La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) indicó este martes en su 42da reunión pública que está abierta a la posibilidad de pactar algún tipo de alivio contributivo con el gobierno, si bien sería un alivio único, no recurrente y solo para los individuos.

De acuerdo con el presidente ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, tal acuerdo sería posible porque los recaudos del gobierno han superado las proyecciones.

En respuesta a preguntas de la prensa tras la reunión, Mujica reiteró que, de concretarse el acuerdo, sería un alivio de una sola vez, para este año, y entonces para los años siguientes habría que revisar las proyecciones y hacer un análisis de una posible reforma contributiva que ofrezca alivios.

Sostuvo que ya están en conversaciones con el gobierno para este eventual alivio de una sola vez, y que esperan tener una respuesta para finales de esta semana y así dejar saber cuál sería el cambio.

Agrego que la JSF reconoce que el sistema contributivo necesita una reforma más amplia que provea alivios de cara al futuro, tanto para individuos como para empresas y que quieren trabajar con el gobierno para llevarla a cabo.

Durante la reunión, la JSF también ratificó el presupuesto enmendado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para el presente año fiscal.

En tanto, como parte de su presentación, en la que resaltó avances ocurridos desde la anterior reunión pública de la JSF en septiembre pasado, Mujica destacó que el plan de ajuste de la deuda (PAD) de la AEE “se mantiene en curso” y el tribunal federal de distrito ya pautó las vistas de confirmación del plan para marzo próximo.

Resaltó que el PAD de la AEE reduce la deuda en alrededor del 80%, y le ahorra a Puerto Rico unos $15,000 millones en pagos de principal e intereses. Sostuvo que están confiados en el que el plan es “se puede confirmar”, a pesar de la oposición significativa de algunos bonistas que no aceptaron los términos propuestos. No obstante, indicó, una cantidad significativa de bonistas si está de acuerdo con el plan y esperan seguir ganando apoyo en los próximos meses previos a las vistas de confirmación.

“La transformación del sistema energético de Puerto Rico es sumamente importante para todos aquí, y Puerto Rico no puede salir adelante sin sacar a la AEE de la bancarrota. Por eso estamos trabajando para poner fin a la bancarrota de la AEE, para que Puerto Rico pueda finalmente contar con más energía limpia y confiable”, afirmó Mujica.

El director ejecutivo de la JSF también resaltó el acuerdo del gobierno con la empresa Metropistas para la administración de las autopistas de peaje PR-20, PR-52, PR-53 y PR-66. Bajo ese acuerdo, repasó, Metropistas se encargaría de hacer mejoras y reparaciones a esas vías, desde mejoras a barreras de seguridad, drenaje, señalización e iluminación, hasta trabajos de reconstrucción y mejoras de infraestructura de mayor envergadura. El acuerdo también permite a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) pagar su deuda, que la JSF ya había reducido en más de 80%, y pone en manos del gobierno casi $1,000 millones para un fondo de mejoras capitales, que serían usados para trabajos de construcción y mejoras a las carreteras sin peaje.

Mujica también resaltó avances en la implementación parcial del retiro incentivado bajo la Ley 80-2020, agregando que la JSF y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) han logrado pasos importantes para definir los términos de implementación de ese retiro incentivado para ciertos empleados gubernamentales no esenciales, al tiempo que las agencias y corporaciones públicas completaron el complicado proceso de determinar esas posiciones no esenciales, cuya eliminación permanente no afectaría la capacidad del gobierno de ofrecer servicios esenciales al pueblo. Agregó que la JSF y el gobierno continuarían trabajando para lograr las estipulaciones finales y que el programa de retiro incentivado se pueda poner en efecto para el segundo trimestre de 2024.

En cuanto al tema de impuestos, Mujica recordó que la JSF ha respaldado la propuesta de establecer un tope multianual al impuesto sobre el inventario, tomando como partida el nivel de pago actual, de manera que los municipios no pierdan sus ingresos por ese impuesto, y al mismo tiempo los negocios puedan aumentar sus inventarios e inversiones sin temor a ser penalizados.

“El tope al impuesto sobre el inventario nos parece un acuerdo razonable para ofrecer un alivio contributivo sobre un impuesto que afecta negativamente a negocios y el desarrollo económico en general, sin impactar negativamente los presupuestos”, afirmó, lamentando que, aunque la Cámara de Representantes aprobó la medida, el Senado no tomó acción sobre ella.

En cambio, subrayó, ambas cámaras legislativas aprobaron una medida sustitutiva del Proyecto de la Cámara 1839, que describió como “uno de los más grandes recortes a los impuestos sobre ingresos de individuos y corporaciones en la historia reciente de Puerto Rico”. Tal recorte, indicó, reduciría los ingresos del gobierno en $750 millones en este año fiscal, y en unos $3,000 millones en los próximos cinco años, apenas a un año de salir de la bancarrota.

Además, afirmó, luego de aprobar el presupuesto el 30 de junio de este año, la Legislatura aprobó medidas adicionales de ingresos y gastos que añadirían hasta $1,000 millones, fuera del proceso presupuestario.

El director ejecutivo afirmó que, como está actualmente, la medida para reducir el impuesto sobre ingresos “amenaza la estabilidad financiera del gobierno” y la pérdida sustancial de ingresos, en combinación con las prioridades de gasto del gobierno “llevarían al gobierno otra vez al déficit, borrando el progreso que se ha logrado en años recientes para estabilizar las finanzas”.

Agregó que, para que la JSF considere en su totalidad el plan fiscal propuesto por el gobierno para 2024, que incluye nuevas prioridades de gastos, será necesario revisar dicho plan para desarrollar un plan fiscal “que guíe el desarrollo económico de Puerto Rico y el camino a la responsabilidad fiscal, según ordena (la ley federal) Promesa”.

“La Legislatura no enmendó el presupuesto para acomodar los gastos, simplemente aprobó las leyes sin tomar en cuenta el impacto fiscal. Ningún gobierno puede incrementar los gastos y reducir los ingresos por un periodo de tiempo prolongado sin poner en riesgo su estabilidad fiscal”, alertó.

“Sin embargo, tomando en cuenta la proyección actual de ingresos por encima de lo estimado para el año fiscal 2024, la JSF cree que hay una oportunidad para acordar alguna forma de alivio, por una sola vez, no recurrente, en el impuesto sobre ingresos para individuos para el año contributivo actual de 2023″, anunció, reiterando los logros fiscales antes mencionados.

“Esperamos que podamos terminar el año con algún tipo de alivio contributivo para el pueblo de Puerto Rico y continuamos negociando con el gobierno y la Legislatura”, finalizó Mujica.