El senador Abel Nazario Quiñones se declaró no culpable del nuevo cargo que le imputó hoy la fiscalía federal por conspiración para cometer robo o soborno cuando era alcalde del municipio de Yauco.

Nazario fue arrestado y compareció a su vista inicial junto a otras siete personas, todos exfuncionarios de Yauco para el periodo de 2014 a 2016

Nazario, quien está siendo representado por la reconocida exfiscal María Domínguez junto a los abogados Javier Micheo y Edgar Vega, permaneció sereno durante la vista ante la magistrada Silvia Carreño.

A su salida del tribunal, el senador afirmó que no renunciaría a su puesto, a pesar de que horas antes en el día transcendió que el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, se lo estaría solicitando.

“No voy a renunciar. Jamás. Yo soy inocente y los inocentes no renuncian. Los que tienen miedo, esos sí renuncian”, afirmó Nazario, aunque hizo la salvedad que respetaría cualquier decisión que tome el Senado con respecto a él.

Nazario aseguró que no confrontaría problemas para continuar con su labor como senador, ya que “no se vio afectado por treinta y pico de cargos (federales que le radicaron en 2018), menos se va a afectar por un cargo”.

Con respecto al nuevo cargo en su contra, insistió en que no tenía nada que temer.

“Siempre he mirado de frente, siempre he dicho la verdad. Fíjate que llevan año y medio (investigando) y radican un triste cargo. ¡Por favor! Tenían el caso perdido”, afirmó Nazario, al tiempo que calificó de “totalmente falso” las alegaciones de que usó fondos municipales para su campaña senatorial y la de amigos suyos en el Senado.

El senador por el Partido Nuevo Progresista (PNP) enfrenta otro proceso en la corte federal luego que en septiembre de 2018 fuera acusado de 30 cargos de prestar declaraciones falsas al gobierno federal y otros nueve cargos de fraude electrónico, relacionados a un alegado esquema por el que tuvo a 177 personas trabajando sin pagarles en el municipio de Yauco, por un monto de $589,961.

En la vista, al igual que Nazario, seis de los otros acusados se declararon no culpables. Uno de ellos, Edwin Torres Gutiérrez, quien labora en la oficina senatorial de Nazario, no estuvo en la vista inicial conjunta y tendría su vista inicial durante la tarde.

Luego de recibir las advertencias de ley, todos los acusados que estaban en la vista salieron libres sin fianza, bajo su propio reconocimiento.

Por este cargo, se exponen a penas de hasta 10 años de prisión y tres de probatoria, y multas de hasta $250,000.

Las otras personas que fueron arrestadas junto al senador de 49 años y Torres Gutiérrez fueron: Claribel Rodríguez Canchani, de 53 años y subcomisionada de la Policía; Heriberto Pagán Sánchez, de 32 y funcionario de ACUDEN (Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez); Kelvin Ortiz Vergara, de 28 y técnico de justicia criminal y legislador municipal de Aguas Buenas; Ramón Martes Negrón, de 35 y funcionario del Centro de Servicios Integrados de Ciales; Juan Rosario Núñez, de 37 y trabajador de Emergencias Médicas de Aguas Buenas; y Edwin Rondón Rodríguez, de 50 y doctor en teología que trabaja por cuenta propia con abogados de ejecuciones hipotecarias.

Según indicó la fiscalía federal, Torres Gutiérrez y Rodríguez Canchani laboraban para la época de los alegados hechos respectivamente como ayudante especial del alcalde y directora de recursos humanos del municipio. Los otros cinco coacusados eran empleados irregulares.

El grupo habría conspirado para “pagarle con fondos municipales a Humberto Pagán Sánchez, Kelvin Ortiz Vergara, Ramón Martes Negrón, Juan Rosario Núñez y Eric Rondón Rodríguez para que trabajaran en la campaña al Senado de Nazario”.

Además, como parte de la conspiración el grupo también habría buscado proveer “asistencia a las campañas de otros políticos del partido (PNP), cuyo apoyo Nazario necesitaría para ganar la elección senatorial y su subsecuente aspiración a la presidencia del Senado”.

Por su parte, la defensa de Nazario cuestionó por qué el gobierno fragmentaba el caso con una nueva acusación.

“Es probable que el gobierno lo haya fragmentado, el caso, para tener dos oportunidades de morder la manzana”, evaluó la abogada Domínguez.

“Si ven la acusación, consta la conspiración desde el 1ro de enero 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016. O sea, estamos hablando de hace tres años. Y mira cuando vienen a traer este caso. Si notas también en el escrito de la acusación también habla que esta información surgió a raíz de entrevistas en el municipio. Dice que en agosto de 2016 durante una auditoria rutinaria del municipio hicieron estos alegados hallazgos de empleados irregulares. O sea que de agosto 2016 hasta ahora han pasado más de tres años. Con eso solo les doy una idea para que hagan su propio análisis”, agregó Domínguez, acotando que el periodo de tiempo coincide con el de la anterior acusación.

“Nosotros seguimos convencidos de la inocencia de nuestro cliente. Tenemos una defensa robusta con relación al caso de él. Obviamente hay una orden de mordaza, pues no puedo hacer expresiones relacionadas a ese caso, pero nos sentimos sumamente confiados en su inocencia. Y esta segunda acusación de ninguna manera nos intimida, ni a nosotros, su equipo de defensa, ni al senador”, insistió Domínguez.

La abogada aseguró que su cliente se encuentra tranquilo, pues “quien no tiene hecha, no tiene sospecha”.

“Abel (Nazario) es un hombre honorable, que sabe que tiene la verdad a su lado. Cuenta con el apoyo del pueblo, cuenta con el apoyo de sus familiares y sus amigos. Y está tranquilo porque sabe que tiene la verdad de su lado”, agregó Domínguez.

La defensa expresó preocupación porque la fiscalía no enmendara la acusación anterior y optara por una segunda acusación separada, pues consideran que la fiscalía tenía toda la información de esta acusación desde su investigación inicial. Esa fragmentación en dos casos, argumentaron, expone a su cliente a dos juicios en vez de uno.

De hecho, no descartaron el hecho de solicitar que los casos sean consolidados, una vez conversen estrategias con su cliente y los coacusados en esta nueva acusación.

“El papel aguanta todo lo que se le escriba. Nada se ha probado en contra de Abel. Abel no ha sido condenado de nada. Él es un servidor público. Esta es su carrera, esta es su vida, servir al pueblo de Puerto Rico”, insistió Domínguez. “Que conste que Abel no ha sido condenado de nada”.

La abogada recordó además que “el proceso de gran jurado es un proceso controlado unilateralmente por el gobierno, donde ellos presentan los testigos que ellos deciden deben presentar, la evidencia y la prueba que entienden que deben presentar, donde nosotros no tenemos notificación ni oportunidad de participar ni de dar otra versión de hechos al gran jurado. O sea, que no es tan difícil conseguir una acusación por medio de un gran jurado porque es un proceso enteramente controlado por el gobierno”.

Micheo incluso aseguró que en sus 30 años de práctica en el tribunal federal “nunca había visto un caso que se fraccionara así, nunca había visto una cosa así, para tener dos oportunidades al bate”.

“Cuando el gobierno federal te enfrenta los cañones, no es fácil. Porque la mera acusación le destruye la vida a una persona que podría ser completamente inocente. Los fiscales nunca se le puede olvidar ese enorme poder que tienen sobre la vida y la libertad de los ciudadanos”, insistió la exfiscal federal Domínguez.