En las pasadas cinco semanas, cuando comenzó la cuarentena impuesta por el gobierno como medida de prevención ante la crisis suscitada por la COVID-19, las denuncias recibidas en el Departamento de la Familia (DF) por maltrato a adultos mayores y personas con diversidad disfuncional sobrepasan porcentualmente los referidos que se han atendido por maltrato a menores, algo inusual en las estadísticas de la agencia.

Así lo mencionó el secretario interino del DF, Eddie García, en la reciente actualización de datos ofrecidos en el programa especial del Task Force Social que creó la gobernadora Wanda Vázquez Garced para atender los conflictos sociales ocurridos a causa de la emergencia.

“En el caso de menores hemos tenido una reducción (de referidos), mientras que en los de adultos mayores hay mayor cantidad… comparado con años anteriores ha sido bien marcada la cantidad de referidos que tenemos”, expresó sin precisar más detalles.

Datos ofrecidos por la subadministradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Gerena, indican que entre el 15 de marzo (fecha que comenzó el toque de queda decretado por el gobierno) hasta el 20 de abril se han recibido a través de la Línea de Emergencia de la agencia 633 denuncias de maltrato infantil y 805 referidos de maltrato a personas adultas o con alguna diversidad funcional, para un total de 1,438 querellas.

“Cuando hacemos el análisis porcentual de ese total, 44% corresponden a referidos de menores y 56% al de adultos mayores”, manifestó al explicar que de ordinario los resultados son a la inversa. Por ejemplo, dijo que el año pasado para el mismo periodo del 15 de marzo al 20 de abril se recibieron 1,658 denuncias de maltrato a menores una cifra mucho más alta que los 1,011 referidos que atendieron por maltrato de personas adultas, una definición que la agencia le da a las personas mayores de 60 años. En términos porcentuales se concluye que en el 2019 del total de referidos, el 62% eran de menores y el 38% de adultos mayores.

Los referidos analizados en la agencia respecto a la población adulta ha consternado a los profesionales, pues ha quedado en evidencia que durante la cuarentena ha habido un incremento de personas de edad avanzada que viven solos y que han sido abandonados por sus familiares. También se ha visto reflejado sobre 100 referidos de miembros de esta población que han sido dejados a su suerte en hospitales, por lo que el DF ha tenido que ubicarlos en diversos hogares.

“A diario atendemos muchas situaciones de envejecientes… en el caso de hospitales son adultos mayores que no cuentan con recursos familiares o, en el caso de los que tienen, no se han hecho cargo de ellos y la agencia tiene que asumir esa responsabilidad de protegerlos”, explicó al agregar que la explotación financiera es otra tipología de maltrato denunciado.

En el caso de los que viven solos, las denuncias dictan que aunque tienen parientes, estos no han asumido un rol de protección durante el tiempo de cuarentena para, por ejemplo, garantizar seguridad alimentaria.

“El abandono es bien triste… contactamos a los familiares y nos dicen que, lamentablemente, no pueden hacerse cargo. Algunos hemos tenido que ubicarlos en Hogares de Cuidado de Larga Duración (HCLD)”, dijo al especificar que en Puerto Rico hay unos 870 de estos centros.

También se han recibido referidos de maltrato institucional dirigidos, precisamente, a los centros que están supuestos a cuidar de los ancianos. En este renglón se incluyen denuncias de situaciones que incluyen no proveer a los clientes del servicio básico de alimentos.

Precisamente, para minimizar la inseguridad alimentaria la Oficina de la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), dirigida por Carmen Delia Sánchez, impulsó con $2.7 millones de fondos federales la entrega de almuerzos o compras de alimentos en más de 140 centros de actividades múltiples alrededor de la isla, en donde sus administradores se encargan de proveer la comida a lugares de cuidos de ancianos, égidas y en hogares particulares donde vivan personas vulnerables.

Según Sánchez, de las 82 querellas recibidas durante la cuarentena en la procuraduría, la mayoría corresponden a explotación financiera, aunque también hay casos de negligencia y abandono.

“Son personas mayores que viven solos y que, para no exponerse a salir a un supermercado donde puedan contagiarse, confían su tarjeta de débito o su tarjeta del PAN a familiares u otras personas que terminan apropiándose de su dinero”, explicó.

“Por eso estamos tratando de cubrir esa necesidad llevándoles alimentos… por ejemplo, a partir del sábado también vamos a llevar a almuerzos y meriendas a ocho égidas ubicadas en Corozal y Comerío. Son sobre 1,000 comidas calientes que vamos a estar ofreciendo por un mes y esta es otra forma de ir cubriendo esa necesidad de compra de alimentos y evita que esos viejitos tengan que depositar en otros que estén comprándoles comida y ese tipo de trámites”, agregó Sánchez.

Panorama con el maltrato infantil

Según Gerena, los datos recopilados sobre referidos de maltrato infantil y de personas de edad avanzada por las pasadas cinco semanas son compatibles con las estadísticas que están registrando otros territorios y estados en Estados Unidos -donde también se han tomado medidas drásticas como cuarentenas-, esto de acuerdo al último informe recibido en el DF esta semana por parte de agencias federales, como el Health and Human Services y el Children Bureau.

“El comisionado del Children Bureau, por ejemplo, ha indicado que nivel de los estados se reflejan reducciones similares y coinciden con nosotros en que eso no significa que haya una reducción de maltrato en estas semanas, sino que más bien en el escenario actual las personas que reportan este tipo de referidos no están con los niños”, dijo mencionando a maestros, cuidadores de centros infantiles o preescolares, entre otros.

En ese sentido hizo hincapié a que ahora más que nunca hay que redoblar la vigilancia por lo que exhortó a la ciudadanía a estar pendiente a cualquier posible caso de maltrato a menores en sus comunidades y denunciarlo de manera confidencial a través de la Línea de Emergencia (787) 749-1333, la cual opera 24 horas los siete días de la semana.

En cambio, aseveró que los casos de maltrato de menores continúan atendiéndose con prioridad.

“Estamos activos todos los días… en este periodo, por ejemplo, hemos ido al tribunal a realizar 23 peticiones de custodia provisional de menores”, indicó.

Asimismo, mencionó que de los referidos recibidos durante el “lockdown” se han atendido muchos por negligencia a causa de incidentes de violencia doméstica.

“Para el Departamento de la Familia que un niño se exponga o presencia agresiones o situaciones de violencia es una negligencia”, sostuvo al destacar que se reciben entre uno y tres denuncias diarias de esta índole.