El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero se opuso hoy en el Senado al Proyecto de la Cámara 120, conocido como Ley para un Retiro Digno, que busca establecer una política pública de cero recortes a las pensiones y crear un fideicomiso para administrar los sistemas de retiro del gobierno central, los maestros y la judicatura.

Marrero sostuvo en una vista pública ante la Comisión de Hacienda del Senado que la medida, ya aprobada en la Cámara, es inconsistente con el Plan Fiscal y que de ser aprobada como está redactada, “muy probablemente será objeto de litigio en el Tribunal Federal”.

Según Marrero la pieza legislativa, de la autoría de la representante novoprogresista, Lourdes Ramos y 35 coautores de la pluralidad de partidos representados en la Legislatura, “podría tener el efecto de descarrilar gestiones que la AAFAF lleva a cabo día a día como agencia fiscal del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), las cuales incluyen luchar todos los días por evitar un recorte a las pensiones”.

Pero, el senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe Riekkhol ripostó que la pieza de ley “ni descarrila, ni desautoriza, sino que establece los parámetros” de cómo se va a negociar.

“Esta medida es un intento de darle armas a las agencias para cuando vayan a negociar con esas instituciones tienen que seguir esta política y tienen que ir allí con la política de defender las pensiones”, expuso el también profesor universitario.

“El primer paso debió haber sido hace 5 años determinar el gobierno cuáles son nuestras necesidades para costear los servicios esenciales y pagar las pensiones, segundo, había que hacer una auditoría de la deuda. Eso nos permitía hacer justicia y un cálculo sostenible”, subrayó Bernabe, quien reclamó que la Junta “está negociando a nombre de nosotros sin haber determinado cuáles son los servicios esenciales, ni qué deuda es legítima y cual no”.

Bernabe le dijo a Marrero que su ponencia era contradictoria, pues por un lado, favoreció la política pública de cero recortes a las pensiones, pero objetó la iniciativa legislativa.

“Entendemos que el proyecto va más allá de una política pública de cero recortes a las pensiones, entendemos que el incluir un plan de ajuste y otras medidas que chocan con PROMESA no hacen el proyecto viable”, sostuvo Marrero. “Aspiramos a que se le dé una garantía en el futuro, mediante un fideicomiso con ingresos, pero hoy eso no es posible”, agregó.

“Si bien estamos de acuerdo con promover una política pública de cero recortes en las pensiones no es recomendable que se desautorice a la agencia fiscal del gobierno de Puerto Rico que tiene a su cargo, la interacción del Ejecutivo con (la ley federal) PROMESA”, Sostuvo que la medida busca enmendar la ley orgánica de AAFAF “para básicamente desautorizara dicha corporación pública a colaborar en la confección de planes fiscales, presupuestos o planes de ajuste a nombre del gobierno”.

“La Ley PROMESA brinda ciertas facultades a la JSF y es la AAFAF, quien representa al gobierno para asegurarnos que las prioridades de los funcionarios electos (quienes cargan el peso de la voluntad del pueblo expresada en las urnas), sean atendidas. Recordemos que es la JSF quien acudió al foro federal en el pleito del Titulo III”, dijo Marrero.

“Prohibir a la principal agencia fiscal del gobierno de las negociaciones y los procesos conllevaría entregarle a la JSF, cuyos miembros el pueblo de Puerto Rico no eligió ni tiene la posibilidad de elegir, a los acreedores y al tribunal en control total sobre los destinos de Puerto Rico, sin representación alguna del gobierno democráticamente electo”, agregó el funcionario del equipo fiscal del gobernador Pedro Pierlusi.

Marrero estimó que actualmente hay unos 125 mil pensionados. “Un 25 por ciento estaría sintiendo el impacto del recorte propuesto por la Junta de hasta un 8.5%, dijo el Director Ejecutivo de AAFAF a preguntas de la senadora penepé, Migdalia Padilla.

El funcionario no pudo decir cuánto costaría implementar la pieza legislativa porque dijo que la propuesta no cuenta con un estudio actuarial.

“No hemos visto un estudio actuarial de esta medida, pero en cuanto a las posibles fuentes de financiamiento sí hay unas partidas que se nos hizo complejo entender porque algunos de los ingresos no existen, como, por ejemplo, aportaciones patronales. No hay un estudio actuarial para convencer a la JSF sobre la validez de este proyecto”, reclamó Marrero.

“Nosotros tampoco hemos visto un análisis de sostenibilidad muy robusto por parte de la Junta, apoyando el plan de ajuste de deuda avalados por ellos. En ese sentido el juego está empate”, replicó el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza.

El senador dijo que la medida “irá a votación” al pleno del Senado y agregó que este viernes habrá otra vista pública. Además, del Sistema de Retiro, están citados, Construyamos Otro Acuerdo y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT).

“No tengo preguntas porque está muy clara la posición del Ejecutivo. Este es un problema que no es contable, sino político”, expresó por su parte, la senadora independentista, María de Lourdes Santiago.

Mientras la vista pública se desarrollaba en el Salón de Audiencias Miguel A, García Méndez, en el Anexo del Senado, un grupo de retirados del gobierno, de Construyamos Otro Acuerdo y del Frente en Defensa de las Pensiones, se mantenía fuera del edificio con carteles y pancartas en reclamo de cero recortes a las pensiones. La manifestación pacífica, que también se ha realizado en el Anexo de la Cámara, se desarrolla de forma constante en la Legislatura.