para el descubrimiento de prueba y una vista para el 5 de diciembre. Comentó que en esa próxima vista podría fijarse la fecha de la vista en su fondo.

En el proceso de espera, los propietarios de la vivienda realizan un proceso con un perito privado, el cual realizará una evaluación ambiental y ecológica de su propiedad.

Aun así, el abogado explicó que es el DRNA quien tiene que presentar prueba en contra de sus clientes, para justificar que la vivienda se construyó de manera ilegal y que, presuntamente, hubo allí destrucción del mangle.

“El Departamento es el que promueve la querella. El Departamento es el que tiene que probar las alegaciones y cuando surge ese proceso, pues la parte querellada tiene derecho a un descubrimiento de prueba. Nosotros tenemos que saber cuál es la prueba que se va a utilizar y qué es lo que ellos tienen, porque es parte del proceso adjudicativo que se da en la agencia”, planteó.

El abogado dejó claro que sus clientes se sostienen en que no han cometido el daño ambiental que le achaca el DRNA.

“La posición de mi cliente es que eso no procede, punto, como una cuestión de hecho y de derecho, y que esto se tiene que atender en el contexto de la política pública del gobierno de Puerto Rico establecida para ese sector, que es una zona de interés turístico”, detalló.

Torres precisó que la propiedad lleva construida más de 50 años y que los planteamientos de que supuestamente se destruyó allí el mangle son “alegaciones”.

Al abogado también se le preguntó sobre la queja que sus clientes llevaron al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés). Sin embargo, señaló que no podía hablar sobre el particular.